La vicepresidenta segunda del Gobierno y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, ha fijado su posición este viernes acerca del acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de Catalunya, y sobre la reforma de la financiación del territorio que recoge dicho pacto.

Durante una entrevista en RNE, Díaz ha valorado de manera positiva el acuerdo y ha recordado que "hace pocos años" era "impensable" un pacto entre formaciones independentistas, como ERC, y otras que no lo son, como el PSC y Catalunya en Comú.

Preguntada sobre la posición de su espacio acerca de la reforma de la financiación catalana (que saca a este territorio del régimen común y le permite recaudar y regular sus impuestos a través de un concierto fiscal), Díaz ha asegurado que "le corresponde a Sumar" fijarla.

Sin embargo, la vicepresidenta sí que ha defendido la necesidad de acometer una reforma que "atienda a todas las singularidades de las comunidades de nuestro país" y que se base en la "solidaridad" y en acabar con el dumping fiscal entre territorios.

La ministra de Trabajo ha explicado que es necesario "conjugar" realidades como el cumplimiento de la financiación singular de Catalunya que recoge el Estatut con otras necesidades y características de otros territorios.

Una reforma que atienda a "todas las singularidades"

En este sentido, ha defendido que la reforma debe corregir desde el punto de vista de la financiación la dispersión geográfica que sufren comunidades como Asturias, Galicia o Castilla y León; adecuarse al elevado número de población que tiene Andalucía (el territorio que más habitantes concentra); resolver el problema de infrafinanciación que tiene el País Valencià; o adaptarse al componente de insularidad de Canarias e Illes Balears.

Preguntada sobre el rechazo de Compromís y de CHA al preacuerdo entre ERC y el PSC, Díaz ha asegurado que lo entiende "perfectamente" y ha reiterado la necesidad de modificar la ley de financiación autonómica (LOFCA): "El sistema se ha convertido en un problema, y es un problema desde el año 2014, cuando caducó. La comunidad peor financiada del sistema es la valenciana, esto es una realidad y lo tenemos muy estudiado", ha explicado.

La vicepresidenta segunda ha insistido en varias ocasiones en que uno de los objetivos de esta eventual reforma es acabar con el dumping fiscal entre comunidades, y ha señalado directamente a Madrid: "La Comunidad de Madrid está haciendo regalos fiscales a grandes patrimonios y luego recorta servicios públicos o pide más financiación al Estado. Los problemas de solidaridad, suficiencia y de dumping tienen que ser subsanados de una vez por todas en nuestro país", ha concluido.