Vox ha infringido la ley de financiación de partidos al no revelar el nombre del banco que le concedió un préstamo de 9,2 millones de euros para sufragar su campaña en las elecciones municipales y generales del año pasado, según informa El País. El partido liderado por Santiago Abascal justifica que oculta esta información "para evitar contribuir a la demonización de bancos específicos por haber concedido préstamos a Vox".

Sin embargo, el artículo 14.8 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP) es claro: "Los partidos políticos deberán publicar en su web, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de envío al Tribunal de Cuentas [30 de junio de cada año], el balance, la cuenta de resultados y en particular: la cuantía de los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de interés y el plazo de amortización".

Fuentes cercanas a Vox han señalado a El País que una entidad financiera húngara, vinculada al primer ministro Viktor Orbán, fue la que otorgó los créditos. No obstante, la falta de transparencia del partido impide verificar esta información.

El Tribunal de Cuentas sanciona a Vox

En julio de este año, el Tribunal de Cuentas impuso a Vox una multa de 233.324,22 euros por financiación irregular. Esta sanción cerró un expediente iniciado en febrero de 2023, tras la revisión de las cuentas del partido correspondientes a 2019, el año en que la formación liderada por Abascal accedió a las instituciones y comenzó a recibir fondos públicos.

La entidad auditora determinó, según informó El País, que Vox cometió dos infracciones continuadas muy graves contra la LOFPP. Estas irregularidades consistieron en la obtención de donaciones finalistas, expresamente prohibidas por la ley, para financiar la querella contra el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, y para pagar la fianza de un joven procesado por la muerte de un ladrón. 

Esta es la primera sanción que el Tribunal de Cuentas impone a Vox, aunque se han identificado irregularidades adicionales en las cuentas del partido correspondientes a 2020, lo que podría derivar en nuevos expedientes sancionadores.