MADRID.- La guerra abierta por el comisario José Manuel Villarejo Pérez contra cualquiera que investigue sus pasos ha llegado nuevamente a los tribunales. En dos querellas interpuestas —una en Plaza de Castilla y otra en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid— acusa a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a dos policías de la comisión judicial del caso Nicolás, a dos fiscales Anticorrupción, al exjefe de prensa de la Casa Real Javier Ayuso y a una periodista de Público de los delitos de "organización criminal, omisión en la persecución de delitos, descubrimiento y revelación de secretos, acusación y denuncia falsa, amenazas y coacciones, calumnias e injurias realizadas con publicidad, así como prevaricación".

La teoría de la conjura de Villarejo se centra en que todos estos estamentos y los periodistas estarían actuando de forma coordinada para silenciar el robo de tres millones de euros de los fondos reservados por parte del CNI, durante el pago del rescate abonado al Estado Islámico para liberar a los periodistas Javier Espinosa y el fotógrafo Ricardo García Vilanova, en marzo del año pasado tras más de seis meses de cautiverio en Siria.

Además, según Villarejo, espías, policías, periodistas y fiscales se habrían puesto de acuerdo para crear una trama que está manipulando investigaciones, fabricando pruebas y publicando dosieres falsos con el único objetivo de manchar su nombre y forzar su expulsión de la Policía Nacional.

Justamente ayer este diario publicaba cómo desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, de la que el supuesto agente encubierto forma parte desde hace 20 años, el número dos del CNP destituía a cuatro comisarios que se han cruzado con Villarejo en sus investigaciones sin que hubiera una justificación aparente para hacerlo.

Sin embargo, el DAO Eugenio Pino no ha abierto ninguna investigación por el presunto apuñalamiento de la doctora Pinto por parte del comisario José Manuel Villarejo Pérez que ya se instruye en los juzgados de Plaza de Castilla. Según la denuncia de la doctora, el comisario que tiene un patrimonio de 16 millones de euros en sus empresas –muchas de ellas en Uruguay hasta que este país dejó de ser paraíso fiscal- fue contratado por el consejero delegado de OHL y yerno de Villar Mir, Javier López Madrid. Algo que representaría de ser cierto una incompatibilidad grave y quizá otros delitos.

Resulta también curioso que Villarejo denuncie una supuesta revelación de secretos por parte de esta “organización criminal” cuando él mismo, en la primera conversación mantenida con la periodista de Público, Patricia López [en la imagen], le ofreció información sobre un caso que involucraba a menores.
Cuando la periodista le solicitó hablar con él por el caso del pequeño Nicolás, el comisario Villarejo contestó vía whatsapp: "Si el tema es por un caso de pedofilia del pasado que investigué, prometí al fiscal jefe que sería discreto. Pero igual hago una excepción".

DE LA DGS A VÍCTIMA DEL CNI

El comisario José Manuel Villarejo Pérez, de El Carpio (Córdoba), entró en 1972 en la Policía y formó parte de la Dirección General de Seguridad en Madrid a las órdenes del torturador Billy el Niño. Siguiendo esa senda de "agente especial al servicio del régimen", como le definen algunos compañeros, se infiltró en el Partido Comunista en Barcelona siendo miembro de los grupos de información de la Policía. A sus compañeros del Partido Comunista les decía que era del municipio cordobés de Montoro y que pertenecía a los "rojos" de dentro de la Policía que estaban formando el movimiento sindical en el cuerpo.

Sin embargo, el sindicato creado por Villarejo y en el que militan la mayoría de los adscritos al actual DAO, el SPP (Sindicato Profesional de la Policía), es el sindicato de los mandos policiales e incluso Villarejo tuvo un mal pasaje durante su época de portavoz, ya que se le acusó de quedarse con varios millones de la publicación del sindicato.

Su jefe, amigo y precursor fue el policía relacionado con los GAL, Francisco Álvarez –conocido como Gálvez- que abrió la veda, explican comisarios ya jubilados a Público, "de que determinados policías que habían hecho trabajos especiales para el Estado o el Régimen pudieran compatibilizar su actividad privada con la pública".

Eso es lo que hizo el comisario Villarejo , procesado por trabajar para la Iglesia de la Cienciología y "lavarle" el cerebro a un drogadicto para que se autoinculpara de un robo en la organización y así salvar a sus líderes en España. Villarejo, además, fue el autor, junto a otros miembros de esos grupos ‘especiales’ de información emanados de agentes como Gálvez, del informe Véritas contra el juez Garzón en el que se acusaba al magistrado que instruía la causa de los GAL de relaciones con el narcotráfico y de participar en orgías.

SOCIOS EXPULSADOS

Entre los socios de las empresas relacionadas con sus sociedades y las de su mujer, Gema Alcalá, y su abogado Rafael Redondo están los hermanos y policías Giménez Raso. Uno de ellos fue expulsado del cuerpo al ser condenado por un delito relacionado con el narcotráfico.

El otro pidió la excedencia, aunque, según el director de Método 3, participó en el desmantelamiento de la agencia de detectives catalana que guardaba una grabación sobre los Pujol que podía perjudicar al PP. Un caso en el que Villarejo y su asociación afín Transparencia y Justicia –de la que su abogado es el secretario y otorgador de poderes- podría estar cometiendo un “fraude de ley”, según explican expertos abogados a Público: "No puedes ser el investigador, poner a tu abogado como acompañante de los testigos y que después que la asociación de tu abogado sea la acusación popular en el mismo proceso. Eso podría ser un fraude de ley bien claro".

Destaca también entre las muchas hazañas de este autodenominado "agente encubierto", la de declarar a favor del traficante de armas sirio Al Kassar en contra de los investigadores de la Policía Nacional que habían detenido al mafioso. Además de la acusación de la doctora Pinto de haber sido contratado por el consejero de OHL, numerosos despachos de abogados y también empresarios aseguran haber contratado sus servicios para determinados trabajos a pesar de su condición de Policía. Por ejemplo, sería el caso del político del PP Francisco Granados que, presuntamente, intermedió entre él y López Madrid.

Villarejo también se ha visto comprometido en numerosas operaciones policiales como el caso Malaya o el caso Emperador, que desarticuló el entramado de la mafia china de Gao Ping en España y por la que fueron investigados varios policías. Además, el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González  le acusó de “extorsión” al ofrecerle parar la investigación de su ático a cambio de determina información.

VILLAREJO, EL ESPÍA

Pero quizá lo más burlesco sea, como se está demostrando, según reconoce Javier de la Rosa en una conversación con el pequeño Nicolás, que el "agente encubierto" José Manuel Villarejo se hace pasar por agente del CNI para conseguir sus objetivos en investigaciones como el caso Pujol y paga a sus testigos. Según las fuentes consultadas, "de ser cierto lo que dice De la Rosa ese dinero sólo puede venir de los fondos reservados del Ministerio del Interior".

En su conspiración, Villarejo apunta también a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y a su jefa de gabinete, María Pico. Aunque el millonario comisario aclara que no puede incluirlas "en este grupo delincuencial" por no poder probar fehacientemente su participación en el mismo.

A quien sí incluye en esta conspiración es a los fiscales anticorrupción, José Grinda y Juan José Rosa. Según él, ambos habrían presionado a testigos para tratar de fabricar una acusación contra él y alega que esto es consecuencia de las indagaciones que supuestamente tuvo que realizar por orden de sus superiores para aclarar la implicación del representante del Ministerio Público en dos escabrosos sumarios judiciales de Cangas de Morrazo (Pontevedra) y Alcalá la Real (Jaén).

RECTIFICACIÓN

Una vez repasadas las actuaciones del caso al que se alude en el párrafo donde se menciona a los hermanos y policías Giménez Raso, hemos comprobado que uno de ellos pasó cinco meses en prisión preventiva pero no fue condenado en el caso de narcotráfico referido y, por tanto, no fue expulsado del CNP, sino que pidió apartarse del servicio con un permiso de segunda actividad.