La Justicia española ha embargado cerca de 20 millones de euros en bienes, acciones y dinero al excomisario José Manuel Villarejo, acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, según señalan fuentes de la investigación. Ante la cantidad de bienes confiscados, la Fiscalía Anticorrupción baraja la posibilidad de solicitar al juzgado la asignación de un administrador que se encargue de la gestión judicial del patrimonio que el expolicía acumuló durante años con sus negocios.

Según informa este lunes el diario El País, de aprobarse la administración judicial de los bienes de Villarejo, el actual instructor del caso, el juez Manuel García-Castellón, nombrará a un administrador que gestione el patrimonio bloqueado por embargo judicial. De esta forma, se pretende establecer una figura jurídica que controlará y protegerá temporalmente los derechos de ambas partes durante la investigación.

La defensa ha solicitado el levantamiento del embargo preventivo de sus bienes, entre los que se encuentra una larga lista de propiedades inmobiliarias que el excomisario acumuló durante años, sin ningún éxito.

Un total de 22 propiedades inmobiliarias, conocidas hasta el momento, -entre casas, pisos, locales y garajes- repartidos entre Madrid y Málaga, hacen que se trate de cantidades tan difíciles de manejar que se plantea la opción de crear una figura jurídica encargada de su administración y gestión.

A la lista de bienes inmuebles confiscados al excomisario se añaden las acciones que posee en diferentes sociedades patrimoniales y que ascienden a un total de cinco millones acumulados en varias cuentas bancarias de España. 

Se estima que la fortuna de Villarejo procede de las elevadas minutas que cobraba por sus servicios. Entre otros, tal y como se revelaba el pasado mes de junio de 2018, el BBVA le abonó más de cinco millones de euros durante años por sus trabajos de espionaje. El propio BBVA reveló que el jefe de seguridad de la entidad pagó al comisario una cifra de 242.000 euros cuando ya estaba encarcelado, y abrió una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por la empresa Cenyt, propiedad del actualmente encarcelado José Manuel Villarejo. 

La estimación inicial cifra el patrimonio de Villarejo en España en torno a los 20 millones de euros. Sin embargo, se calcula que el excomisario posee otra gran fortuna oculta fuera de España. Una de las pistas sobre ello conduce a una cantidad de entre 10 y 15 millones de euros ocultos en Uruguay, gestionados mediante un complejo entramado de sociedades que operan en diferentes países de América Latina.