Los peligros de especular con el agua: "No se considera un derecho sino un producto de mercado"
Organizaciones y expertos han alertado en el Congreso de los Diputados que su privatización afecta a la calidad del servicio, encarece el acceso y amenaza a los municipios con menor capacidad de gestión.
Madrid--Actualizado a
El agua es un derecho humano reconocido por la ONU en julio de 2010. Sin embargo, 4.400 millones de personas, más de la mitad de la población mundial, no tiene acceso a ella, según un estudio publicado en el verano de 2014 por la revista Nature. Expertos y activistas hablan de una crisis hídrica y, con motivo del Día Mundial del Agua, que tuvo lugar el 22 de marzo, la Red Agua Pública (RAP) ha celebrado este lunes en el Congreso de los Diputados unas jornadas en las que advierten de los peligros de la comercialización y financiarización de este bien común.
"La mercantilización y financiarización consisten en procesos mediante los que el agua se convierte en un producto con el que se puede especular", ha explicado Nuria Hernández, miembro de la RAP y de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que ha moderado las jornadas. "No se considera un derecho humano sino un producto de mercado".
La gestión privada es "uno de los factores que amenazan el acceso al agua", ha señalado Erika González Briz, coordinadora de Ecologistas en Acción y fundadora de la RAP, que ha participado en el evento. La ambientalista ha remarcado que más del 50% de los municipios en España tienen empresas privadas a cargo de la gestión de este recurso. "La maximización del beneficio es su principal meta", lo cual redunda en una precarización de los empleos, recortes en el mantenimiento y un incremento de las tarifas, ha denunciado.
Ayuntamientos indefensos frente a grandes empresas
González Briz ha apuntado que los ayuntamientos a menudo deben enfrentarse a grandes corporaciones a la hora de rendir cuentas en materia de gestión de las aguas. "Se produce una asimetría entre una transnacional y un municipio", ya que las empresas cuentan con mayores recursos económicos, comunicativos y jurídicos. Esto complica a los consistorios exigir un buen servicio.
En este sentido, Pedro Arrojo, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, ha puesto de relieve el papel de los estados para "que a los ayuntamientos no se les deje vendidos frente a las grandes corporaciones". "El mercado sirve para lo que sirve, pero no es una buena herramienta para gestionar derechos humanos", ha subrayado.
Este problema tiene lugar a escala global. La Comisión Global por la Economía del Agua (GCEW, por sus siglas en inglés) presiona para implantar modelos de colaboración público-privada, ha explicado Emmanuele Lobina, de la Universidad de Greenwich.
El investigador ha calificado las propuestas de la GCEW de "delirantes" y ha criticado que este tipo de relaciones son asimétricas: el sector público asume los riesgos y el privado recoge los beneficios. Además, advierte de que este modelo puede atraer actores financieros "depredadores" que cercenen la naturaleza del agua como "bien común".
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Por su parte, Iva Markovic, del Foro de los Pueblos por el Agua, ha matizado que el agua no es solo un bien común, sino también un bien social, razón por la cual debe tener un dominio público. Pero además, considera que esta gestión debe tener un carácter participativo en el que las comunidades locales tengan una presencia prominente.
"Las personas indígenas y locales son importantes para implementar políticas del agua. Ellas son guardianas de los recursos naturales, lo cual es desatendido con frecuencia", ha criticado Markovic en su intervención. "Necesitamos una solución seriamente adaptada a cada comunidad. El problema es internacional, pero hay un enorme espacio para la cooperación de las comunidades locales que también se enfrentan a estas cuestiones", ha enfatizado.
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Markovic ha pedido al Gobierno de España que promueva y facilite esa participación, exigida por más de 500 organizaciones firmantes del Manifiesto por la Justicia Hídrica. También Arrojo ha solicitado al Ejecutivo la institucionalización de los debates y la gobernanza del agua, para que radique en el seno de Naciones Unidas y no se deje a merced de los lobbies privados.
"El agua forma parte de lo común, y como tal, debe gestionarse sin ánimo de lucro con criterios de solidaridad, equidad, colaboración, apoyo mutuo y control democrático", ha declarado Susana Gil, de la RAP, durante la lectura de las conclusiones del acto.
Por este motivo, la RAP ha instado al Gobierno a tramitar una propuesta de ley sobre el mínimo vital de agua, destinada a garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad reciban de forma gratuita un suministro mínimo de agua, a la vez que prohíba expresamente los cortes en tales circunstancias.
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