Iglesia católicaUnidos Podemos pide en el Congreso que se cancelen todas las inmatriculaciones de la Iglesia católica desde 1979

Unidos Podemos ha registrado este martes en el Congreso una proposición no de ley por la que pide al Gobierno que cancele las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica desde 1979 y que, su juicio, "son nulas de pleno derecho por inconstitucionalidad sobrevenida" y porque, según la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, esta forma de inmatriculación es "contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos".

En la iniciativa, recogida por Europa Press, los de Pablo Iglesias instan al Ejecutivo a dictar una orden ministerial del Ministerio de Justicia, dirigida al Colegio de Registradores de la Propiedad para que se produzca esta cancelación.

A pesar de que Unidos Podemos "aplaude" la decisión del Gobierno de elaborar una lista de estos bienes de la Iglesia católica, tal y como ha señalado el portavoz 'morado' de Cultura y firmante de esta iniciativa, Eduardo Maura, a su juicio, la medida es "insuficiente", y por ello piden esta orden ministerial.

Del mismo modo, proponen que una vez sean declaradas nulas todas las inmatriculaciones, la Iglesia católica podrá, si se diera el caso, inmatricular aquellas propiedades que acreditadamente le pertenezcan, siempre que pague los impuestos correspondientes en el caso de inmuebles y actividades no sujetas a las exenciones que marca la ley, como es, por ejemplo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Reformar la Ley de Patrimonio Histórico

Además, proponen reformar la Ley de Patrimonio Histórico para incluir la categoría de "bien de dominio público eminente" en relación a los inmuebles de extraordinario valor histórico y cultural vinculados al uso religioso, sobre los que jamás se cuestionó su naturaleza inembargable, inalienable e imprescriptible, y poner en marcha su respectiva catalogación.

También, que el Vaticano reconozca que los bienes de dominio público eminente pertenecen al Estado, del mismo modo que lo hizo en Portugal mediante convenio en 1940.

Maura ha recordado que, en la actualidad, no hay un listado fiable de estos bienes y no se sabe "ni la cantidad exacta" ni "cuáles son" estas propiedades. A su juicio, la actual situación política y parlamentaria permite ahondar en este tema de manera "profunda y exhaustiva" y lograr un acuerdo.

"Pensamos que estas cuatro propuestas son absolutamente de sentido común ya que tienen que ver con la protección de patrimonio y que un patrimonio de esta importancia merece una protección especial que debe ser garantizada desde el Estado y las administraciones públicas", ha apuntado, en rueda de prensa en el Congreso.