Unidos Podemos pide una reforma penal para no calificar de terrorismo las protestas ciudadanas

El grupo confederal Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea ha presentado una proposición no de ley en el Congreso, en la que pide una reforma del Código Penal para que no se apliquen los tipos de terrorismo a las protestas ciudadanas.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el diputado de En Comú Podem Jaume Moya, firman la iniciativa, según informa IU en una nota, en la que denuncia que "hace demasiado tiempo que como ciudadanía vivimos una situación de regresión de los derechos fundamentales" al tiempo que "se debilita la calidad democrática del Estado".

La propuesta, en concreto, plantea la necesidad de reformar el artículo 573 del Código Penal en su apartado 2 en lo relativo a la lucha contra el terrorismo para que "no se permita la aplicación de los tipos de terrorismo a las protestas ciudadanas fruto del derecho a la libre participación política".

Sería una reforma para adaptar la normativa española a una directiva europea de marzo de 2017, así como a la legislación internacional en materia de derechos humanos, según explica IU.

La proposición no de ley resalta también la necesidad de modificar la redacción del artículo 571 del Código Penal

La proposición no de ley resalta también la necesidad de modificar la redacción del artículo 571 del Código Penal "para vincular en todo caso la actividad de la organización terrorista a la difusión de terror entre la población a través de actos violentos".

Garzón critica que las reformas penales en materia de terrorismo pactadas por PP y PSOE en los últimos años "posibilitan criminalizar un aspecto básico del principio democrático de participación política como es la protesta ciudadana".

En este sentido, el texto de la proposición señala que "al equiparar ejercicios legítimos del derecho de manifestación y de libertad de expresión a actividades violentas de carácter terrorista, estas reformas inhiben la crítica pública y ponen en riesgo el pluralismo político y social tutelado por la legalidad constitucional vigente".

Por su parte, Jaume Moya subraya que En Comú Podem, como primera fuerza en Cataluña en las pasadas elecciones generales, tienen la obligación de "denunciar las reacciones represivas del Gobierno del PP que están fuera de control".

La proposición no de ley para garantizar "el derecho de protesta" plantea también que se proteja "el derecho a la reunión pacífica de toda la ciudadanía, como medio legítimo y constitucionalmente protegido para la incidencia política y cumplir la obligación de los poderes públicos de fomentar la participación política".