Los últimos de Franco: nueve alcaldes de la dictadura siguen en el cargo

ZARAGOZA .- Nueve alcaldes nombrados en los años 60 y 70 por los gobernadores civiles franquistas siguen en sus cargos. En todos los casos, tras haber resultado elegidos en las diez elecciones municipales democráticas celebradas a partir de 1979, algo que han logrado otros 26 ediles en todo el país.

Se trata de los alcaldes de la localidad segoviana de Castillejo de Masleón –Ricardo Díez Pascual, designado en 1964-, la alicantina de Almudaina –José Luis Seguí Andrés, 1972-, la oscense de Banastás –Ángel Gracia Banzo, 1972-, las orensanas de Beade –Senén Puosa Soto, 1974- y Taboadela –Manuel Gallego Villa, 1972-, las alcarreñas de Valdarachas –Mauricio Martínez Manchón, 1972-, El Recuenco –Paulino Collado Ruiz, 1972- y Matillas –Ignacio Gordón Boza, 1973- y, por último, la zaragozana de Mainar –Esmeraldo Marzo Marín, 1972-.

Los siete primeros encabezan listas del PP, mientras que Gordón lleva más de tres décadas al frente de una lista independiente y Marzo es un clásico del Par (Partido Aragonés). La mayoría de ellos formaron parte de las candidaturas de UCD o AP en las primeras elecciones.

Collado, que llegó a la alcaldía en 1972, cuando era concejal y enfermó su antecesor, ha sido alcalde por tres partidos desde 1979. “Primero me presenté por AP, que luego cambió el nombre para ser el PP, pero después el PSOE nos ofreció ayuda para el pueblo y nos cambiamos tres concejales”, explica a Público. Eso ocurrió a mediados de los años 80. “Ahora hemos vuelto con el PP –añade-. Es lo que tiene mi pueblo, que hago lo que quiero”.

Collado gobierna en El Recuenco desde 1972. Ha sido alcalde durante la dictadura y después con AP, PP y PSOE: "Es lo que tiene mi pueblo, que hago lo que quiero”.

“Hace más de 43 años que soy alcalde –anota Collado-. Entonces había más gente para elegir. Cuando no la hay es ahora”. Se trata, en todos los casos, de pequeñas poblaciones de zonas rurales. Dos de ellas, Valdarachas con 36 habitantes y El Recuenco con 74, no llegan al centenar de vecinos, mientras que, del resto, solo Taboadela, con 1.514 empadronados, supera el medio millar. Beade, con 451, y Banastás, con 305, son el escalón intermedio.

El listado de alcaldes que se mantienen en el cargo desde 1979 incluye otros dos que llegaron a él por designación de los gobernadores civiles, aunque en este caso eso se produjo entre la muerte de Franco y la celebración de las primeras elecciones democráticas. Se trata de José Antonio Pérez Cortés y de José Martín Méndez, que llegaron en 1976 a las alcaldías de Quintela de Leirado (Ourense) y de Villares de la Reina (Salamanca).

Dos de los ayuntamientos gobernados por alcaldes que llegaron al cargo en el franquismo, el orensano de Beade y el zaragozano de Mainar, se encuentran entre los tres centenares y medio de municipios a los que el abogado Eduardo Ranz ha reclamado en los últimos meses, mediante el ejercicio del derecho de petición, que cumplan la Ley de Memoria Histórica eliminando los símbolos franquistas y cambiando los nombres de las calles relacionadas con la dictadura.

En Beade, cuyo alcalde, Senén Pousa, lleva el Cara al sol como tono de móvil y mantuvo retratos del dictador hasta que un atentado obligó a remodelar el edificio, el callejero conserva la calle Caudillo –por ella se llega al ayuntamiento- y la travesía del mismo nombre. En Mainar sigue existiendo la calle General Franco, rotulada como “Generalísimo” en el cartel.

“La mayoría de las respuestas son positivas. Una treintena de ayuntamientos accede a las peticiones”, explica Ranz, que, por otro lado, ha interpuesto medio centenar de demandas por la vía contencioso administrativa para que los tribunales obliguen a los consistorios a cumplir la ley. Sus reclamaciones incluyen once casos en los que los nombres de los pueblos –municipios y pedanías- mantienen alusiones a la dictadura: Águeda, Alberche, Bembézar, Guadiana y Llanos del Caudillo; Villafranco del Guadiana y del Guadalhorce, Alcocero de Mola, Queipo de Llano, Quintanilla de Onésimo y San Leonardo de Yagüe.

Las primeras sentencias están siendo favorables a sus tesis. “Los jueces, con buen criterio y como paso previo, están ordenando a los ayuntamientos que cataloguen los vestigios del franquismo para determinar quién es el dueño de los edificios en los que se encuentran y si hay algún tipo de protección sobre ellos”, explica el letrado.

Algunos magistrados, como el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Melilla, llegan a poner sobre la mesa uno de los principales escollos con los que se ha encontrado el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica: la inacción de las administraciones.

En el caso de la ciudad autónoma, a la que da un plazo de seis meses para que elabore el catálogo de los vestigios, considera “cierto” y “acreditado” que “pese a que la ley entró en vigor al día siguiente de su publicación (BOE 27/12/2007) aún no la ha aplicado”. No marcar una fecha, argumenta, “sería como permitir que se siguiera incumpliendo la obligación legal de cumplir con la Ley de la Memoria Histórica, cuando va a hacer cerca de nueve años de su aprobación por el Parlamento español”.

Enrique Gómez, de Armha (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón), coincide con el criterio del juez. “Lo grave no es que estemos así 40 años después de la muerte del dictador, sino nueve años después de la aprobación de una ley democrática”, señala, al tiempo que lamenta la falta de unificación de los trabajos de investigación sobre los vestigios del franquismo.