Este artículo se publicó hace 7 años.
"Trillo sabía lo que había, debe pedir perdón"
"Fueron negligentes en la contratación y ahora el Consejo de Estado lo reconoce", denuncian los familiares de las víctimas del Yak-42 tras el informe que culpa a Defensa del accidente en el que murieron 62 militares, algo que el Estado negó durante 13 años
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MADRID.- Los familiares de los 62 militares muertos en el accidente del avión ucraniano Yak-42 que los traía de vuelta a España desde Afganistán llevaban trece años denunciando las irregularidades en la contratación y supervisión del vuelo por parte del Ministerio de Defensa. Ante los oídos sordos de las instituciones, que se negaban incluso a hacer homenajes oficiales a los fallecidos, advertían de que Defensa, dirigida entonces por el conservador Federico Trillo, pudo haber actuado para evitar la catástrofe.
Trece años después el Consejo de Estado les ha dado la razón. Este órgano, presidido por el exministro del PP José Manuel Romay Beccaría, ha responsabilizado por primera vez al departamento que ahora dirige Mª Dolores de Cospedal del accidente: "Pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría", señala el texto.
El vicepresidente de la asociación de víctimas, Paco Cardona, ha explicado a este medio que "lo primero" que esperan los familiares es la petición de perdón por parte del Estado. Pero también ha advertido que la asociación estudiará la posibilidad de pedir la reapertura del caso, archivado por la Audiencia Nacional, para buscar a los responsables penales toda vez que los patrimoniales acaban de ser señalados por el Consejo de Estado.
Mientras, Cardona pide a los los responsables de las Fuerzas Armadas y de Defensa en aquel momento "que asuman la responsabilidad política", poniendo especial énfasis en el papel del exministro: "Trillo sabía lo que había. Fueron negligentes en la contratación del vuelo y ahora el Consejo de Estado lo reconoce". "Pobres de los españoles que tengan que acudir ahora a él", ironiza, en referencia al cargo de embajador en Londres que desempeña en la actualidad.
Y es que el papel de Trillo en los momentos posteriores a la tragedia ha sido largamente denunciado por las víctimas. "En la época de Trillo nos llegaron a expulsar del Ministerio. A mi mujer y a mí se nos envió una carta diciendo que deberíamos ir al psiquiatra porque nos estábamos volviendo locos, firmada por el secretario general de política de Defensa. A la semana siguiente otra diciendo que si nuestro hijo estuviera vivo estaría avergonzado del comportamiento de sus padres", explicaba Cardona con motivo del estreno de una obra de teatro que buscaba romper el silencio institucional impuesto sobre el accidente.
Preguntado por los medios al respecto del informe del Consejo de Estado, Mariano Rajoy ha afirmado que cree que "eso ya está sustanciado judicialmente, ya que "ocurrió hace muchísimos años", por lo que no ve posibilidad de una reapertura del caso.
El informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42 llega dos años después del sobreseimiento en la Audiencia Nacional de la demanda penal sobre los seis altos mandos militares imputados por un delito de imprudencia con resultado de muerte en relación con la contratación del avión.
El propio auto, no obstante, indicaba que solo se certificaba la "ausencia de responsabilidad penalmente relevante, nunca la de cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa", lo que ha dado pie al dictamen del Consejo de Estado.
El caso de Yak-42 ha pasado por otras dos salas. Por un lado, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza condenó a la compañía que gestionaba el vuelo, UM Air, y a la aseguradora Busin, a indemnizar a los herederos de las víctimas del accidente. La Audiencia de Zaragoza y el Tribunal Supremo ratificaron el fallo.
Por último, la Audiencia Nacional condenó a tres mandos militares, al general médico Vicente Navarro —tres años de prisión— y a los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez —un año y medio cada uno— por la deficiente identificación de los cadáveres de los fallecidos. La condena se produjo en 2010 y en 2011, en uno de los primeros actos del entonces nuevo Gobierno del PP, Mariano Rajoy los indultó.
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