Tres fórmulas para sacar al general golpista Queipo de Llano de la Macarena

El general golpista Gonzalo Queipo de Llano ((Tordesillas, 5 de febrero de 1875 – Sevilla, 9 de marzo de 1951) comandó las tropas franquistas en Andalucía en 1936 y fue responsable de la victoria sublevada en el suroeste peninsular, donde apenas encontró resistencia. También es responsable de la matanza de miles de civiles, en torno a 14.000 personas sólo en Sevilla. El Gobierno de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz, lo considera “un criminal de guerra”.

Los archivos radiofónicos de Unión Radio Sevilla -hoy la Cadena Ser- conservan algunos discursos del militar poco después del golpe de Estado, en el 36, animando a sus tropas a destruir “a los rojos” y, “de paso”, a violar a sus mujeres: “Se les perseguirá como a fieras, hasta hacerlos desaparecer a todos. Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen”.

Queipo de Llano está enterrado en la basílica de la Macarena, en el Casco Histórico de Sevilla, y su enterramiento genera un tenso debate entre política y religión que ha vuelto a la actualidad empujado por dos circunstancias: el PSOE presentó hace unos días en el Congreso una proposición no de ley que instaba al Gobierno de Rajoy a aplicar la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, incluida la exhumación del cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El segundo punto es la inminente entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Parlamento andaluz la semana pasada sin la oposición de ninguna formación política.

El PSOE presentó una proposición que instaba a aplicar la Ley de Memoria Histórica

La cuestión es aparentemente sencilla: la tumba del militar fascista de Sevilla, ¿incumple la Ley andaluza de Memoria? “Sí, incumple la ley”, dice el director general de Memoria del Gobierno andaluz, Javier Giráldez, señalando con el dedo el artículo 32.4 de la norma, que dice: “Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”. ¿Se puede, por tanto, ordenar la exhumación inmediata de los restos del general golpista? Giráldez no lo cree. No de forma inmediata, porque el citado artículo requiere de un desarrollo normativo para que la Ley de Memoria no choque con la Ley de Procedimiento Administrativo, como ha ocurrido recientemente en Alicante, donde un juez ha obligado al Ayuntamiento a reponer los nombres franquistas de las calles al poco de haberlos cambiado.

La exhumación del cadáver de Queipo de Llano de la basílica de la Macarena necesita sustentarse en un procedimiento general que aún no está desarrollado, un decreto y una orden que marque las pautas para actuar en estos casos. La Dirección General de Memoria Democrática tiene ya un borrador del reglamento que marca los pasos a seguir para la eliminación de la simbología franquista. El problema es: ¿podemos considerar la tumba de un general fascista un elemento de exaltación del franquismo? Sobre el papel es difícil. “Queipo de Llano está enterrado en un santuario religioso de ámbito privado. Y todo el mundo tiene derecho a estar enterrado. Otra cosa es que eso incomode u ofenda a los hermanos de la Macarena”, avisa Giráldez.

Sucede algo parecido en Tokio, en el santuario sintoísta de Yasukuni, donde se honra a los soldados nipones caídos en guerras desde 1869, pero donde también yacen 14 generales del ejército japonés durante la II Guerra Mundial, considerados criminales de guerra por los gobiernos de China y Corea del Sur. Esas tumbas -siete fueron ahorcados tras un juicio militar similar al de Nuremberg para los nazis; y otros siete murieron por causas naturales- son un insulto para las víctimas, y son motivo de un conflicto diplomático en la zona, porque los gobiernos conservadores de Japón aún rinden pleitesía y honores a sus generales.

Presión y diálogo

La nueva Ley de Memoria impone sanciones y posibilita al Gobierno andaluz a retirar subvenciones públicas a aquellas entidades privadas -en este caso la Macarena y la Iglesia- que se nieguen a eliminar la simbología o cualquier elemento de reminiscencia franquista de sus inmuebles. Además de la tumba en sí -que genera muchas dudas a los expertos jurídicos- está el fajín militar que usaba Queipo, con el que la Virgen de la Macarena procesionó durante muchos años por las calles de Sevilla (dejó de usarlo en 2011 debido a su mal estado). Y también otras dos hermandades, Santa Genoveva y San Gonzalo (esta última próxima al barrio en el que vive la presidenta Susana Díaz), que llevan los nombres del militar fascista y su esposa.

El Ejecutivo de Susana Díaz no otorga ayudas directas a la Hermandad de la Macarena, una de las más poderosas y numerosas de Sevilla, pero el Ayuntamiento hispalense sí lo hace. Una fórmula de presión indirecta sería que la Junta instase al Consistorio a retirar las subvenciones a la Hermandad si ésta persiste en su negativa a sacar la tumba de Queipo de Llano, aunque el Gobierno municipal del socialista Juan Espadas asegura que en este momento no otorga ninguna ayuda pública a la cofradía (en el pasado sí lo ha hecho). La exhumación depende de la hermandad de la Macarena, titular de la basílica, pero en última instancia también del Obispado de Sevilla, dado que se trata de un templo católico.

El pasado mes de julio, cuando se cumplían 80 años del alzamiento golpista contra la II República, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó en un pleno por unanimidad una moción que condenaba el golpe de Estado, y que en un segundo punto (del que se desmarcaron PP y Ciudadanos) instaba a la Macarena a deshacerse de los vestigios franquistas e iniciar los trámites para exhumar al general fascista.

"Mis antepasados lo enterraron aquí como agradecimiento y yo lo voy a respetar"

La posición de la hermandad no ha variado en todos estos años y no va a cambiar tras la aprobación de la Ley andaluza de Memoria: no moverán de ahí el cadáver hasta que lo pida expresamente la familia o el Obispado. “Nosotros también tenemos memoria histórica, y ese hombre está aquí enterrado, no por ser militar, sino por ser hermano mayor honorario de la Macarena. Esta basílica se hizo gracias a él. Mis antepasados lo enterraron aquí como tributo y en agradecimiento, y yo lo voy a respetar. Si la familia de Queipo o el obispo de Sevilla nos lo piden, entonces no habrá ningún problema en sacarlo de ahí”, explica Manuel García, hermano mayor de la Macarena.

La vía de las sanciones o la retirada de ayudas públicas que habilita la nueva Ley de Memoria no es algo que vaya a plantearse el Gobierno andaluz, y menos el Ayuntamiento hispalense, por la fuerte contestación social que se le vendría encima, habida cuenta del peso tremendo que tiene la Macarena en la sociedad sevillana (es una de las más numerosas, con 13.600 hermanos). El debate ha vuelto a la actualidad tras la aprobación de la ley, pero las administraciones se han mostrado incómodas con el tema, porque en unos días arranca la Semana Santa de Sevilla, donde la hermandad de la Macarena ocupa un papel fundamental. Para no llegar a ese extremo ni herir sensibilidades, el Gobierno andaluz ha optado por la “vía discreta” del diálogo, manteniendo conversaciones telefónicas a cinco bandas: Junta, Ayuntamiento, Obispado, Hermandad de la Macarena y los familiares y herederos de Queipo de Llano. La presidenta Susana Díaz ha buscado la complicidad del obispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, para que interceda con la hermandad para poner fecha a la exhumación, pero no hay una vía de solución inminente en el horizonte.