Aprobada definitivamente por el Congreso el 30 de mayo y en vigor desde que el BOE la publicó el 11 de junio, solo han hecho falta tres semanas para constatar que la aplicación de la ley de amnistía no será precisamente plácida. Como era de prever, una parte de la judicatura ha decidido directamente rechazarla.

Así lo hizo este lunes el Tribunal Supremo al rehusar amnistiar la malversación en la macrocausa del 1-O, una decisión que, entre otros, afecta al expresident Carles Puigdemont y al hasta hace unas semanas líder de ERC, Oriol Junqueras.

Hasta ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aceptado aplicar la amnistía a unas 20 personas, fundamentalmente activistas que habían sido encausados y condenados después de participar en algunas de las múltiples movilizaciones del procés. La cifra está todavía muy lejos del casi medio millar –486 personas, según la Fiscalía General del Estado– que podrían beneficiarse de la normativa.

Además, la Fiscalía se ha pronunciado a favor de aplicarla en otros casos, como por ejemplo la vinculada a la consulta del 9 de noviembre de 2014 o en la causa contra los CDR detenidos en la operación Judas, pero todavía falta ver qué decidirán los tribunales pertinentes. Y en casos muy trascendentes, como por ejemplo el del Tsunami Democràtic, todavía queda saber qué posición toma la Audiencia Nacional. Repasamos el recorrido práctico que ha tenido hasta ahora la ley de amnistía. 

El "no" del Supremo a la malversación 

En contra del criterio de la Junta de Fiscales, el Tribunal Supremo concluyó este lunes que la malversación que atribuye a algunos de los líderes del procés no es amnistiable. Lo hicieron tanto Pablo Llarena, como juez instructor de la causa del 1-O contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, como la sala de lo penal del Alto Tribunal, que decidió no aplicar el olvido penal a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que de este modo mantienen la inhabilitación derivada de la condena que recibieron en 2019 en el juicio de la causa. 

Además, Llarena también ha optado para mantener las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig si deciden pisar territorio estatal. A pesar de que no se puede decir que sea sorprendente, la no aplicación de la amnistía ha indignado al independentismo, que ha hablado de "golpe de toga" y ha acusado al Supremo de "querer derogar" la ley.

A partir de ahora, los diversos afectados pueden recurrir inicialmente al mismo Supremo la decisión, para posteriormente poder acudir al Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo alegando vulneración de derechos fundamentales. Si este paso tampoco funciona, los quedaría la vía de ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Paralelamente, la no aplicación de la amnistía a Puigdemont y Junqueras, entre otros, tiene un impacto político evidente. De entrada, a pesar de que Junts defiende que el expresident volverá a Catalunya, voces de la formación ya admiten paralelamente que el retorno "no será inminente", un hecho condicionado tanto por el calendario de la investidura como por la confirmación que ya tiene de que si pisa territorio catalán será detenido.

El movimiento del Supremo también envenena las ya complicadas negociaciones para la investidura, puesto que dificultan todavía más que ERC acabe decantándose por facilitar la presidencia del socialista Salvador Illa. Y si finalmente hay repetición electoral, también se complica que Puigdemont pudiera hacer campaña físicamente desde Catalunya.

Con todo, también podría arriesgarse a jugar la carta de ser detenido antes como maniobra para generar un movimiento de apoyo a su alrededor que aumente la presión hacia ERC para aceptar una lista unitaria independentista si hay elecciones en octubre.

Los casos ya amnistiados 

Hasta este martes había unas 20 personas amnistiadas, cifra que se ha multiplicado a raíz que un juzgado de instrucción de Barcelona haya decidido aplicar la ley a 46 agentes de la Policía Nacional investigados por agredir y lesionar a decenas de votantes en la ciudad durante el referéndum del 1-O de 2017. Òmnium Cultural, el Centre Irídia y la ANC ya han anunciado que la recorrerán.

En cuanto al resto de amnistiados, básicamente son manifestantes que participaron en alguna de las múltiples movilizaciones desarrolladas durante los momentos álgidos del procés. Son activistas que participaron en protestas desarrolladas entre 2018 y 2020 y condenados por atentado a la autoridad o, en algún caso, lesiones. Y que han visto como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) avalaba la ley de olvido penal para ellos.

La primera acción fue el 30 de enero de 2018, a raíz de la investidura fallida de Carles Puigdemont, que comportó una movilización en el parque de la Ciutadella de Barcelona que acabó con disturbios, mientras que otras se produjeron ya después de la sentencia del Supremo en el juicio del 1-O, con movilizaciones en el centro de Barcelona, convocatorias del Tsunami Democràtic o manifestaciones para conmemorar el aniversario del referéndum.

Precisamente, uno de los primeros amnistiados subrayó en una entrevista con Público que la amnistía "es una victoria de la gente, no de un partido".

Los otros amnistiados son el exconseller de Interior Miquel Buch y el agente de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà, condenados a cuatro años de prisión para poner –o ejercer– escolta a Carles Puigdemont cuando se fue al exilio.

Las peticiones favorables de las fiscalías 

Quedan todavía decenas y decenas de causas vinculadas al procés pendientes de que el tribunal pertinente se pronuncie sobre si se les aplica la amnistía, pero sí que tenemos varios casos en los que como mínimo la Fiscalía pide que sea así.

Un ejemplo es la causa contra el expresident Artur Mas, la exvicepresident Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau, condenados en su momento por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. En los tres casos ya habían cumplido la condena a inhabilitación por desobediencia que se les impuso.

También lo ha hecho con los dirigentes de ERC Josep Maria Jové, Lluis Salvadó y Natàlia Garriga, que en octubre tenían que ser juzgados por los preparativos del 1-O. En aquella época, los tres eran altos cargos del Departamento de Economía, que dirigía Oriol Junqueras.

Actualmente, Jové preside el grupo parlamentario de ERC, Garriga es la consellera de Cultura en funciones y Salvadó es el presidente de Port de Barcelona. La Fiscalía pedía siete años de prisión para Jové y seis años y tres meses para Salvadó por malversación agravada, prevaricación y desobediencia. Para Garriga solicitaba un año de inhabilitación por desobediencia grave.

Más sorprendente seguramente ha sido la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha pedido aplicar la ley a los activistas de los CDR detenidos en la llamada operación Judas de septiembre de 2019 y acusados de terrorismo. El ministerio público ha pasado de pedir hasta 27 años de prisión para ocho de los 12 independentistas procesados por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de sustancias explosivas de carácter terrorista y estragos en grado de tentativa a apostar porque se proclame "extinguida la responsabilidad penal" y el sobreseimiento de las actuaciones del caso. Los CDR acusados confían en saber esta misma semana si el juez les aplica el olvido penal. 

La incógnita del Tsunami 

La otra gran causa que acapara la atención de la amnistía es la del Tsunami Democràtic. Más allá de lo que suceda con las decenas de activistas imputados en el caso, los focos recaen sobre todo en Puigdemont, el diputado de ERC Ruben Wagensberg y la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, que junto con nueve personas más –como el periodista de la Directa Jesús Rodríguez– están investigadas por "terrorismo" por el magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón.

Ya el pasado 20 de junio, el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo solicitó el archivo de la causa y concluyó que los hechos investigados por García-Castellón en ningún caso pueden considerarse terrorismo. Este martes también ha pedido aplicar la ley la Abogacía del Estado, pero falta ver cómo responde el juez instructor. En el caso de Puigdemont y Wagensberg, por su condición de aforados al ser parlamentarios, la instrucción recae en la jueza del Supremo Susana Polo.

Lo que suceda con Tsunami impactará directamente en el futuro a corto plazo de la política catalana, puesto que puede dificultar todavía más el retorno de Puigdemont y también marcar si Marta Rovira prolonga o no su exilio en Suiza. Rovira, además, es quien lidera las negociaciones de la investidura por parte de ERC, de forma que la no aplicación de la ley seguramente haría más improbable un "sí" o una abstención a Salvador Illa.

Finalmente, además de Puigdemont y Rovira, otros encausados por el Tsunami también han optado por el exilio el último año, como Wagensberg, Jesús Rodríguez, Oleguer Serra –dirigente de Òmnium– o el empresario Josep Campmajó. 

Los represaliados que no la quieren

Por último, encontramos una categoría diferente, que es la de los represaliados que han decidido que no quieren la amnistía, como el exvicepresidente del Parlament Josep Costa, el exlíder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart o su homólogo en la ANC Jordi Sànchez, entre otros.

Costa, que la pasada legislatura era diputado de Junts pero se ha apartado del partido, fue juzgado por desobediencia en el caso contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament y fue absuelto por el TSJC, pero la Fiscalía recorrió la decisión al Supremo. Ahora, no quiere que le apliquen la ley de olvido penal porque considera que los hechos que se le atribuyen no son delito y apuesta que continúe la tramitación del caso, convencido que acabará con la nulidad de todas las actuaciones abiertas contra él. Lo mismo ha hecho Eusebi Campdepadrós, exsecretario primero de la mesa.

Cuixart y Sànchez fueron condenados por el Supremo a nueve años de prisión por sedición y fueron indultados en junio de 2021. Juzgados a raíz de su papel como líderes de Òmnium y la ANC en los momentos álgidos del procés, ahora los dos se han apartado de la primera línea, después de que Sànchez fuera secretario general de Junts. Los dos han coincidido en declinar acogerse a la amnistía porque quieren llegar al Tribunal de Estrasburgo para reparar su encarcelamiento.

También ha renunciado al olvido penal el exdiputado de la CUP Pau Juvillà, que igualmente pretende que su caso llegue al TEDH para denunciar "vulneración de la libertad ideológica y de expresión". Juvillà fue condenado tras ser juzgado por negarse a retirar lazos amarillos de su despacho municipal en periodo electoral cuando era concejal en Lleida.