¿Todos los partidos tienen protocolos ante la violencia machista como obliga la ley?
La ley de Partidos Políticos obliga desde la aprobación, a su vez, de la ley de paridad a que todos los partidos dispongan de un protocolo "ante la violencia machista" que ejerza cualquiera de sus afiliados.
Madrid-
Desde el momento en el que se publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 22 de agosto de este año la ley de paridad, es obligatorio que los partidos políticos tengan un protocolo para detectar y actuar ante un eventual caso de violencia machista. Dicho mandato se incorporó a la ley de Partidos Políticos en su séptimo artículo. Según ha podido comprobar Público, la gran mayoría de las formaciones políticas cuentan con el suyo. Sin embargo, algunas de ellas aseguran estar preparándolo y otra, en concreto el Partido Popular (PP), se ha negado a facilitarlo ante la petición de este medio.
Lo que dice, en concreto, ese artículo es lo siguiente: "Los partidos políticos deben tener un plan de igualdad interno que incluirá medidas para prevenir y detectar la violencia machista. Asimismo, deben establecer un protocolo de actuación ante la violencia machista que ejerzan, dentro o fuera de la organización, afiliados o bien personas que sin estar afiliadas tengan un cargo de representación o hayan sido designadas para una función específica, con independencia del nivel jerárquico o del cargo público que ocupen".
Es cierto que en la ley no se especifica que dicho protocolo deba ser público, pero la gran mayoría de los partidos lo tienen colgado en sus páginas web. Del texto se infiere, por otra parte, que el protocolo debería ser un documento independiente y creado expresamente con tal fin ―así ocurre en la mayoría de los casos―, pero algunos de los partidos consultados por Público deslizan que los propios estatutos de su organización ya incluyen medidas para actuar en caso de agresión sexual, acoso sexual, violación o cualquier tipo de violencia machista.
Cuca Gamarra deslizó durante la mañana del pasado jueves que "si se recibe alguna denuncia o se tiene conocimiento de alguna información [en el Partido Popular], se activa internamente y a partir de ahí se toman las decisiones que haya que tomar". Este medio ha solicitado el documento, pero el PP se ha negado a facilitarlo.
El Partido Socialista (PSOE), por su parte, cuenta con un protocolo público "de prevención e intervención frente al acoso sexual, por razón de sexo y/o cualquier otra circunstancia personal o social".
En cuanto a los otros dos grandes partidos de la Cámara Baja, fuentes de Vox apuntan que cuenta con un código ético de conducta y un protocolo antiacoso "porque es obligatorio". Sumar, de actualidad por la dimisión de Íñigo Errejón por acusaciones de violencia machista y una denuncia por acoso sexual, es un caso algo particular por su corta vida como organización. Fuentes del grupo parlamentario señalan que de la primera asamblea salió un protocolo que se deberá aprobar en la próxima, que tendrá lugar, según lo previsto, en diciembre.
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, EH Bildu o Podemos tienen sus protocolos actualizados. También Coalición Canaria o Bloque Nacionalista Galego, tal y como ha podido comprobar Público, y la gran mayoría de las formaciones que integran el grupo parlamentario de Sumar: Comuns, Izquierda Unida, Més per Mallorca o Más Madrid. De todas ellas, algunas lo tienen colgado en sus páginas web y otras en un documento interno que ha podido consultar este medio para verificar su existencia.
Compromís, otro de los partidos integrados en Sumar, no tiene ese protocolo. Según ha podido saber este medio a través de fuentes de la formación, su organización de juventudes sí lo tiene y Compromís está trabajando para incorporar uno propio a sus documentos orgánicos.
Desde el Partido Nacionalista Vasco (PNV) explican a Público que la actuación en caso de violencia de género se recoge en sus estatutos. Es cierto. De todas formas, los jeltzales no cuentan con unos protocolos pormenorizados como las formaciones citadas anteriormente. Fuentes de Unión del Pueblo Navarro (UPN) también señalan que sus estatutos contemplan una línea de actuación en caso de denuncias, investigaciones judiciales o actividades ilícitas, aunque tampoco tienen un protocolo y, a diferencia del PNV, los estatutos no hacen referencia concreta a la violencia machista.
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