La televisión pública de Galicia ha perdido en dos años y medio 40 casos por vulneración de derechos

La Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), que dirige Alfonso Sánchez Izquierdo y cuya plantilla se encuentra en huelga indefinida intermitente desde hace siete semanas, ha perdido en los dos últimos años y medio 40 causas judiciales por vulneración de los derechos de sus trabajadoras.

Se trata de casos relacionados con la contratación irregular, la cesión ilegal de empleados o el reconocimiento de modalidades de contratación más ventajosa para ellos; por modificación unilateral injustificada de sus condiciones laborales; por despidos improcedentes; por el reconocimiento de pluses o complementos que no se les pagaban y por vulneración de derechos sindicales y fundamentales.

Son ya cerca de 450 los procedimientos judiciales de ese tipo perdidos en la vía laboral por la dirección de la compañía, que gestiona la radio y la televisión públicas de Galicia desde que Sánchez Izquierdo fue designado para el cargo en 2009 por Alberto Núñez Feijóo.

Muchos están relacionados con las represalias que padecen aquellos trabajadores que se niegan a secundar la estrategia de manipulación informativa en favor del actual presidente del PP, primero, y de Alfonso Rueda, posteriormente, que impuso Sánchez Izquierdo y contra la que la plantilla lleva seis años protestando cada viernes.

Entre julio de 2022, después de que Rueda sucediera a Feijóo al frente de la Administración autonómica, y la actualidad, la sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la compañía a pagar 298.836,87 euros en concepto de indemnizaciones por despidos improcedentes de trabajadoras de la CRTVG, según las sentencias del citado tribunal a las que ha tenido acceso este diario.

Un millón de euros en indemnizaciones con Feijóo

Durante los años de mandato de Feijóo, esas indemnizaciones, que se abonan con cargo a los fondos de dinero público con los que la Xunta financia a la Corporación, superaron el millón de euros.

A esas cantidades hay que sumar los salarios de tramitación –los dejados de percibir por trabajadores despedidos ilegalmente–; las indemnizaciones por daños morales recibidas por los represaliados; los intereses de mora; los atrasos abonados en procedimientos de reclamación de cantidades, y los gastos de defensa, que en muchas ocasiones se encargan a despachos de abogados externos ajenos a los de la asesoría jurídica propia de la compañía.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la compañía a pagar 298.836,87 euros en  indemnizaciones por despidos improcedentes

Además, hay que añadir los derivados de las costas judiciales que los jueces cargan a la empresa en la mayoría de las causas que pierde. Oscilan entre los 500 y los 750 euros por procedimiento, con lo que sólo en los últimos dos años y medio podrían ascender a entre 20.000 y 30.000 euros.

Sánchez Izquierdo, que cobra un salario anual de 102.168,66 euros –7.297,76 euros brutos al mes en 14 pagas, es decir más que el presidente del Gobierno y que los de 14 comunidades autónomas, incluida Galicia– está procesado por un juzgado de lo Penal de Santiago por un delito de acoso laboral contra una periodista que se ha querellado contra él por esas represalias.

Junto al director general, la jueza ha imputado en la misma causa y bajo la misma acusación otros ocho directivos o exdirectivos de la compañía. Los cargos de esas nueve personas están retribuidos con salarios que superan conjuntamente los 650.000 euros anuales.

Expedientes por secundar la huelga

Durante la huelga indefinida intermitente que la plantilla emprendió en octubre pasado, la dirección de Sánchez Izquierdo ha abierto al menos otros dos expedientes sancionadores a trabajadores que secundan los paros.

Esos procedimientos los instruye su jefa de servicio de administración y facturación, una abogada externa que llevaba casos judiciales contra otros empleados y que fue nombrada para ese puesto cuando aún seguía personada en una de esas causas.

El mes pasado, la magistrada titular del Juzgado de lo Social número 2 de Santiago ordenó a la dirección de la compañía que devolviera a su turno a un productor de un programa que denunció que le habían cambiado el horario de trabajo para impedir que ejerciera su derecho a la huelga.

Esa decisión no está incluida en el listado de las 40 causas perdidas por la dirección de Sánchez Izquierdo en los últimos dos años y medio ni en las 400 de los años anteriores, dado que no se trata de una sentencia sino de una medida cautelar, determinada por la jueza a la espera de que se dirima si el cambio también era una represalia ideológica y representa, por tanto, una violación de sus derechos constitucionales.

Hace menos de un año, la representación social denunció que la dirección había iniciado otra “actuación represiva” contra la presidenta del comité de empresa, Raquel Lema, de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), contra quien la CRTVG inició las acciones previas a la apertura de otro expediente sancionador, por acudir a un estudio en el que supuestamente estaban desarrollando tareas varios trabajadores cedidos ilegalmente a una productora privada.

Sanción por contratos fraudulentos

El comité recordó ese día la sanción de la Inspección de Trabajo impuesta a la CRTVG por utilizar de forma fraudulenta los contratos artísticos para cubrir a personal técnico de programas de entretenimiento y de los espacios informativos, y recordó que la compañía ya acumulaba entonces “más de 400 sentencias condenatorias por cesión ilegal de trabajadoras y uso abusivo e ilegal de la contratación temporal”.

Sólo un año antes, el comité había alertado de que la dirección también estaba tomando represalias contra varios trabajadores que habían apoyado y publicitado, pegando carteles y repartiendo pasquines, la convocatoria de una manifestación contra la manipulación informativa y la persecución ideológica y política de periodistas críticos.

Alfonso Sánchez Izquierdo ocupa su cargo al frente de la CRTVG de manera irregular desde 2011, cuando se aprobó una ley que contempla que su puesto debía ser renovado por el Parlamento de Galicia con los votos de al menos dos tercios de sus miembros. Feijóo y Rueda lo han mantenido porque el PP nunca ha tenido esa mayoría en la Cámara ni ha querido pactar el nombre de su sustituto con la oposición.

La semana pasada, el propio Rueda anunció que su Gobierno había enviado al Parlamento una nueva ley, que modifica la mayoría cualificada que exigía la anterior para que el sucesor de Sánchez Izquierdo sea nombrado sólo con los votos del PP.

El pasado 10 de diciembre, Público se dirigió a la CRTVG para preguntar qué presupuesto dedica al pago de indemnizaciones y salarios de tramitación por despidos improcedentes, al abono de indemnizaciones por daños en las demandas por vulneración de derechos fundamentales y a las costas judiciales derivadas de procedimientos perdidos en los juzgados de primera instancia y ante el TSXG. La empresa contestó pidiendo "paciencia" dado que recopilar esos datos supone "un trabajo de elaboración", pero casi dos semanas después y a la hora en la que se terminó de redactar este artículo, no había ofrecido respuesta.