La tele gallega en negro: huelga, directivos juzgados por acoso y cambios legislativos para reforzar la manipulación del PP

La Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), que gestiona la radio y la televisión públicas de la comunidad adscritas a la Xunta de Alfonso Rueda (PP), atraviesa la peor crisis de su historia tras el inicio de la huelga indefinida iniciada por los trabajadores el pasado lunes en protesta por la externalización de programas.

La protesta es una más de las que la plantilla lleva convocando desde hace años contra la manipulación informativa, la persecución de periodistas por motivos ideológicos y el incumplimiento reiterado de la ley de los medios públicos autonómicos.

La huelga, que se celebra mediante paros parciales en días alternos, coincide con la polémica suscitada por el anuncio de Rueda de que modificará esa misma norma en una maniobra que sindicatos y oposición consideran pensada para reforzar su dominio sobre ellos, y con la presentación de una iniciativa legislativa popular que pretende lo contrario.

Los paros también se solapan con las declaraciones ante el juez de los ocho directivos y directivas, incluido el director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, a quienes una jueza de lo Penal de Santiago imputa delitos por acoso laboral y vulneración de derechos de una trabajadora.

Externalizar la producción

El comité intercentros de la CRTVG convocó una huelga indefinida  tras el anuncio de la dirección de Sánchez Izquierdo de que externalizaría la producción del matinal O Termómetro, programa encargado a una empresa privada para sustituir al emblemático A Revista, que durante dos décadas se había venido realizando con los medios propios de la casa.

El comité enmarca la decisión de la empresa en la estrategia de desmantelamiento de la compañía y de reforzar las herramientas de manipulación informativa. El paro parcial de 90 minutos convocado para el pasado lunes, y que secundaron un centenar de trabajadoras de la sede central de Santiago y de otra quincena en las delegaciones, forzó la suspensión de la emisión de O Termómetro durante ese tiempo.

La plantilla de la CRTVG lleva más de cinco años protestando cada semana contra la dirección de Sánchez Izquierdo a través de los venres negros convocados por la plataforma Defende a Galega. En ese período, varios periodistas que apoyaban la causa sufrieron traslados e incluso expedientes sancionadores que luego fueron anulados por los tribunales, que los consideraron una vulneración de su derecho fundamental a la libre expresión.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló en agosto pasado dos sentencias de otro juzgado de lo Social y ordenó a la jueza que valore si la dirección también violó por motivos políticos los derechos de otros tantos redactores que fueron trasladados de sus puestos.

Campaña de acoso y descrédito

Mañana está previsto que otra jueza, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago, tome declaración a uno de los ocho directivos a los que acusa de emprender una campaña de acoso y descrédito contra a una periodista crítica, que también fue trasladada y quien sufrió diversos problemas de salud por la persecución a la que supuestamente la sometió la empresa.

Sánchez Izquierdo ya ha comparecido ante la magistrada, que ha dictado órdenes de protección en favor de la denunciante para que no sufra una "victimización secundaria".

Durante el mandato de Sánchez Izquierdo la CRTVG acumula numerosas polémicas por sexismo y banalización de la violencia de género en sus programas; advertencias de las juntas electorales por manipulación en favor del PP durante varios comicios, y centenares de sentencias en contra por vulneración de derechos de sus trabajadoras, además de por irregularidades en las fórmulas de contratación, discriminación por razón de género y violación del derecho a la huelga al establecer servicios mínimos abusivos. De hecho, el comité intercentros ha recurrido los decretados para la que empezó el pasado lunes.

Desde que Feijóo lo designó para el cargo

Alfonso Sánchez Izquierdo dirige la empresa desde que Alberto Núñez  Feijóo lo designó para el cargo en al año 2009. Desde 2011, la ley del audiovisual público de Galicia obliga a que el director general sea elegido con el voto a favor de al menos los dos tercios de los miembros del Parlamento de Galicia, pero el PP, que nunca ha contado con esa mayoría y que no ha querido pactar un sustituto con la oposición, se ha negado a renovar su puesto.

Tras 13 años de mantener a Sánchez Izquierdo de manera irregular, Rueda ha anunciado que impulsará una modificación de la ley para que el director general pueda ser elegido por mayoría absoluta simple, es decir sin necesidad de acordarlo con el resto de grupos de la Cámara.

El pasado 11 de septiembre, la plataforma Por una CRTVG ao Servizo do Pobo —Por una CRTVG al Servicio del Pueblo—, apoyada por el comité de empresa, Defende a Galega, sindicatos y colectivos sociales y culturales de la comunidad, registró una iniciativa legislativa popular la Cámara Autonómica que pretende proteger tanto los derechos de los trabajadores de los medios públicos a informar con profesionalidad, como el de los gallegos a estar informados a través de ellos. El telexornal de ese día ni siquiera recogió la noticia.