El Supremo celebrará un pleno extraordinario sobre las cláusulas suelo, tras el varapalo del TJUE

MADRID.- La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo tiene previsto celebrar en enero un pleno extraordinario para decidir cómo aplicará el varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha resuelto que las cláusulas suelo deben ser devueltas desde que se firmaron cuando sean anuladas, según han confirmado a Público fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes indican que este pleno abordará la aplicación de la sentencia del TJUE y los varios “cientos de demandas” que han llegado al alto tribunal y que éste no ha resuelto porque estaba a la espera del criterio del TJUE.

El TJUE ha resuelto que el dinero cobrado de más en las cláusulas suelo, cuando sean anuladas, deben ser devueltas desde el momento en que el consumidor firmó la hipoteca con el banco y no en mayo de 2013, que es cuando el alto tribunal español fijó la fecha de devolución al dictar su primera sentencia al respecto.

En una resolución ejemplar, el TJUE resolvió este jueves que el Supremo realizó una "incompleta e insuficiente" protección de los consumidores y su jurisprudencia es "incompatible" con el Derecho de la Unión.

Es más, el TJUE reprocha al Supremo que limitara en el tiempo la retroactividad de la devolución de las cláusulas suelo: El tribunal europeo "es el único que puede decidir" sobre limitar en el tiempo una norma Derecho de la Unión.

Este Derecho de la Unión es la Directiva Europea 93/13 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre consumidores y profesionales. Es la Directiva invocada en las miles de demandas que se interponen para anular cláusulas abusivas bancarias de diversa índole desde que el 4 de marzo de 2013 el tribunal europeo tumbara el sistema de ejecución hipotecario español con el famoso ‘caso Aziz’.

La sentencia del TJUE afecta a cerca de tres millones de consumidores particulares. El Gobierno y el PSOE quieren evitar una avalancha de demandas, por lo que negocian a contrarreloj un mecanismo de mediación obligatorio para que bancos y consumidores traten de llegar a un acuerdo y evitar la judicialización de los pleitos, además de gastos de abogados y procuradores.

Esta mediación obligatoria sería aprobada por Decreto-Ley este viernes, según las negociaciones abiertas este jueves. Las discrepancias serían las que acabarían en los tribunales.

Nadie ha calculado aún cuántas demandas hay en estos momentos en los tribunales. Se estima en unas 9.000 mensuales las que entran en los juzgados de lo mercantil. Sólo un juzgado de Barcelona ha llegado a recibir 900 demandas cada mes.

El Gobierno siempre ha ido a la zaga de las resoluciones del TJUE, cuando no ha actuado a favor de los bancos, como ha sido la tesis de la Abogacía del Estado ante Europa a cuenta de la retroactividad de las cláusulas suelo.

Hay cuatro tipo de casos de cláusulas suelo: los no judicializados, los que aún están pendientes de ser resueltos en los juzgados, los que sólo recibieron la devolución conforme a lo que dijo el Supremo (esto es, a partir de 2013) y los ya juzgados.

Los primeros –no judicializados- serían resueltos por el mecanismo de Mediación, mientras que a los que están pendiente de sentencia el juez encargado aplicará la doctrina del TJUE.

El problema estriba en las demandas a cuyos consumidores sólo se les devolvió el dinero desde mayo de 2013 porque así lo decidió el Supremo. Diversos juristas consultados sostienen que el perjudicado podría iniciar una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado por mala administración de Justicia. Responsabilidad civil que sería pagada con dinero público, salvo que el Decreto-Ley regule estas devoluciones.

Los casos más complejos serían los ya juzgados. Hay juristas que recuerdan de que la Directiva de 1993 es Derecho vigente en la Unión; esto es, no es jurisprudencia y es una ley que entró en vigor en 1993. Los bancos y cajas de ahorro que incurrieron en cláusulas abusivas no la han respetado desde entonces

Como siempre, el TJUE ha apuntado el camino sobre la responsabilidad del Estado en caso de cláusulas suelo. En una demanda presentada frente a Eslovaquia por la consumidora Milena Tomášová, el tribunal europeo resolvió el pasado julio que un Estado es responsable de los daños causados si un órgano jurisdiccional "ha infringido manifiestamente el Derecho aplicable" en su resolución existía "una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en la materia".

En cualquier caso, el aumento de las demandas en España está servido ante unos bancos que cada año hacían caja, aún conscientes de que existían cláusulas abusivas. El Banco de España calcula que el dinero cobrado de más ronda los 4.500 millones de euros.