La relación del PSOE con la monarquía y su apoyo a la Casa Real siempre han sido difíciles de explicar ante buena parte de las bases socialistas, pero la sombra de corrupción que hoy se cierne sobre el rey emérito lo hace todavía más difícil y, además, puede tensar seriamente la relación del partido de Pedro Sánchez con Unidas Podemos, su socio en el Gobierno.

El hecho de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya decidido investigar a Juan Carlos de Borbón ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la formación morada, que había reducido drásticamente sus críticas a la Monarquía con su entrada en el Ejecutivo. 

Durante las fases más agudas de la pandemia, entre mediados de marzo -cuando se declaró el estado de alarma- y hasta este martes, Unidas Podemos dejó en segundo plano su reclamo de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre las finanzas del rey emérito. Había que concentrar esfuerzos en la lucha contra el coronavirus, no era "el momento".

Como avanzó Público, el "momento" llegó este martes, cuando el grupo parlamentario confederal viró y decidió anunciar que promovería una nueva comisión de investigación -horas después de que varios grupos anunciaran una solicitud similar- , y que en ella buscarían corregir defectos de forma que pudieran servir a la Mesa del Congreso para darle carpetazo. La apoyarán más de 70 diputados -UP, ERC, JxCAT, PNV, Bildu, CUP, Más País, Compromís y BNG-.

Además, y como reconocieron fuentes de la dirección del grupo, su objetivo es ahora que "tanto los grupos que ya se movieron en ocasiones anteriores, como los que hasta ahora no lo han hecho", apoyen esta iniciativa. Aludían directamente a su socio de Gobierno, que en lo que va de legislatura ha rechazado hasta en tres ocasiones que el Congreso investigue al monarca emérito, votando junto al PP y al partido ultraderechista Vox en la Mesa del Congreso.

Sin ir más lejos, el Grupo Socialista rechazó este mismo martes en la Mesa del Congreso la solicitud de comparecencia de Juan Carlos de Borbón planteada por la CUP y otros grupos, como ya había hecho anteriormente. De hecho, distintos parlamentarios de Unidas Podemos ven muy difícil que el PSOE se sume ahora a quienes reclaman fiscalizar las actividades del monarca.

"El partido Socialista, todo el mundo sabe las discrepancias que hemos tenido en este punto", admitió el martes Gerardo Pisarello, diputado de Unidas Podemos y secretario primero de la Mesa. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, Pisarello recalcó que, visto que la Fiscalía del Supremo entiende que sí se pueden investigar las actividades del rey tras su abdicación -cuando perdió su inviolabilidad-, "no se entiende, ni desde el punto de vista constitucional, ni desde el sentido común ciudadano" que el Congreso "no pueda colocar luz y taquígrafos sobre estas cuestiones". "Estamos frente a hechos nuevos", incidía.

En la misma línea, el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, apuntó horas después que la Fiscalía "ha dejado claro" que el artículo 56.3 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del jefe del Estado, "no se aplicaría a posibles ilícitos cuando hubiera dejado este cargo". El rey era inviolable y no se le podía juzgar, pero perdió este privilegio al abdicar, venía a decir. 

Unidas Podemos nunca ha ocultado su rechazo a la monarquía y su apuesta por un jefe del Estado votado por los españoles; con la entrada en el Gobierno, el foco mediático se desplazó a los aplausos que todos los miembros del Ejecutivo -no así los diputados sin cargo en la dirección- dedicaron al discurso de Felipe VI en la Solemne Sesión de Apertura de las Cortes Generales, en enero.

Ya en estado de alarma, Felipe VI se reunió con varios ministros del PSOE antes de hacer lo propio con la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos. El partido de Pablo Iglesias incluso alabó, a través de su portavoz en el Congreso, alabó la "valentía" del discurso de Felipe VI durante la pandemia -un discurso en el que el jefe del Estado obvió cualquier ocasión a la enésima polémica en torno a su padre-.

Sólo tres días antes de esta comparecencia, y tras conocerse que el jefe del Estado es beneficiario de una sociedad offshore creada por el rey emérito, vinculada a una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí, Felipe VI había anunciado que renunciaría a su herencia, y que retiraba la asignación económica con cargo a las arcas públicas a Juan Carlos I.

En general, y con algunas excepciones -un mensaje en Twitter de Iglesias, el 14 de abril -Día de la República-, en el que abogaba por un jefe del Estado que no llevara el "uniforme militar"-, en Unidas Podemos se han contenido a la hora de criticar al monarca.

Sin embargo, la actuación de la Fiscalía ha servido para que el grupo parlamentario se plantee ahora todas las opciones "legales y parlamentarias" que permitan esclarecer las actividades del emérito. En julio de 2019, el Tribunal Supremo archivó definitivamente la querella de Izquierda Unida sobre las actividades de Juan Carlos de Borbón; en esta ocasión aún no se conocían las pesquisas de la Fiscalía suiza sobre las actividades del padre del jefe del Estado, ni el Ministerio Público había asumido investigarle. Todas las opciones pueden considerarse hoy abiertas. 

El PSOE no cambia de posición... de momento

Fuentes del Grupo Socialista indicaron a Público que, de momento, no camban de posición contraria a la comisión de investigación sobre el rey emérito y volverán a unir sus votos en la Mesa del Congreso con los del PP y Vox para rechazarla la iniciativa planteada por hasta ocho grupos.

Estas fuentes basan esta postura, una vez más, en los distintos informes de los letrados que, hasta ahora, consideraban que la Constitución establece la inviolabilidad de la figura del rey, por lo que no era posible la creación de una comisión de investigación parlamentaria.

No obstante, que el tribunal quiera delimitar si han tenido lugar presuntas irregularidades fuera del "periodo de inviolabilidad constitucional" podría abrir una vía para que también tuviera lugar una investigación parlamentaria. En este sentido, fuentes jurídicas de la Cámara no ven impedimentos u obstáculos para que se pueda abrir esta comisión.

Ante esta posibilidad, fuentes del Grupo Socialista no quisieron pronunciase sobre cuál sería su posición si cambiara el informe de los letrados permitiendo la creación de la comisión de investigación parlamentaria, e indicaron que no querían adelantar acontecimientos ni presuponer posiciones de antemano.

El PSOE, no obstante, intentará separar este asunto del acuerdo de Gobierno de coalición. De hecho, en la relación entre los dos grupos parlamentarios en el Congreso se contempla la posibilidad de que no voten lo mismo.

Lo que es seguro es que los socialistas están más que incómodos con este asunto y son conscientes de que de su voto dependerá que se abra o no esta comisión de investigación parlamentaria que, además, la piden sus principales aliados en la Cámara Baja.