Los alertadores de corrupción en España acaban con la vida rota. Deberían ser considerados héroes y heroínas pues informan de delitos tanto en el ámbito público como en el de la empresa privada y libran a la sociedad de mucha corrupción. Pero la realidad es muy distinta: sufren represalias y amenazas, que a veces se extienden a sus familias; son despedidos de sus empleos y acaban sumergidos en batallas judiciales, que se han de costear. 

La directiva europea 2019/1937 insta a los Estados miembros a desarrollar una legislación que ampare a los alertadores o denunciantes de corrupción –Whistleblowers en su versión anglosajona–, pero España va con retraso y con desidia, al parecer. La directiva debería haber sido trasladada al sistema jurídico español antes del 17 de diciembre de 2021. Y además el borrador presentado por el Gobierno no convence ni a los especialistas ni a los propios alertadores por lo general.

Desde la Fundación Hay Derecho advierten de la urgencia en acelerar el proceso para contar con una ley de protección para los alertadores o informantes de corrupción. "El Gobierno ha tenido dos años para implementar la directiva europea y ha llegado a dejar expirar el plazo oficial. No parece entender la urgencia de contar con una ley que ponga fin a la extrema situación de vulnerabilidad en la que viven las personas que por hacer lo correcto se ha demostrado que arruinan sus vidas", asegura Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho. 

Para Javier Sierra, jurista de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) y profesor de Derecho Constitucional de la UNED, "cada minuto que pasamos sin esta ley estamos desaprovechando oportunidades de desvelar nueva corrupción, pero también queremos tener una buena ley, una ley definitiva".

Pura Strong, abogada experta en fraude fiscal que denunció un entramado de blanqueo de fondos de más de 52 millones de euros, tiene claro hoy por hoy que no volvería a hacerlo:  "Es que cuando tú denuncias algo el sistema se vuelve contra ti. Yo era como una niña inocente que creía en la Justicia. Si llego a saber que la corrupción y la impunidad son de tal nivel no denuncio".

La directiva europea marca un suelo mínimo de protección, por ejemplo respecto a la confidencialidad que debe amparar a los informantes de corrupción, y anima a los países miembros a mejorarla. "Sin embargo, en su aplicación en España nos hemos encontrado con varias lagunas y ambigüedades preocupantes", dice Safira Cantos. 

En el anteproyecto español no se exime de responsabilidad penal a quien obtenga información fuera de su ámbito laboral, es decir, sólo se ampara al que haya obtenido las pruebas o el conocimiento sobre el hecho delictivo dentro de su trabajo y por medios legales, "es decir, no vale si se ha robado un documento", alerta el abogado Javier Sierra. 

Prácticas mafiosas

La soledad del denunciante y las represalias a las que son sometidas las personas que se niegan a obviar los delitos son el peor de los castigos. Lo sabe bien Pura Strong: "Empecé a ser objeto de prácticas totalmente mafiosas, desde recibir fotos del interior de mi casa y a recibir querellas por parte de las entidades a las que denunciaba totalmente descabelladas". 

Según el trabajo de campo efectuado por Hay Derecho, los alertadores de corrupción se ven obligados a denunciar a título personal, ante la falta de apoyo institucional y la inexistencia de canales apropiados en el interior de las empresas, algo que pretende subsanar la futura ley. "Como resultado de sus denuncias en solitario, no son pocos los que sufren amenazas de muerte, allanamiento de morada, acoso a miembros de su familia y extorsión económica", sostienen desde la Fundación Hay Derecho.

"Después de diez meses de tenerme totalmente aislada dentro de la empresa sin hacer nada me despidieron. El coste personal es muy grande porque sufres amenazas, difamación y la familia sufre contigo", cuenta Gracia Ballesteros, ingeniera responsable de proyectos que denunció irregularidades en la adjudicación de contratos de obra en Acuamed. 

En este sentido, el actual anteproyecto de ley, en su artículo 36, hace referencia al concepto de represalias como aquellas que tengan lugar durante el tiempo que dure la investigación y los dos años siguientes a su finalización o a la fecha en que tuvo lugar la revelación pública. 

"¿Por qué hay que poner una limitación temporal a las represalias?", se pregunta Alicia G. Rodríguez-Marín, investigadora en Hay Derecho, que explica que  "la mayoría de los alertadores las sufren durante años, incluso de por vida. Además, el anteproyecto hace énfasis en las represalias laborales como despidos o colocación en listas negras laborales y maneja ambiguamente las de otro tipo dando pie a interpretaciones restrictivas y a inseguridad jurídica para quienes se animan a denunciar". 

Poca ayuda para los alertadores

La ruina económica y el impacto psicológico son otras de las consecuencias más frecuentes que sufren los denunciantes de corrupción. El anteproyecto de ley en su artículo 37 recoge la ayuda psicológica y financiera exclusivamente "de forma excepcional". 

Entre las medidas de protección para los alertadores que exige la UE se encuentran las que evitarían represalias como el despido o el acoso laboral. Y también sancionará a las empresas que tras una denuncia emprendan campañas de daño reputacional contra el informante de corrupción.

"Te vas metiendo en procesos civiles y penales que hay que hacer frente legal y económicamente. Te arruinas tú y arruinas a tu familia simplemente por hacer algo que tu considerabas correcto", clama Gracia Ballesteros. Ella acabó sumida en una batalla legal incomprensible por haber denunciado en la Fiscalía Anticorrupción los amaños en los contratos de Acuamed, una empresa pública. Ballesteros se negó a beneficiar a FCC con un contrato de 36 millones de euros en las obras del embalse de Flix.

La creación de una Autoridad independiente de Protección del Informante es uno de los aspectos principales del anteproyecto. El abogado de la PLI Javier Sierra lo valora positivamente: "La clave es que haya un organismo que haga cumplir la ley, que tenga capacidad ejecutiva". 

Evitar la politización

Esa autoridad independiente de la que habla la futura ley permitirá recoger las alertas de los denunciantes e investigar, liberándoles de la carga de tener que recabar ellos mismos pruebas e incluso denunciar. "Sin embargo, es totalmente contradictorio y limitante que no se asegure la independencia de esta autoridad", asegura la directora general de Hay Derecho. 

"Lo que no es posible es que el presidente de esta entidad sea nombrado por el ministro de Justicia, como establece el anteproyecto de ley en su artículo 42, porque politizaría una institución que debe tener manos libres para investigar hasta el fondo", continua Safira Cantos. 

Otra laguna del anteproyecto que ha sido criticada por los especialistas en la materia es el hecho de que se obligue a acudir como primera vía de denuncia a los canales internos de la propia empresa. "El anteproyecto dice que primero hay que acudir a la vía interna, en segundo lugar a la vía externa, que sería esa autoridad independiente; y en tercer lugar y cuando haya sido imposible lo anterior, se podrá acudir a la difusión pública", explica Javier Sierra, en relación a los requisitos para que los alertadores obtengan la protección del Estado. 

"La realidad es que, sin una adecuada gestión, estos mecanismos internos en las empresas frecuentemente anulan la posibilidad del anonimato y desencadenan represalias laborales y personales sobre el denunciante", critica la Fundación Hay Derecho.