El Tribunal Constitucional (TC) pone punto final al caso ERE de Andalucía en el pleno que empieza este martes con la deliberación sobre los últimos recursos de los altos cargos de la Junta condenados por las ayudas públicas a las empresas en crisis. Les toca el turno a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, cuyas condenas provocaron la caída del socialismo andaluz. 

Las sentencias recurridas, de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo, indican que el gobierno andaluz entre 2000 y 2009, con el PSOE al frente, mantuvo un sistema de concesión de ayudas sociolaborales pensado para evitar "todo control administrativo". Pero ahora el Tribunal Constitucional enmienda ese relato, con matices jurídicos relevantes que vienen a decir que una ley emanada de un parlamento regional legaliza el mecanismo por el que se dispuso de fondos para los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Las ponencias de la magistrada Inmaculada Montalbán para los recursos de amparo de los condenados en la pieza política del caso ERE han salido adelante con la mayoría de los siete votos del bloque progresista frente a los cuatro del conservador. Se espera que los recursos que se verán esta semana corran la misma suerte. 

Además de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la corte de garantías votará en relación a los recursos del exdirector general de Trabajo de la Junta Juan Márquez Contreras; el exvicepresidente y exconsejero de Presidencia de Andalucía Gaspar Zarrías; y el exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano Peña.

Las ponencias para los últimos recursos plantean, entre otras cosas, reducir la condena de inhabilitación de Manuel Chaves y anular la de seis años de cárcel de Griñán. Los argumentos jurídicos serán idénticos a los que han revertido la sentencia del Supremo, con condenas por prevaricación y malversación para más de una docena de ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía.

José Antonio Griñán: condena nula 

José Antonio Griñán fue presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013 pero su condena por el caso ERE se debe a su cargo como consejero de Hacienda de la Junta, entre abril de 2004 y abril de 2009. Fue condenado por la Audiencia de Sevilla, en 2019, a seis años de cárcel e inhabilitación absoluta por 15 años por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada. 

Cuando el Supremo confirmó la condena, en 2022, dos magistradas emitieron un voto particular alertando de que la condena de Griñán no estaba motivada. 

Ahora, la doctrina del Tribunal Constitucional viene a decir que si las ayudas a las empresas en crisis a través de expedientes de regulación de empleo (ERE) se produjeron con el aval de leyes presupuestarias no se pudo producir prevaricación por parte de los responsables de la consejería de Hacienda. Y, por lo tanto, tampoco malversación. 

Así, el Tribunal Constitucional ve diferencias entre los periodos que afectan a las condenas y considera que entre 2000 y 2001, cuando el Parlamento andaluz no había aprobado dichas leyes, sí se pudieron producir dichos delitos, pero, en cambio, entre 2002 y 2009 las leyes emanadas del parlamento autonómico dotaron de legalidad el mecanismo para aplicar las ayudas a las empresas en crisis. 

En el caso de Griñán, su papel en la consejería de Hacienda, entre 2004 y 2009, le exime de los delitos por los que fue condenado, puesto que ya existían leyes presupuestarias, según la ponencia de Montalbán, que aboga por anular la condena para el expresidente andaluz.

Manuel Chaves: rebaja en su condena

Manuel Chaves fue presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009. Su condena de inhabilitación por el delito de prevaricación en relación al caso ERE se debe a su condición de máximo responsable del gobierno regional. Para los jueces de la Audiencia de Sevilla y del Supremo, no hay duda de que Chaves tuvo que conocer el cambio de sistema de pago de las ayudas sociolaborales. "No es razonable suponer que el acusado desconociera no solo la existencia sino la propia ilegalidad del sistema, que fue implantado para la consecución de los intereses políticos del Gobierno que presidía", consta en la sentencia del Supremo.

Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La ponencia de Montalbán prevé una rebaja en la sentencia al entender que desde 2002 el sistema de los ERE quedó legalizado. Pero entiende que se debe mantener la condena respecto a los años 2000 y 2001. Por eso, insta a enviar la sentencia a la Audiencia de Sevilla para que la ajuste según los argumentos del Constitucional.