El Tribunal Constitucional aborda esta semana, a partir de este martes, la deliberación de cinco recursos de amparo de otros tantos condenados por el caso ERE de Andalucía , de los diez altos cargos de la Junta, bajo el gobierno socialista, que fueron condenados a penas de cárcel por delitos de prevaricación en concurso con delitos de malversación por el sistema de reparto de subvenciones a empresas en crisis entre 2000 y 2009, entre ellos, el expresidente José Antonio Griñán, que ha evitado la cárcel por padecer cáncer. 

Las ponencias, redactadas por Inmaculada Montalbán, vicepresidenta de la corte de garantías, instan a anular las penas también para los casos de malversación, después de que el TC suprimiera parte de la condena de Magdalena Álvarez por prevaricación en el caso ERE. 

En concreto, se anula la parte de la condena de inhabilitación de Magdalena Álvarez relativa a los años 2002, 2003 y 2004, cuando el Parlamento andaluz había aprobado leyes presupuestarias; y mantiene la parte de la condena referida a 2000 y 2001 cuando no existía ese aval legislativo. 

El TC entiende que el ejercicio de remitir a un parlamento autonómico un proyecto de ley de presupuestos no es competencia del juez penal. Es decir, mientras la Audiencia de Sevilla y después el Tribunal Supremo dictaminaron que los actos de llevar al Parlamento andaluz los proyectos de ley de presupuestos fueron resoluciones administrativas, que, por tanto, pueden ser fiscalizadas y potencialmente ser sancionadas por los jueces, el Constitucional niega esta tesis y dice que en realidad son actos políticos de un gobierno soberano y que no pueden ser juzgados, salvo por el propio Tribunal Constitucional. 

No existe malversación

Sobre esta base, la mayoría del TC tumba la sentencia del Supremo del caso ERE, de 2022, que sirvió para apuntalar el gran caso de corrupción del socialismo andaluz, por el uso irregular de subvenciones para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). 

Si el TC ha dicho que no pudo existir el delito de prevaricación cuando hay una ley emanada de un parlamento-- en este caso concreto, a partir de 2002--, tampoco puede existir un delito de malversación en concurso medial con el primero, es decir, que uno no se pudo producir sin el otro.

Diez de los 16 ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en el caso ERE lo fueron por prevaricación en concurso medial con malversación, lo que implicó penas de cárcel. Mientras que los condenados únicamente por prevaricación, como fue el caso del expresidente Manuel Chaves, fueron sentenciados a penas de inhabilitación.

Ahora, el TC dice que toda condena del caso ERE que esté bajo el paraguas de la iniciativa legislativa a partir de 2002 debe ser anulada y remitida de nuevo a la Audiencia Provincial de Sevilla para que enjuicie según el criterio del Tribunal Constitucional, es decir, que los jueces no puede declarar ilegal una ley. 

Un año y medio en la cárcel

Uno de los recursos que se estudiarán esta semana es el de Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda de la Junta, condenada a seis años de prisión por prevaricación y malversación. Ha permanecido en la cárcel hasta hace dos semanas, cuando le fue concedido el tercer grado penitenciario. 

Los otros recursos son los del exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exconsejero de Justicia y Administración Pública Jesús Rodríguez Román; el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) Miguel Ángel Serrano; y Francisco Vallejo Serrano, consejero de Innovación, Ciencia y Empresa entre 2004 y 2009.

La condena del caso ERE para los responsables políticos de la Junta provocó en el Supremo el voto discrepante de dos magistradas, que consideraron que las condenas de malversación no estaban justificadas, entre otros motivos porque los consejeros de Hacienda condenados, como Carmen Martínez Aguayo o el propio Griñán, no gestionaron directamente los casi 700 millones de euros en ayudas públicas por los que estalló el caso ERE. 

Presunción de inocencia

En el caso de Carmen Martínez Aguayo, que ha permanecido un año y medio en prisión, la ponencia de Inmaculada Montalbán, según ha podido saber este diario, señala que sufrió la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia y también el de legalidad penal, por haber interpretado incorrectamente los jueces del Supremo el delito de malversación. 

La sentencia del Supremo, que confirmaba la de la Audiencia Provincial, de 2019, atribuía a Martínez Aguayo "pasividad" ante la ley que permitía que se usaran fondos públicos en un sistema "ilegal" de ayudas que perseguía mantener "la paz social" en una situación de crisis económica. 

Pero la ponencia sobre este recurso dice que "nadie puede prever razonablemente " que será condenado por malversación cuando actúa con normas que tienen rango de ley, según ha podido saber este medio.

Inmaculada Montalbán llama la atención sobre las sentencias impugnadas por obviar que los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos adquieren rango de ley en el mismo momento en el que quedan aprobados en el parlamento, sin que pueden desde ese momento ser considerados como actos de prevaricación ni de malversación.

De vuelta a Sevilla

Las propuestas de sentencias que se votarán esta semana instan a  trasladar a la Audiencia de Sevilla los casos para que rebajen las penas o se anulen directamente en los casos amparados por las leyes andaluzas a partir de 2002, según fuentes jurídicas, que indican que pese a que la tesis general del TC es igual para todos los recurrentes, el tribunal deliberará caso por caso, porque cada uno tiene sus propias peculiaridades, y apuntan al recurso del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, al frente del departamento que gestionó las ayudas, sin cobertura legal entre 2000 y 2002. 

El recurso de José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación, se verá, junto con el del también  expresidente Manuel Chaves, la semana del 16 de julio. Esa semana también se deliberará sobre los recursos de otros condenados, como del exconsejero Gaspar Zarrías, quedando finiquitado el caso ERE en el TC.