Violación múltiple SanferminesSeis claves en la semana crucial del juicio a 'La Manada'

Semana decisiva en el juicio que se celebra en la Audiencia de Navarra por la presunta violación múltiple sufrida por una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016. Los acusados de “La Manada”, como así se hacían llamar entre sí los cinco supuestos autores de la agresión sexual, serán interrogados este miércoles después de que en la vista se visionen los 96 segundos de vídeos que grabaron.

La clave del juicio está en los informes finales de acusaciones y defensas. La exposición de estas conclusiones será en audiencia pública, después de que el tribunal haya cambiado de parecer a la vista de la tormenta social desatada por un juicio de alto interés mediático que se ha celebrado a puerta cerrada para preservar la intimidad de la víctima y de los supuestos agresores.

Será entonces cuando se conozcan los motivos por los cuales se aceptaron unas pruebas y no otras, así como los hechos que para las acusaciones hayan quedado acreditados. Y será entonces cuando se pueda intuir por dónde respira el tribunal, formado por tres magistrados.

Un tribunal garantista, unas defensas mediáticas con ganas de presionar al tribunal desde la opinión pública y la ansiedad de noticias de los medios ha desembocado en uno de los juicios con más rumores y debates en la calle –sin datos reales- que se recuerdan.

Las organizaciones feministas se manifiestan en Madrid contra una “justicia patriarcal” y hay quienes aseguran haber visto los seis vídeos de la supuesta violación, cuando están custodiados en una memoria depositada en una caja fuerte del tribunal. Estos vídeos sólo ha podido ser visionado por los abogados y bajo el estricto control del letrado de la administración de justicia en la fase de instrucción.

Estas son las claves de la semana crucial del juicio a “La Manada”:

1) Los días relevantes

El 20 y 21 de noviembre testifican los peritos. El 22 declaran los cinco acusados, el 23 los testigos de las defensas, y el 24 será el momento clave, con los informes finales y el derecho a la última palabra de los procesados.

Las conclusiones de las partes se expondrán en audiencia pública, pero el tribunal ha continuado con su criterio de que no sea retransmitido ni grabado por los medios de comunicación.

2) Juicio a puerta cerrada

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra decidió que el juicio fuera a puerta cerrada para proteger la intimidad de la víctima y de los supuestos agresores. Ha prohibido que se difundan imágenes de la denunciante y de sus familiares. Y ha conseguido que su nombre no trascienda a la opinión pública.

Todos los testimonios y las pruebas periciales hablan de la víctima, por lo que era difícil deslindar qué días podían ser de audiencia pública y cuáles no. Con ello se ha evitado que los procesados puedan alegar indefensión por un supuesto juicio paralelo.

Por su parte, el tribunal decidió que la víctima declarara sin la presencia de los  procesados, que siguieron su testimonio por videoconferencia y asesorados por sus abogados.

3) Hay tres acusaciones

La denunciante, C., no está sola en su acusación contra los presuntos violadores y para los que pide 24 años y 9 meses de cárcel. Sus intereses los defienden dos abogados: el que ella ha contratado y un letrado aportado por el Servicio de Atención a la Mujer del Colegio de Abogados de Pamplona.

Junto a la víctima hay tres acusaciones más. Acusa la Fiscalía, con un duro escrito en el que pide 22 años y 10 meses de prisión para los procesados. Y también ejercen la acusación popular por separado el Gobierno de Navarra –que les pide 25 años y 9 meses de cárcel- y el Ayuntamiento de Pamplona, que reclama 25 años y 5 meses de prisión.

Los acusados son el guardia civil Antonio Manuel G.E., el militar Alfonso Jesús C.E., así como Jesús E.D., José Ángel P.M.,  y Ángel B.F.

A las 3:08 horas del día 7 de julio de 2016 todos ellos metieron en un portal a la joven a la que acaban de conocer a las 2:50 horas sentada en un banco y a la que acompañaban a su coche porque ella era de Madrid y quería retirarse a dormir. La agarraron por los brazos y la obligaron a meterse en el portal.

En un pasillo sin salida se valieron "de su superioridad física y numérica y de la imposibilidad de C. de ejercer la más mínima resistencia, ante el temor a sufrir un daño aún mayor, ni huir del lugar, actuando de común acuerdo, y con ánimo libidinoso, le obligaron a realizar diferentes actos sexuales con cada uno de ellos", sostiene la Fiscalía que describe en su escrito de acusación las diferentes violaciones que sufrió, sin preservativo.

Después le quitaron el móvil y destruyeron su tarjeta SIM. La joven fue encontrada por una pareja, llorando y tumbada en un banco público en posición fetal.

4) Descartados los mensajes previos a la supuesta violación

Esta decisión ha sido muy cuestionada. El tribunal se centra en la violación, y ha descartado los mensajes anteriores al 7 de julio de 2016 que se cruzaba “La Manada” a través de WhatsApp. Esta decisión no ha sido recurrida por ninguna de las partes.

El tribunal considera que estos mensajes no guardan relación con la supuesta violación, por lo que carecen de la pertinencia exigida por la ley y la jurisprudencia.

En especial hay un mensaje del 24 de junio de 2016 donde uno de ellos dice: “Llevamos burundanga? (...) Tengo reinoles tiraditas de precio. Para las violaciones”.

El día 1 de mayo de 2016 hay un vídeo de unos supuestos abusos cometidos en Pozoblanco (Córdoba) contra una joven que aparece inconsciente. Este caso está siendo investigado por un juzgado de Pozoblanco.

El tribunal considera que estos mensajes no son pertinentes a la hora de enjuiciar la supuesta violación de la joven, ocurrida en la madrugada del 7 de julio.

Por otro lado, de admitirse alguna prueba que no esté vinculada con la presunta violación se podría incurrir en un riesgo: el de la nulidad de estos mensajes en otros procedimientos. Es el principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos (este principio es conocido en latín como non bis in ídem).Y si se dicta una sentencia condenatoria por la agresión sexual de Pamplona, ésta será muy tenida en cuenta en el proceso de Pozoblanco que aún se instruye.

5) Un informe y una fotografía

El inusual informe sobre la víctima realizado por un detective privado contratado por una defensa ha sido retirado por el propio abogado. La difusión de que el informe había sido aceptado por el tribunal ha resultado no ser así.

El tribunal sí que ha aceptado una fotografía de la víctima subida a Instagram vestida con una camiseta que reza el lema de Karime, una concursante de un reality show (“Hagas lo que hagas, quítate las bragas”).

Los tribunales suelen aceptar este tipo de pruebas, aunque luego pueden no tenerlas en cuenta. La causa de estas admisiones es evitar que prospere una nulidad del juicio. Porque en el caso de que se declarara nulo, la víctima tendría que volver a pasar por el calvario de tener que repetirse el juicio.

Toda agresión lleva aparejada una indemnización. Con esta foto, las defensas tratan de rebatir la acusación de la Fiscalía, que sostiene que la joven ha sufrido un estrés postraumático "cuyas secuelas no son posibles de valorar hasta que hayan transcurrido al menos dos años", según el ministerio público. La intención de las defensas es rebajar la cuantía final de la indemnización a pagar.

6) Un tribunal especializado en violencia de género

La víctima fue auxiliada por policías forales formados en violencia de género, al igual que los servicios de apoyo que la trataron. Y ha sido examinada por forenses y peritos.

El tribunal está formado por magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pamplona, encargada en exclusiva de enjuiciar los casos de violencia de género más graves. Esto es, con peticiones de condena a partir de los cinco años de cárcel.

El presidente del tribunal es José Francisco Cobo Sáez, que lleva en la carrera judicial desde el año 1986 cuando fue destinado a Tudela. Se ha especializado en violencia de género por decisión personal.

Cobo dictó hace 14 años la sentencia del primer caso de asesinato de violencia machista juzgado por un jurado popular. El magistrado condenó a Jesús Gil Peláez a 22 años de cárcel por asesinar a su mujer, Alicia Arístegui, a quien mató a puñaladas y con ensañamiento a pesar de que pesaba sobre él una orden de alejamiento. Ocurrió en Villava, cerca de Pamplona, en el año 2002.

Cobo ha participado en dos cursos de formación continua de jueces sobre la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género del 2004, en especial sobre los aspectos procesales y los criterios de interpretación.

Junto a él se sienta en el tribunal juzgador Raquel Fernandino Nosti, juez desde el año 1988 que ha ejercido en Haro, Tudela, Santa Cruz de Tenerife, Madrid y Pamplona. De ella no constan cursos de formación sobre violencia de género en los registros del Consejo General del Poder Judicial. Ahora bien, diversas fuentes sostienen que su voz es conocida en el mundo judicial relacionado con el fenómeno de la violencia sobre la mujer y la perspectiva de género. Es miembro de esta sección especializada de la Audiencia navarra desde el año 2015.

Por su parte, el magistrado Ricardo González González tiene la personalidad más singular de los tres. Es una voz crítica, amigo de los votos particulares. Juez desde 1989, González ha estado destinado en Bilbao y Pamplona. De él sólo consta una participación suya en el año 2008 en una mesa redonda sobre violencia de género.

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