Sánchez se enfrenta a la tarea de calmar su partido y negociar con sus aliados del Congreso tras el "sí" de las bases de ERC

Las bases de Esquerra Republicana (ERC) dijeron que sí. Hubo mucha división en la consulta —un 53,5% dio su apoyo—, pero, finalmente, la militancia de la formación que lidera Marta Rovira avaló el pacto para convertir a Salvador Illa (PSC) en president de la Generalitat. El próximo paso será el debate de investidura, que no debería deparar sorpresas. Así, salvo giro de última hora, Pedro Sánchez puede cerrar el capítulo del pacto con ERC, pero las concesiones al partido independentista en el marco de ese proceso de negociación han tensado sobremanera las costuras del Partido Socialista y, por otra parte, también la de su relación con algunos aliados en el Congreso.

El acuerdo entre los socialistas catalanes y los republicanos tiene 25 páginas —en la versión distribuida por Esquerra, la única que ha trascendido y que el PSOE ha avalado—, pero el punto que ha incendiado al Partido Socialista en varios territorios del Estado es el que tiene que ver con la financiación. En el documento figura el compromiso de avanzar hacia un escenario en el que Catalunya asuma "la recaudación, gestión y liquidación" de todos los impuestos. Es, en la práctica, un concierto económico para Catalunya y así es como ERC se ha referido a él, a pesar de que en el escrito aparece ese término.

Hasta este punto, Sánchez ha tenido que emplearse a fondo con Esquerra para allanar el camino de Illa a la Generalitat. Es el broche necesario para apuntalar su relato sobre la "normalización" de la política catalana. Pero ahora, una vez conseguido ese objetivo, está obligado, por un lado, a calmar a sus barones territoriales y, por otro, a convencer a varios de sus aliados en el Congreso, en especial dentro del grupo de Sumar, también molestos con el devenir de las cosas.

Las federaciones socialistas de la Comunidad de Madrid, Extremadura, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha  y Castilla y León se han mostrado diametralmente en desacuerdo con el pacto. El manchego Emiliano García Page ha sido muy duro. También el extremeño Miguel Ángel Gallardo, que, secundado por el aragonés Javier Lambán, ha solicitado que se convoque un Consejo de Política Federal para que sea ese el foro en el que el partido decida su postura en materia de financiación autonómica.

Pero Sánchez e Illa no están solos. José Ramón Gómez Besteiro (Partido Socialista de Galicia) o Diana Morant (Partit Socialista del País Valencià) han mostrado su apoyo, evidenciando las diferentes posturas de los socialistas dependiendo de la región a la que representan. El andaluz Juan Espadas, por su parte, ha exigido que lo acordado con Esquerra Republicana "no perjudique a Andalucía". 

Sánchez está obligado a sofocar los enfados a lo largo y ancho de la península si no quiere que los esfuerzos por convertir a Illa en president hayan sido, en realidad, el camino más corto a una crisis interna de dimensiones desconocidas dentro del partido. El malestar lo provoca la eventual salida de Catalunya del régimen común, pero el problema de fondo es el modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014. Antes del pacto con Esquerra ya era un tema que iba ganando peso en la legislatura, pero ahora Sánchez lo ha colocado en el centro de la conversación y ha lanzado el mensaje de que está dispuesto a abrir el melón. 

El Partido Popular, por su parte, aviva el fuego. Ha tachado el pacto de "corrupción política y económica" y de ser un elemento que "rompe la justicia social" y conduce a la "independencia total". Además, quiere dinamitar la confianza que ERC ha depositado en el PSC y avisa a los republicanos de que los socialistas los han "engañado" con un pacto que no se podría cumplir. La tensión entre Sánchez y los populares es, por otro lado, una dificultad añadida a la hora de encarar un debate de fondo en torno a la financiación autonómica.

Debate en el Congreso

En Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición, el entusiasmo por el acuerdo va por barrios. Una vez conocida la decisión de las bases de ERC, este viernes pocos minutos después de las 19 horas, el portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional, Íñigo Errejón, lo celebrara en la red social X y hablaba del acuerdo como un punto y a parte pertinente para "consolidar y encarrilar la legislatura". Lo considera una "oportunidad" para abrir el debate de la financiación.

Pero no no todas las fuerzas que integran el grupo han reaccionado igual. Chunta Aragonesista y Compromís supeditan su voto a favor a una eventual reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) —necesaria para emprender la reforma pactada entre el PSC y ERC— a que también se incluyan medidas que mejoren la financiación del País Valencià y Aragón. La vuelta al Congreso tras las vacaciones de verano se prevé tensa.

Especialmente delicada, en cualquier caso, es la postura de Junts per Catalunya. Y no habrá que esperar a septiembre para calcular la dimensión de su enfado. Desde el primer momento, los de Carles Puigdemont se opusieron a que ERC diera los votos a Illa para agarrar el bastón de mando catalán y este viernes, al conocer la decisión de la militancia republicana, han convocado una ejecutiva para emitir su posicionamiento. La celebrarán este mismo sábado de forma telemática. Por el momento, no han trascendido más detalles.

De todas formas, falta un detalle para que Sánchez pueda dormir tranquilo, al menos, en lo referente a la investidura de Illa, que podría celebrarse entre el 7 y el 9 de agosto. Las juventudes de Esquerra han abierto la posibilidad a no seguir la disciplina que marca su partido y que su diputada, Mar Bessas, vote en contra de Illa, lo que torpedearía todos los avances conseguidos en el diálogo entre el PSC y ERC. El Jovent Republicà ha convocado un consejo para el lunes por la tarde.