El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, converso este martes con los principales presidentes autonómicos de su partido para aunar esfuerzos y exigir ya al Ejecutivo que ponga una propuesta encima de la mesa sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Sánchez ha explicado que las prisas que ha puesto el Gobierno para la aprobación del cupo vasco -a la que no se opone ningún barón socialista- obliga al Ejecutivo también a abordar con urgencia otro modelo de financiación, que el PSOE está dispuesto a negociar.

Los barones, que también dieron su respaldo a la resolución aprobada el lunes en Valencia sobre este asunto, exigirán a todos los niveles que el Gobierno cumpla con el compromiso adoptado en la última Conferencia de Presidentes, porque entienden que la situación no se puede prolongar más. De hecho, el modelo de financiación se tenía que haber renovado hace cuatro años.

El PSOE actualmente gobierna siete comunidades autónomas (Extremadura, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias, Comunidad Valenciana y Baleares) y el posicionamiento de las mismas será clave para intentar llegar a un acuerdo.
Aunque los intereses concretos de las comunidades socialistas son diversos, todo apunta a que actuarán como un bloque único en sus reivindicaciones, por lo que cualquier aprobación del nuevo modelo deberá contar con su apoyo.

Los socialistas, en su resolución, defienden una financiación suficiente para los servicios sociales básicos, especialmente sanidad y dependencia, y que se garantice el acceso a los mismos en plena igualdad a todos los ciudadanos vivan en la comunidad en la que vivan.

El PSOE tiene ya elaborado su propia propuesta, pero cree que es al Gobierno al que le corresponde hacer un planteamiento nuevo y general para el nuevo sistema, y después abrir una negociación. “A muchos, parece que se les olvida que el PSOE está en la oposición, pero es el Gobierno a quien le corresponde gobernar y no hacer dejación de funciones”, afirmó una fuente autorizada de la dirección del partido.

Susana Díaz manifestó que las comunidades autónomas van a hacer todo lo que puedan para forzar a que se mueva el Gobierno cuanto antes pero, además, también se tomarán iniciativas a nivel parlamentario. El objetivo es que el Ejecutivo ponga una propuesta encima de la mesa antes de final de año y empezar la negociación en enero de 2018.