El Gobierno se ha vuelto a topar de nuevo con la compleja aritmética parlamentaria que caracteriza la legislatura y ha recuperado sensaciones negativas respecto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Este jueves, el Ejecutivo ha decidido aplazar por segunda vez la votación de la Comisión de Hacienda que tenía previsto aprobar un paquete fiscal negociado entre los distintos grupos del bloque de la investidura.

Sin embargo, la falta de consensos y los vetos cruzados han impedido acercar posturas antes de que tuviera lugar la comisión, por lo que, como ya hizo el pasado lunes, el Gobierno ha suspendido la reunión y la ha aplazado hasta el próximo lunes con el objetivo de seguir ganando tiempo en la negociación.

El paquete fiscal, que se incluye vía enmiendas dentro de la ley que aspira a fijar un tipo mínimo efectivo en el Impuesto de Sociedades para las grandes multinacionales, no está directamente relacionado con los Presupuestos, ni es el plan fiscal que acompañará a las cuentas.

Sin embargo, en el Ejecutivo se habían fijado una hoja de ruta para engrasar las negociaciones con los grupos del Congreso que contemplaba tres hitos: la aprobación de este plan, en primer lugar; la de la senda de déficit y de los objetivos de estabilidad presupuestaria, en segundo lugar; y la aprobación de los Presupuestos, como paso definitivo.

El rompecabezas que está suponiendo sacar adelante este plan es un reflejo de la falta total de coherencia ideológica en el seno de un bloque de la investidura en el que conviven grupos de la izquierda y grupos de la derecha.

Fuentes conocedoras de la negociación la describían estos días como un escenario de "vetos cruzados": por un lado, Junts y el PNV pactaron con el PSOE una serie de enmiendas que dejaban caer el impuesto a las energéticas y que reformaba el impuesto extraordinario a la banca (ambos gravámenes son temporales y expiran a finales de diciembre).

Por otro, Sumar y los socialistas pactaron un paquete fiscal que, entre otras medidas, acababa con el régimen fiscal especial de las socimi, elevaba la presión fiscal sobre los pisos turísticos y los seguros sanitarios privados, e implementaba un impuesto al lujo. En un tercer ámbito, las izquierdas parlamentarias (Podemos, ERC y EH Bildu) rechazan respaldar las enmiendas que dejan caer el impuesto a las energéticas, y reclaman su permanencia (una postura que también comparte Sumar, pese a su pacto fiscal con el PSOE).

Aunque algunos grupos habían apelado a la necesidad de que todas las partes cedieran para permitir el acuerdo, este jueves se ha vuelto a poner de manifiesto la enorme complejidad de aunar las distintas reivindicaciones de los grupos, claramente contradictorias entre ellas. Mientras Junts y el PNV apuestan abiertamente por dejar caer el impuesto a las energéticas, las izquierdas reclaman todo lo contrario, y ningún grupo contempla moverse de su posición a día de hoy.

"Muy complicado"

Fuentes del Gobierno desligan completamente este asunto de la negociación presupuestaria. "Son dos asuntos diferentes y en paralelo", señalan. Esas conversaciones todavía continúan de manera discreta y con el horizonte temporal de que terminen los procesos congresuales pendientes, especialmente el de ERC.

"Nunca lo hemos tenido fácil", repiten como un mantra los socialistas a la hora de abordar este paquete fiscal. "Por nosotros no será, pero aquí todos tienen que ser conscientes de la situación y de que hay que hacer cesiones", señalan fuentes socialistas.

Desde el Ministerio de Hacienda, las fuentes consultadas no ocultan que la situación está "muy complicada" por las posiciones inamovibles de los socios y la competencia ideológica entre los partidos. Pero al mismo tiempo creen que hay una pequeña vía abierta para llegar a un pacto. "Si fuera imposible se hubiera votado hoy y ya está", añaden. Los socialistas se dan una "última oportunidad" el lunes en la Comisión de Hacienda antes de que la iniciativa llegue al Pleno el próximo jueves. 

No es la primera vez

No es la primera vez que el Gobierno decide retirar una votación para alargar las negociaciones y agotar las opciones de un acuerdo. Ocurrió ya en el mes de mayo con la nueva Ley del Suelo que llegó al Congreso directamente del Consejo de Ministros. Al constatar que ni siquiera Sumar iba a apoyar esta reforma, los socialistas retiraron la votación del orden del día.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció entonces que la iniciativa se trasladaba al ámbito parlamentario para que puedan negociarse algunos asuntos de una ley que en esencia el Gobierno considera necesaria por la petición que se realizan desde los municipios. De hecho, el PSOE apeló más al PP que a la mayoría de investidura y criticaron que las intenciones de los populares habían sido únicamente "electoralistas" y con el objetivo de "poner una zancadilla a Sánchez".

Más recientemente, el Gobierno decidió aplazar la votación del techo de gasto tras no conseguir convencer a Junts de su voto favorable. La formación catalana ya tumbó estos objetivos de estabilidad presupuestaria en el mes de julio. Y en septiembre, cuando estaba programada la votación, el Gobierno la retiró del orden del día del Congreso para seguir negociando con el partido de Carles Puigdemont.

La consigna entonces era darse más tiempo para lograr un acuerdo en un contexto marcado por el Congreso de Junts, que se celebró ya hace unas semanas. De momento no hay fecha para retomar esta votación, paso previo importante para la aprobación de los Presupuestos porque adecúa las cuentas a la realidad económica existente.

Un contexto que precisamente ha cambiado tras la DANA y sus consecuencias especialmente en el País Valencià. En Moncloa consideran que ahora es más necesario que antes aprobar unas nuevas cuentas públicas. Los socios de Sánchez ya han avisado, en todo caso, de que las ayudas para la DANA no corren peligro pero desvinculan las negociaciones de ello e insistirán en que se recojan sus peticiones. Por lo visto, hasta el momento, el camino sigue siendo complejo.