Los recursos de narcos por la revelación de sus chats encriptados retrasaron 69 causas en 2022

La Memoria de la Fiscalía, que se ha dado a conocer este jueves, dibuja un mapa de la droga en el que España es el primer productor de cánnabis en la Unión Europea. Galicia, Andalucía y Valencia siguen liderando la entrada de cocaína en el país, que en 2022 se disparó.

Ante esta situación, la Fiscalía Antidroga advierte de la instalación en España de organizaciones criminales extranjeras, "cada vez más violentas", que precisan redes de apoyo nacionales. 

Muchos de los detalles sobre cómo se organizan estas redes delictivas los conocen los fiscales antidroga y los investigadores gracias a la interceptación de las comunicaciones de los narcos alojadas en plataformas de encriptado como EncroChat o Sky ECC, que ya han sido desmanteladas.  

La Fiscalía Antidroga, dirigida por la fiscal jefe Rosa Ana Morán, advierte de que los narcos encausados presentan continuas alegaciones de nulidad y recursos invocando la presunta ilegalidad de la interceptación de sus mensajes encriptados por parte de los investigadores. Esto mantiene en un limbo los procedimientos judiciales, que en 2022 eran 69 y que ahora alcanzan los 71, según datos de Antidroga. 

Estos procedimientos judiciales están basados, total o parcialmente, en pruebas obtenidas a través de las intervenciones de las comunicaciones encriptadas. Los narcotraficantes recurren a estas plataformas precisamente para evitar que la Policía detecte sus movimientos, sus citas y que llegue a la cúspide de la organización.  

Pero en estos momento, la validez de esas pruebas depende del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estudia una cuestión prejudicial procedente de un tribunal alemán que quiere saber si las intervenciones masivas de conversaciones constituyen una vulneración de los derechos, como el de la intimidad, de los intervinientes.

El pasado mes de julio el abogado de dos narcos acusados en la operación Caldo-Ramz, conocida como el 'banco' de los narcos en Europa, cuya sede se localizaba en el polígono Cobo Calleja, de Fuenlabrada (Madrid), presentó en el Juzgado Central de Instrucción 1 una petición para que se acumule una nueva cuestión prejudicial en el TJUE sobre el mismo asunto. El próximo mes de octubre se conocerá el veredicto de la Justicia europea. 

En su escrito ante la Audiencia Nacional, el abogado Sergio Nuño Díez de la Lastra incide en la necesidad del pronunciamiento del TJUE para saber si se puede continuar con el proceso o archivar las actuaciones. Pero el tribunal ha desestimado su petición, al entender que no es el momento procesal oportuno, sino que debería presentarse ante el tribunal sentenciador, según ha podido saber este diario. 

No está de acuerdo Díez de la Lastra, que ha recurrido, señalando que no está regulado el plazo para presentar una cuestión prejudicial y que el "órgano instructor presupone la culpabilidad de los investigados". Dice en su recurso que el juzgado instructor "no puede dar por sentado que deben ser enjuiciados irremediablemente". Para el letrado, esto atenta contra el derecho de defensa de sus clientes. 

La Fiscalía pide reformar el Código Penal

En su memoria, incidiendo precisamente en la necesidad de acotar esas redes de apoyo de las grandes estructuras del narcotráfico, Antidroga expone una propuesta de reforma legislativa para que el Código Penal tipifique como delito el transporte y almacenamiento de gasolina destinado al narcotráfico. 

Los llamados 'petaqueros' son las personas que se dedican al acopio de de gasolina que posteriormente se destina al suministro de combustibles de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas para el transporte de hachís desde el norte de África a la península.

Dice la Fiscalía que las funciones de los 'petaqueros' tienen "una indudable importancia logística en las actividades de tráfico de drogas" y que perseguirlos presenta  "severas dificultades" tanto por la complejidad de acreditar en el proceso penal la vinculación de esos transportes o almacenamientos de gasolina con el narcotráfico, como por los problemas que se generan a la hora de incardinar tales conductas en algún otro tipo delictivo existente en nuestro ordenamiento jurídico-penal vigente".  

Propone Antidroga modificar el artículo 568 del Código Penal con la introducción de la expresión "con temeridad manifiesta" para aplicar al acopio sospechoso de gasolina o fuel. 

España, principal productor de cánnabis

Andalucía, especialmente Algeciras y Granada, Cataluña, y Murcia, pero cada vez más provincias de interior como Toledo o Ciudad Real, son utilizadas por las organizaciones para la producción de cánnabis, indica la Fiscalía, que alerta de la "banalización" sobre el consumo de esta droga, sobre todo, entre los jóvenes. 

Antidroga señala que las aprehensiones en España muestran cultivos mayores, más organizados, con mayores concentraciones de THC [principal elemento psicoactivo del cánnabis] y de los que se obtiene mayor rendimiento. En los últimos años se han encontrado porcentajes superiores al 20% de THC en la planta de cánnabis, aumentos del 50% y hasta el 92% en el hachís, "fruto de una cada vez más fácil manipulación genética y que debería generar la consiguiente alarma dado el notorio potencial nocivo de esta sustancia". 

El delegado de la Fiscalía Antidroga en Barcelona llega a plantear si, en casos de elevadas concentraciones, "cabría reconsiderar la clasificación del cánnabis como sustancia que no causa grave daño a la salud".

29 sentencias condenatorias

Las diligencias de investigación emprendidas por esta Fiscalía en 2022 fueron 64, un 33,3% más que las 48 del año 2021, de las cuales se han judicializado 23. Durante el año pasado se han celebrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 40 juicios orales por casos de narcotráfico y blanqueo contra un total de 124 acusados. 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado 29 sentencias en materia de salud pública, todas ellas han sido condenatorias, aunque se ha producido la absolución de tres de los acusados. En conjunto, en estas sentencias han sido condenados 64 ciudadanos españoles y 59 extranjeros y 1 persona jurídica.

"Lamentablemente-- expresa la Fiscalía--en muchos casos de abordaje de embarcaciones en alta mar no hay investigación suficiente anterior o posterior que pueda revelar la verdadera envergadura de las organizaciones que se encuentran detrás de estos transportes. Ello supone que, en algunos casos, los juicios orales se siguen solo contra la tripulación, sin que sea fácil de demostrar su pertenencia a la organización que lógicamente es la que ha gestionado estos transportes, en la mayoría de los casos trasatlánticos".