El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para aumentar las exenciones del Impuesto de Sucesiones a las familias acaudaladas ha tensado las costuras de la alianza de izquierdas entre socialistas, Podemos, Cha e IU que aupó a la presidencia de la comunidad a Javier Lambán en julio de 2015 y que ha sacado adelante las principales iniciativas políticas de la legislatura.

El acuerdo, que llega tras una movilización con más repercusión mediática que social (35.946 sucesores de 43.254 se libraron de pagar entre enero y septiembre de 2017, y al grueso de los otros 7.308 les salió por menos de mil euros), consiste en elevar de 150.000 a 500.000 euros por heredero directo la exención del 99% en el pago del impuesto y en eliminar el requisito de tener un patrimonio de menos de 400.000 euros para beneficiarse de esa medida; es decir que se equipara a todo aquel que herede hasta 500.000 euros con independencia de cual fuera su fortuna anterior.

El resultado, según los datos que maneja la Consejería de Hacienda, es que solo 167 de las 1.400 familias que ahora lo pagan seguirían haciéndolo, lo que mermaría la recaudación anual en unos 45 millones de euros. Los ingresos netos han oscilado en la última década entre 108 y 132 millones, aunque los derechos reconocidos llegaron a alcanzar los 192 en 2013.

La iniciativa del ejecutivo, que ha causado tiranteces en la coalición con Cha (“no nos gusta la reforma y vamos a enmendar el texto”, sostuvo este jueves el diputado nacionalista Gregorio Briz), se suma a las tensiones con IU y Podemos por la aplicación del Impuesto de Contaminación de las Aguas, que ha provocado la insumisión fiscal de un tercio de las familias de la capital, y a las diferencias con la formación morada por la Renta Básica, de cuya ponencia en las Cortes se levantaron estos últimos hace unos días.

"Es imposible soplar y sorber al mismo tiempo"

La propuesta de socialistas y Ciudadanos, que en la práctica supondría rebajar la tributación al 88% de las familias más acaudaladas de la comunidad, provocó este jueves varios intensos debates en las Cortes.

“No estamos por suprimir la progresividad”, señaló el secretario general de Podemos, Nacho Escartín, que acusaba al Gobierno de Lambán de haberse “pasado de frenada”. “No se puede defender los servicios públicos y recortarlos”, sostenía, mientras insistía en preguntarle a Lambán “qué hospital no va a hacer y qué colegio no va abrir” por la pérdida de esos 45 millones.

La diputada de IU, Patricia Luquin, se pronunciaba en términos similares al plantearle al presidente que “es imposible soplar y sorber al mismo tiempo”. La parlamentaria, que ironizó sobre el alcance del “pacto de caballeros” entre PSOE y C’s, destacó que el formato para tramitar la reforma por el que se inclina el Gobierno, la lectura única, “dificulta evidentemente llegar a acuerdos”.

Lambán, por su parte, defendía la rebaja ante la situación de “agravio y desigualdad” que las efectuadas en otras comunidades suponen para Aragón (la competencia fiscal entre autonomías provoca pleitos por 250 millones cada año) al tiempo que anunciaba un aumento de la recaudación por impuestos, por el aumento de 25 millones en hidrocarburos, entre otros motivos, y reivindicaba su derecho a acercarse a la formación naranja: “no renuncio a llegar a acuerdos con Ciudadanos”, dijo.

"Tenemos la esperanza de que pueda haber un acuerdo"

La crisis desatada por la reforma del impuesto en la primera alianza de izquierdas aragonesa, que ha sacado adelante tres presupuestos autonómicos que han paliado los recortes en los servicios públicos del periodo 2011-2015, un puñado de leyes como las de emergencia, de ética pública y de cuentas abiertas y medidas como la reforma tributaria y el impuesto a la banca, llega a un año de las elecciones, aunque los afectados desvinculan sus posicionamientos de la situación preelectoral.

“Se trata de un acuerdo puntual. Acabamos de sacar adelante unos presupuestos con los que hemos vuelto a aumentar el gasto social, y nuestros aliados de referencia siguen siendo los mismos”, explican fuentes del PSOE.
Junto a las tensiones, no obstante, también hay guiños para volver a buscar acuerdos. “Tenemos la esperanza de que pueda haber un acuerdo de izquierdas” sobre la reforma del tributo, planteó Briz, mientras Escartín dejaba abierta una puerta al poner sobre la mesa una reducción del 99% del tributo cuando se transmitan las acciones de una empresa familiar.

Tensiones también en la derecha

En cualquier caso, la tramitación de la rebaja fiscal pondrá a prueba las asimetrías de la aritmética parlamentaria aragonesa, ya que la propuesta no podría salir adelante sin el apoyo o la abstención de Podemos y del PP. “Necesitamos que algunos diputados la voten, o al menos que no la veten”, admitió Lambán.

Y lo hará cuando la izquierda tiene sobre la mesa, pendientes de cerrar, una veintena de proyectos y proposiciones de ley entre las que se incluyen varias de calado como la del Sector Público, la del Presidente, la de Igualdad, la de Memoria Democrática, la de Derechos Históricos y la de Autónomos.

Los recelos no son menores por el flanco del centro-derecha, donde C’s ha pasado a liderar una materia de la que sus principales competidores, Par y PP, llevan años haciendo bandera. Ambos se abren a apoyar la rebaja, pero con condiciones. Los primeros, que entre en vigor este año; los segundos, que tenga una tramitación ordinaria, con debate en ponencia, comisión y pleno.