La Audiencia Nacional se prepara para su cita del año. El miércoles será la primera vez que un presidente del Gobierno español tenga que declarar ante un tribunal, aunque sea sólo en calidad de testigo, y el acto suscita especial atención, también entre la prensa internacional.

A Mariano Rajoy, que permanece 'desaparecido' y sin agenda pública conocida, le espera una doble 'alfombra roja' en San Fernando de Henares. Por un lado, el propio presidente de la Audiencia, José Ramón Navarro, tiene previsto recibir el jefe del Ejecutivo en la puerta de la misma. Por otro, no será el único que acuda a darle la bienvenida: el colectivo conocido por el 'Rodea el Congreso' ha convocado una manifestación para denunciar las actividades del "partido de la mafia". 

Todos estos gestos serán recogidos por más de 300 periodistas acreditados para la ocasión. Pertenecen a 83 medios de comunicación distintos, 21 de ellos extranjeros (procedentes de México, Colombia, Francia, Alemania y hasta Rusia, entre otros países), que se distribuirán entre las salas de prensa de la Audiencia Nacional (120) y la sala de vistas (30). El resto corresponde a cámaras y técnicos de televisión y radio que aparcarán hasta 14 unidades móviles en las inmediaciones del tribunal. Rajoy tiene previsto, en principio, saludarles una vez finalizada su declaración ante los jueces. 

La sede estará altamente protegida por fuerzas de seguridad que vigilarán con especial atención la protesta organizada por la Coordinadora 25-S, que engloba a otros colectivos afines al 15-M y la PAH. Su objetivo es pedir la ilegación del "Partido Popular: el Partido de la Mafia" bajo el lema "Nos mean y dicen que llueve". Por este motivo, los organizadores han solicitado a los asistentes que acudan con un paraguas para simbolizar sus quejas. La concentración está convocada para las 9.00h (Rajoy declara a las 10.00h) y en ella no faltarán los "silbatos, bocinas o tambores".  El colectivo repetirá esta convocatoria el viernes, a las 20.00h, ya en la sede del PP en la calle Génova de Madrid.

Más amable se prevé el 'otro' recibimiento de Rajoy. Aunque se desconoce todavía si el presidente llegará acompañado o solo, sí está previsto que el presidente de la Audiencia, José Ramón Navarro, salga a la puerta a acompañarle hasta el interior del tribunal, tal y como informó Julia Pérez.

Pero ése no será el único gesto inusual que el poder judicial tenga para con el jefe del Ejecutivo. Es más, el propio auto de citación incide en que se llama a Rajoy en calidad de testigo "como un ciudadano español" y no como presidente del Gobierno y se asegura que se tendrá "especial cuidado" para evitar dañar su imagen institucional. Incluso responderá a las preguntas desde los 'estrados', la zona de la sala que queda a la misma altura del tribunal con el fin de evitar la 'foto de banquillo' en la que, además, saldría retratado con los acusados detrás de él (aunque el presunto principal cabecilla de la trama, Francisco Correa, no estará allí).

Mientras la oposición considera que la 'marca España' se verá inevitablemente salpicada por este hecho, en Génova inciden en restar importancia a la cita. Según afirmó el número tres del PP, Fernando Martínez-Maillo, Rajoy está "muy tranquilo" y acudirá a declarar "con absoluta normalidad" aunque todas las sospechas apuntan a que está dedicando estos días previos a preparar con especial ahínco, con abogados del partido incluidos, su intervención ante el tribunal.

Para empezar, el partido ha defendido con fervor la "naturalidad" de un evento al que también se han sometido otros líderes internacionales -como inciden en resaltar-, a pesar de haber arremetido contra su citación. Este mismo lunes, el coordinador general del PP recordó el caso de las presuntas extorsiones de Manos Limpias para sacar "beneficios económicos" para arremeter contra la figura de la acusación popular. Ello se debe a que fue la Asociación de Abogados para la Democracia (ADADE) la que consiguió, al tercer intento, que el tribunal admitiera citar al presidente como testigo. "Los ciudadanos han de saber que es el PSOE quien estará preguntando a Rajoy", criticó Maillo, que aplaudió, en cambio, el voto particular emitido por el presidente del tribunal del caso en contra de la decisión de sus otros dos compañeros. 

Ángel Hurtado será, precisamente, el encargado de dirigir el interrogatorio. Por ello, podrá evitar -aunque no suele hacerlo- que las acusaciones y las defensas intenten preguntar al presidente por causas ajenas a la que se juzga, que no es otra que la primera etapa de Gürtel (1999-2003). En Génova sí esperan, en cambio, que lo que tildan de "abogados estrella" intenten interrogar a Rajoy por otras cuestiones como la caja B que presuntamente manejaba Luis Bárcenas. 

El jefe del Ejecutivo, por su parte, parece estar dispuesto a responder al mayor número de preguntas posibles, consciente de que responder "no lo sé, no me acuerdo" al estilo de la infanta Cristina o su exministra de Sanidad, Ana Mato, le perjudicaría todavía más. No obstante, recordará sus funciones de aquella época, así como los Estatutos del partido, para defender que él no tenía ninguna responsabilidad en las campañas electorales que son objeto del enjuciamiento: en concreto, las referentes a las municipales de Pozuelo y Majadahonda del año 2003.

Para el PP, que insiste en que la figura judicial del "testigo" nada tiene que ver con la de "acusado", Rajoy "poco tiene que aportar" al caso y todo apunta a que dejará la responsabilidad en el presidente del Senado, que testificará inmediatamente después de él en la Audiencia Nacional. Pío García-Escudero era en aquel entonces el responsable de las campañas que centran el caso, aunque Rajoy era también secretario general de la formación, a la postre, el responsable último de las finanzas de la misma. 

Sin embargo, los conservadores insisten en desligar cualquier responsabilidad económica de la cúpula de la formación y alegan que "en todos los partidos" son los tesoreros quienes manejan las cuentas. Es más, recuerdan una y otra vez que la implicación que tiene el PP en la causa -es el primer partido imputado de la democracia- es la de "partícipe a título lucrativo". Ello supone que, de confirmarse dicha culpa, se habría beneficiado de los 245.000 euros recibidos de la trama Gürtel que dirigían Correa, Crespo y 'el Bigotes', por los alcaldes de ambos municipios madrileños (Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega), pero el partido no habría tenido conocimiento del delito. "Esa figura descarta cualquier connivencia con los hechos ilícitos", defienden en el PP.

Justamente en esa excusa se basará la declaración del presidente del Gobierno que, en la época que se juzga fue secretario general del PP (2003), portavoz del Ejecutivo de José María Aznar (2002), ministro del Interior (2001), vicepresidente (2000) y ministro de Educación (1999). Además, sí dirigió las campañas de su antecesor tanto en el año 2000 como en 1996. Ya en 2004 pasó a ser el presidente del partido y, según defiende, esa fue la fecha en la que el PP dejó de contratar a las empresas de Correa. Ése será otro de los argumentos que defenderá el miércoles, una vez haya recorrido las imaginarias 'alfombras rojas' que le esperarán en la puerta de la Audiencia Nacional.