Nuria se ajusta el sombrero de paja para protegerse de un sol que empieza a apretar, a eso de las doce del mediodía, mientras observa la zanja que deja la excavadora. Al otro lado del montón de tierra, Marco sostiene el detector de metales en busca de casquillos de bala hasta 30 centímetros de profundidad, lo que permite el artilugio. Son dos voluntarios de los 1.210 que colaboran de forma desinteresada con la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), entidad responsable de la identificación de cerca de 1.400 desaparecidos del franquismo desde el año 2000.

El pasado 19 de julio, Nuria Maqueda y Marco González, ambos de 36 años, comenzaban los trabajos de prospección del terreno en busca de tres jornaleros de El Bierzo (León), asesinados por la represión franquista el 22 de septiembre de 1936 a las diez y siete minutos de la mañana, según consta en las actas de defunción, mientras iban a cobrar su paga. 

Se trata de Magín Abad Mayorga, de 24 años, Antonio Álvarez Prada, de 36, y Francisco Carbajo Campazas, de 80. “Venían del pueblo de Magarinos; supuestamente era día de cobro, y los cogieron por el camino. El pretexto solía ser llevarlos a las prisiones de Astorga o San Marcos, pero nunca llegaban”, explica González, voluntario y vicepresidente de la ARMH. 

Dos nietas de los desaparecidos contactaron con la asociación y, tras una consulta en los archivos del ayuntamiento de Brañuelas, dieron con los documentos que detallan estos asesinatos. Además, según los testimonios locales, el hijo de una de las víctimas colocó un alambre de espino alrededor de la fosa, identificando el lugar. Pero las obras de un camino adyacente y la plantación de una finca de pinos borraron el rastro, dificultando la actual tarea de recuperación de los cuerpos. 

Las actas detallan que fueron enterrados en algún lugar del paraje conocido como Los Campos, “término Brañuelas”. Y con esta pista, más la información que proporciona observar el estado de la tierra, la asociación ha peinado el terreno con una paleadora que les ha prestado de forma gratuita la mancomunidad de La Cepeda durante tres días, algo inusual. 

“Hay ayuntamientos que tienen más delicadeza, y Brañuelas, que pertenece a la mancomunidad, ya nos prestó la máquina en 2006. En esta zona mataron a muchos vecinos”, apunta González sobre una de las fases más costosas del proceso de recuperación de desaparecidos, junto a las pruebas de ADN, unos 600 euros cada una. “Una hora de máquina cuesta 40 euros. La asociación ha llegado a pagar facturas de 4.000 euros. Y a veces sin resultado porque no aparecen”, lamenta. 

“Esta es la parte más invisible del trabajo, sobre todo si no se les localiza y hay que pasar a otra zona”, aporta Maqueda. Las tres jornadas de búsqueda no dieron frutos, y estos voluntarios retomarán la tarea cuando la mancomunidad pueda volver a prestarles la excavadora. 

En cuanto a los permisos a la hora de horadar la tierra, reconocen que no suelen encontrar grandes escollos. “Otra cosa es cuando se trata de cementerios”, apostilla González, y recuerda el caso del camposanto de Guadalajara, donde se rescataron los cuerpos de 50 víctimas entre 2016 y 2017. “Allí hubo que acudir a la justicia argentina porque desde el primer momento negaron el acceso”, lamenta sobre el caso de Timoteo Mendieta, cuya hija Ascensión viajó a Buenos Aires, con 88 años, para pedir a los tribunales de ese país que obligaran a España a abrir este enterramiento. 

Toru Arakawa, el voluntario que llegó de Japón

La segunda fase llega cuando se visualizan los restos óseos, momento en el que entran los equipos arqueólogos y forenses. Hace años la asociación podía contratar a dos o tres profesionales para estas tareas. Ahora no; todas las manos son voluntarias. “Hay personas que colaboran desde distintos campos como la arqueología, la antropología o la historia. El otro día nos escribió una asistente social para hablar con personas mayores. También contacta mucha gente particular que no tiene una titulación pero se presta a recoger testimonios. Les pedimos que cuando vayan en verano a sus pueblos consulten en los registros civiles el alcance de la represión documentada”, aclara González. “A la gente le mueve que un estado como el español no esté abordando la búsqueda de desaparecidos y que lo hagamos las asociaciones con los medios que tenemos, mendigando una máquina”, explica. 

Nietos y bisnietos también participan cavando en fosas que podrían albergar a sus antepasados. En el caso de los dos enterramientos del cementerio de Guadalajara, colaboró la cuarta generación de familiares, como Rubén Notario, de 34 años, que buscó sin éxito a su bisabuelo y a un hermano de éste. “La esperanza es lo último que se pierde, y voy a seguir luchando”, expresó a Público en el entierro de Timoteo Mendieta.

Entre los 1.210 voluntarios y voluntarias, la ARMH cuenta con dos centenares de extranjeros de 21 nacionalidades. Algunos como el japonés Toru Arakawa aún conmueven el recuerdo de estos jóvenes. “Nos conoció por un periódico, en Japón, en el que venía una noticia sobre la memoria histórica en España. Poco después llegó a Ponferrada buscándonos, y acabó trabajando con nosotros durante tres veranos seguidos”, recuerdan Maqueda y González.

El enterramiento de As Pontes, en A Coruña en 2006, supuso la primera incursión del asiático en una tarea que le acabó arrebatando algunas costumbres. “El carácter japonés no muestra sentimientos en público, pero imagínate estar trabajando en una fosa y de repente ver al fondo a Toru llorando. Tampoco tienen mucho contacto físico al saludar, pero perdió todos los prejuicios. Encajó perfectamente. Y se podía tirar horas trabajando en cuclillas. Decía que hacia yoga y estaba acostumbrado”, rememoran.

En 2010, este voluntario japonés falleció, a los 71 años, y su hijo visitó España tiempo después en busca de los recuerdos de su progenitor. “Nos dijo que habíamos calado muy hondo a su padre”.

Nuria Maqueda observa la zanja en la que podrían aparecer los restos de tres fusilados. / P.C.C.

Financiación a través de donaciones voluntarias y un sindicato noruego

El actual movimiento ciudadano por la recuperación de la memoria histórica tiene su epicentro en la fosa de 13 desaparecidos de Priaranza del Bierzo, en octubre del año 2000. Supuso el primer enterramiento en el que se practicaron técnicas científicas de identificación, y originó la creación de la asociación en la que colaboran Maqueda y González y que preside Emilio Silva, nieto de uno de los 13 hombres de Priaranza. Desde entonces, este colectivo ha buscado en 230 fosas a más de 1.700 desaparecidos de los que ha identificado a cerca de 1.400.

Entre 2006 y 2011, el Ejecutivo socialista otorgó subvenciones con las que se sufragaron parte de las exhumaciones. Pero el grueso del dinero que posibilita en España la búsqueda de fusilados proviene de la iniciativa particular. En el caso de la ARMH, de donaciones de personas y colectivos, como el sindicato noruego Elogyt, que donó hace tres años 50.000 euros que abrieron, entre otras, las dos fosas del cementerio de Guadalajara.

476 fosas y 7.645 desaparecidos que dejan de serlo

España es el segundo país del mundo, por detrás de Camboya, en número de enterramientos ilegales, según recuerda la asociación Jueces para la Democracia, pero no todas las administraciones han aceptado su responsabilidad en la recuperación de desaparecidos. Andalucía, Catalunya, Valencia o País Vasco ya cuentan con leyes o políticas públicas de memoria que asumen las exhumaciones.

Según el informe de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad del País Vasco, firmado por el médico forense Francisco Etxeberria, y actualizado hasta diciembre de 2016, se han rescatado los restos de 7.645 personas de 476 fosas en los últimos 17 años.

En 95 de estos enterramientos participaron, o los gestionaron de manera íntegra, distintas administraciones públicas: ayuntamientos, diputaciones, consejerías, juntas, gobiernos y direcciones generales. Del resto se encargaron las asociaciones y agrupaciones de familiares, en algunos casos con subvención y, en la mayoría, sin ella.

El mayor enterramiento, cuyos restos se exhumaron entre 2007 y 2009 fue el del cementerio de San Rafael, en Málaga, con 2.840 fusilados. La tarea de recuperación la llevó a cabo la Asociación Contra el Silencio y el Olvido. La Sociedad de Ciencias Aranzadi, la Gavilla verde, el Foro por la Memoria, la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados en el penal de Valdenoceda, la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos o el grupo GRMHV de Valencia son algunas de las entidades ciudadanas que han trabajado en el rescate de desaparecidos del franquismo.

El mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia en 2011 concretó 2.246 enterramientos en los que yacen más de 114.000 represaliados. Pero algunas comunidades autónomas declinaron participar en su confección, por lo que esta cartografía de la represión estaría incompleta, según expresa el informe de Etxeberría.

Con todo, familiares y voluntarios aseguran que seguirán en esta tarea. En el caso de la ARMH, Maqueda y González parten en los próximos días a la otra punta de El Bierzo. “Cada vez es más difícil porque quedan menos testimonios y quien habla ya no es el hijo que vio lo que pasó, sino el nieto a quien se lo contaron”. Así, mientras el Estado no asuma la responsabilidad que le marcan organismos internacionales en el cumplimiento de los derechos humanos, estos voluntarios avanzan que seguirán "hasta abrir todas las fosas que podamos con nuestros medios”.

Los compañeros de fosa de Timoteo Mendieta viajarán a Ponferrada

En enero de 2016 y mayo de 2017 se rescataron los cuerpos de 50 represaliados en dos fosas comunes del cementerio de Guadalajara mientras se trataba de localizar a Timoteo Mendieta, cuya hija Ascensión logró que la justicia argentina, en el marco de la querella contra el franquismo que sigue su curso desde ese país, ordenara los trabajos de exhumación.

Los restos óseos de las 22 personas rescatadas en enero del pasado año los tutela el juzgado número 2 de Guadalajara. Los 28 de la fosa de Mendieta se hallan en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Pero en los próximos días, según ha revelado la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) a Público, los 50 serán reunificados en el laboratorio con el que esta entidad, responsable técnica de estas exhumaciones, cuenta en Ponferrrada (León). “De momento hay 13 identificados mediante pruebas genéticas, además de Timoteo. Seguimos con el proceso identificativo”, avanza Marco González, voluntario y vicepresidente de la ARMH.

La asociación prevé organizar un “gran acto” de entrega de restos a las familias a finales de septiembre o primeros de octubre. Mientras, los custodiarán en condiciones adecuadas para su conservación. “Lo que decía el alcalde [de Guadalajara] de devolver a las fosas a los que no estuvieran identificados es una barbaridad. Hemos dicho que no, que por criterios de conservación eso no se puede hacer. Y nadie asegura que no vayan a aparecer los familiares”, aclara González.