La incógnita sobre la inhabilitación de Quim Torra tardará meses en despejarse y discurrirá por dos procesos paralelos ante el Tribunal Supremo, por lo que el anuncio del presidente catalán de que habría elecciones anticipadas si el Parlament opta por retirarle su mandato de diputado está aún lejos de cumplirse.

Es muy previsible que ambos procesos no estén resueltos en al menos dos meses en el mejor de los casos, según fuentes jurídicas. Y esto, siempre y cuando las partes no interpongan recursos dentro de estos procedimientos, algo que dilataría aún más las sentencias finales. En ambos casos el Supremo tiene la última palabra.

Por un lado, la Sala Tercera del Supremo tardará más de dos meses en confirmar si el president es diputado o no, según han corroborado a Público fuentes del alto tribunal. Es un proceso abierto en la vía administrativa contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de considerar que incurrió en una causa de “inelegibilidad sobrevenida”.

La JEC decidió el pasado 3 de enero que Torra no podía ser diputado por haber sido condenado en sentencia -aún no firme- a un año y medio de inhabilitación por desobediencia al no retirar pancartas políticas del balcón de la Generalitat en plena campaña electoral. Esta resolución causó sorpresa en fuentes judiciales consultadas por Público, ya que Torra "sería inelegible en próximos comicios electorales, pero no ahora que lleva dos años ejerciendo el cargo” de diputado y presidente de la Generalitat.

Las partes -la JEC y la Fiscalía- aún no han presentado sus escritos respecto a este procedimiento. El plazo de cinco días dado por la Sala Tercera para que las partes expongan sus posiciones termina este viernes. La Sala decidirá además si suspende de manera cautelar la inhabilitación de Torra como diputado hasta resolver el fondo del asunto, suspensión que acordará en próximos días.

Las sentencias las ejecuta el tribunal juzgador

El otro proceso se situará en la Sala Segunda del Supremo. El president tiene de plazo hasta el 3 de febrero para recurrir a esta Sala de lo Penal y solicitar la anulación de su condena, que fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat).

En España las ejecuciones de las sentencias sólo las puede ordenar el órgano juzgador. Esto es, la Sala de lo Penal del Supremo si Torra recurre su condena, tal y como ha anunciado que hará.

La inhabilitación o no de Torra por un delito contra la Administración se centra únicamente en su acta de diputado. Y el president ha avanzado este miércoles que si el Parlament finalmente lo decide “estaríamos unos meses en funciones y habría elecciones”.

El Estatut de Catalunya establece que el presidente del Govern será elegido entre los diputados del Parlament. Pero no que debe seguir siendo diputado para continuar en el cargo, según interpretan los servicios jurídicos de la Cámara catalana.

Por otro lado, la Ley de Presidencia de la Generalitat establece que el president cesa “por condena penal firme que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos”, como sería este caso si el Supremo confirmara la sentencia del TSJCat.

Si así fuera, Quim Torra será sustituido internamente por el vicepresidente (Roger Torrent, de ERC) y el Parlament iniciará el procedimiento para elegir un nuevo presidente… a no ser que se convoquen elecciones autonómicas anticipadas. Pero la solución a esta incógnita tardará tiempo en llegar.