Partido Socialista (PSOE), Sumar y Coalición Canaria registran en el Congreso de los Diputados la reforma de la ley de extranjería para modificar el artículo 35 de la misma con tal de que en el momento en el que una región supere el 150% de su capacidad de acogida de chicos y chicas menores migrantes, se lleve a cabo una redistribución obligatoria en el resto de comunidades autónomas.

Por el momento, se trata de una iniciativa que no tiene el éxito asegurado, habida cuenta de que el Partido Popular (PP), por el momento, parece lejos de dar su apoyo y Junts per Catalunya, la formación que lidera Carles Puigdemont, se ha posicionado en contra.

De todas formas, tanto Ángel Víctor Torres, ministro socialista de Política Territorial y Memoria Democrática, como Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia por la parte de Sumar, se han mostrado optimistas en una comparecencia en la Cámara Baja después del registro de la iniciativa. Creen que se podrán acercar posturas con el PP de Alberto Núñez Feijóo. 

Además, han expresado su preferencia por sacar adelante la reforma por la vía de la proposición de ley y no por la del decreto-ley, algo por lo que sí apostaría Coalición Canaria. Los canarios le ven al decreto la virtud de la rapidez en la tramitación. Les interesa acelerar los procesos dada la situación de urgencia que se vive en el archipiélago. El Gobierno, en cambio, es reacio. "Un decreto ley se lleva a un Consejo de Ministros cuando tenemos asegurados en principio los apoyos para su convalidación, que se tiene que convalidar en 30 días", ha dicho el ministro Torres. En estos momentos, esos apoyos no existen.

El portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, también ha querido dejar un mensaje a los populares. "O se está con las políticas de acogida y de derechos humanos", ha apuntado, "o se está con las políticas de odio". El ministro Torres, por su parte, ha pedido al PP "que se manifieste cuanto antes".

Fuentes parlamentarias conocedoras de las negociaciones que ya se están produciendo para encauzar la votación parlamentaria, prevista para el día 23 de julio, cuando se celebrará el último pleno extraordinario previsto para el actual calendario de sesiones, confían en arrancar al Partido Popular, al menos, una abstención. Según fuentes del PSOE, eso sí, los de Feijóo ya habrían remitido una carta a los socialistas para "poner excusas".

Al mismo tiempo, las fuentes de PSOE y Sumar consultadas no cierran la puerta a lograr, también, un acercamiento con Junts, a pesar de que ha asegurado por activa y por pasiva que rechazará la reforma si Catalunya no queda excluida de esa redistribución. 

Mecanismo "vinculante y solidario"

La ministra de Juventud e Infancia ha puntualizado la importancia de que el mecanismo de reparto sea "de carácter vinculante y solidario", toda vez que, de acuerdo con Rego, "el mecanismo vigente, que tenía un carácter voluntario, no estaba haciendo frente a la situación que hay ahora mismo en Canarias". "En las islas hay casi 6.000 niños y niñas [que necesitan acogida]", ha abrochado.

Fuentes de Sumar han explicado que la complejidad de esta negociación tanto con PP, como con Junts estriba en que las competencias en materia de migración las tiene el Estado, mientras que son las distintas comunidades autónomas las que las tienen en lo referente a la acogida de los menores. "La clave está en conjugar bien esos dos ámbitos de acción", explican dichas fuentes.

Quejas sobre la financiación

Una de las grandes objeciones que se han planteado al Gobierno desde las comunidades autónomas, en especial, gobernadas por el Partido Popular tiene que ver con la financiación extra que deberán recibir las comunidades autónomas que se hagan cargo de los menores migrantes llegados desde Canarias. Dependiendo, además, del número de chicos y chicas que acoja cada una de ellas. En ese punto, tanto la ministra Sira Rego, como el ministro Ángel Víctor Torres han asegurado que se trata de un punto que está contemplado en la propuesta y que, con ella, se asegura "una financiación suficiente".

Errejón ha aprovechado el micro en el Congreso de los Diputados para recordar, en otro orden de cosas, que existe una iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 personas migrantes que viven y trabajan en España que se encuentra, en estos momentos, varada en el período de enmiendas. "Nosotros queremos garantizar que no haya una división entre ciudadanos e invisibles", ha zanjado.