Sin acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas para reformar la Ley de Extranjería y convertir en vinculante para los gobiernos regionales la acogida de menores migrantes no acompañados, tras más de cuatro horas de reunión. Era lo esperado teniendo en cuenta el rechazo abiertamente manifestado en los últimos días por la dirección del Partido Popular y todos sus territorios, a excepción de Canarias y Ceuta, donde han pedido a Alberto Núñez Feijóo que acepte reformar la ley. Pero por el momento, en el PP deciden mantenerse en la posición de bloqueo a la reforma, a la espera de más información, y aplazan la decisión mientras capean los órdagos de Vox.

Desde Génova —cabe recordar que fue el presidente del PP quien exigió la convocatoria de esta Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia— aseguran ahora que no depende de las autonomías la reforma de una ley nacional. En clara coordinación, los consejeros de las comunidades del PP también han defendido a puerta cerrada, que estudiarán la propuesta del Gobierno en profundidad, pero que, en cualquier caso, no es ése el foro para abordar un cambio normativo. "Lo que nos han dicho es que no se pronuncian, que necesitan más tiempo, que quieren leerlo", ha traslado el ministro Ángel Víctor Torres al término de la reunión. 

"Nos ha sorprendido que lo que nos dicen es que son incompetentes porque esta medida tiene que llevarse al Congreso", añadió. La pelota vuelve, si es que alguna vez salió, al tejado de Feijóo.

El otro punto en el orden día de la Conferencia Sectorial celebrada este miércoles en Tenerife (Canarias) y que ha reunido a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, con los consejeros del ramo —una parte de ellos por vía telemática— y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, era la ubicación voluntaria de 347 menores que el Ministerio propuso a las comunidades en dos reuniones anteriores y no había logrado sacar adelante.

Ha sido Feijóo quien ha anunciado a primera hora de la jornada que, ahora sí, las comunidades del PP aceptarían acoger voluntariamente a menores migrantes, pero sólo los 347 niños, niñas y adolescentes propuestos en base a criterios ya acordados con las regiones y aplicados en la ubicación de menores en 2022 y 2023. El Govern de Catalunya se ha abstenido. Desde el Ministerio de Infancia aseguran que en estos dos años anteriores, comunidades tanto del PP como del PSOE, no acabaron cumpliendo con lo acordado, pero que no hubo las resistencias mostradas ahora.

Pero, aunque las comunidades gobernadas por los conservadores se hayan avenido finalmente este miércoles a asumir la acogida de esos menores, tanto el Gobierno central como el Gobierno de Canarias —y también los Consejos de Gobierno de Ceuta y Melilla— defienden que este sistema ya no sirve porque la llegada de niñas y niños no acompañados ha dejado de ser algo puntual y se necesita una fórmula obligatoria para no tener que apelar a la solidaridad de las regiones cada vez que un territorio de llegada se enfrente a una sobresaturación a la que no puede dar respuesta. El PP, presionado también por Vox, lo rechaza de pleno y exige que se tenga en cuanta la "capacidad" de cada región.

Así, la reunión ha empezado y terminado de la misma manera: con los reproches de la ministra de Infancia a los de Feijóo. Rego criticó al inicio del encuentro que ningún consejero del PP había acudido a la primera parte de la conferencia sectorial, que consistía en una visita a un centro de menores, y animó al líder de la oposición a acudir a "mirar a los ojos" a los menores migrantes que tutela Canarias antes de decidir si apoya o no la reforma legal.

PP y Junts, alineados

Así, el Gobierno tendrá que buscar los votos del PP o del independentismo catalán—ni a Junts ni a ERC les gusta la propuesta— si quiere sacar adelante la reforma de Ley de Extranjería en el Congreso. Y en el caso del PP y Junts, las posiciones de ambos partidos no distan demasiado. Como los populares, la portavoz de la formación independentista, Miriam Nogueras, rechaza que el Gobierno pretenda "obligar" a las comunidades a acoger menores migrantes no acompañados porque, dice, es en Catalunya donde conocen su "capacidad". "Solidaridad sí, toda, lo que no puede ser es que seamos siempre los que más pagamos. Ante este abuso cabe una respuesta y la respuesta el plantarse", defendió.

Por eso, dijo, el Gobierno solo contará con los votos de Junts si excluye a Catalunya. "Si no hay una exclusión de Catalunya de esta ley, de este reparto, nosotros no podemos votar a favor", remachó Nogueras. Desde el Ejecutivo han insistido en que en ningún caso se hará esta excepción exigida por el partido de Carles Puigdemont. "Veremos si el Gobierno prefiere negociar con el PP o con Junts", resumió la portavoz independentista.

La amenaza de Vox coge fuerza

Además, la reunión de este miércoles puede provocar un terremoto político en los gobiernos autonómicos de PP y Vox. La extrema derecha ha amenazado con romper sus alianzas si los populares aceptan acoger a menores migrantes en los territorios en los que les dieron el bastión de mando y, esta vez sí, en la formación conservadora dan credibilidad al órdago. Por eso hacen equilibrios e intentan calmar a sus socios con la ubicación voluntaria de los 347 menores ya pactada —de hecho le recuerdan a Santiago Abascal que Castilla y León acogió a menores en 2022 y 2023, cuando ya estaban dentro del Ejecutivo— y el discurso duro contra la reforma de la Ley de Extranjería. Si consiguen convencerles es una incógnita también para ellos.