El PSOE ha recurrido el auto de apertura de juicio oral en el caso Kitchen, impugnando la exclusión del Partido Popular como partícipe a título lucrativo. 

Así consta en el escrito al que ha tenido acceso este diario, donde los socialistas critican la decisión del juez instructor, Manuel García Castellón, de dejar fuera al PP porque la petición del PSOE en este sentido era "extemporánea", lo que califican de "sorprendente, además de ser contraria a la ley". 

Recuerda el PSOE en su recurso que la petición para considerar al PP responsable a título lucrativo se formuló a la vez que la petición contra el Estado como responsable civil; y esta última petición sí fue admitida por García Castellón.  

Sobre este aspecto, el juez señalaba en su auto de apertura de juicio oral que el PSOE no había interesado hasta ese momento ninguna petición respecto al PP y que por ello, siguiendo doctrina del Tribunal Supremo, resultaba extemporánea, y además se realizaba sin concretar la cuantía ni los hechos sobre dicha responsabilidad, "apreciándose una falta de relación entre los hechos que sustentan la pretensión y la persona frente a la que se ejercita la acción civil". 

Pero el PSOE solicita que el cálculo de los costes los realice el  Ministerio del Interior y que para ello el juez oficie esta diligencia para que el departamento de Grande-Marlaska cuantifique los recursos  gastados en el operativo parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de sustraer las pruebas que tenía sobre la financiación irregular del PP. 

"El perjudicado es el Estado, ya que la ilícita actividad se dirige claramente a obstruir la acción de la justicia. Y efectivamente perjudica a los ciudadanos porque además el dinero público utilizado para llevar a cabo los hechos enjuiciados, ya fuera de fondos reservados o presupuestario, se detrae de los fines de interés público a los que debió estar dedicado", sostiene el PSOE. 

Para el PSOE, está claro que el PP se benefició de la operación Kitchen. "El artículo 122 del Código Penal dispone: "el que por título lucrativo hubiere participado en los efectos del delito está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del delito hasta la cuantía de su participación". 

"Prevé, por tanto --continúa el PSOE-- la restitución de la cosa y el resarcimiento del perjuicio o daño patrimonial causado como consecuencia de la actividad delictiva desarrollada por terceros, pero de la que se beneficia el partícipe". 

Dice el PSOE ahondando en el beneficio del PP que le supuso la operación Kitchen que "tratándose del Ministerio del Interior debieron estar dedicados a la seguridad de todos los ciudadanos y no a evitar que, en palabras del Ministerio Fiscal, que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al meritado procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional". 

Y añade: "Lo que supone un doble perjuicio: el Partido Popular dificultó la acción de la justicia con la finalidad de evitar que se persiguiese a los presuntos delincuentes y encima detrajo fondos y recursos públicos que debían estar destinados a garantizar la seguridad ciudadana".