La negociación entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la reforma de la ley de garantía de las libertades sexuales (conocida como la ley del solo sí es sí) es, desde este lunes, un laberinto político para el Gobierno de coalición. El registro en el Congreso de los Diputados por parte del Grupo Socialista de una proposición que introduce de nuevo la violencia y la intimidación en la norma a la hora de juzgar agresiones sexuales ha llevado las conversaciones entre los socios a un punto de no retorno en el que la ruptura es, a día de hoy, un escenario más próximo que el acuerdo.

Las dos partes coinciden en su voluntad de seguir negociando, y desde los dos partidos se traslada que aún hay margen para lograr una salida pactada. Pero lo cierto es que ese margen se ha estrechado sobremanera tras el paso dado por los socialistas en la Cámara Baja; un paso, eso sí, que lejos de ser secreto fue anunciado la pasada semana.

Desde las filas socialistas decidieron mover ficha tras comprobar con preocupación cómo las sentencias judiciales seguían rebajando las penas a agresores sexuales. Cuentan que el presidente Pedro Sánchez dio la orden. "Esto hay que arreglarlo ya". Y así se hizo. El PSOE llevaba días presionando en privado a Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad para que se tomaran medidas. Se dejó un tiempo mayor del previsto inicialmente para que se llegara a un acuerdo pero comprobaron, según su versión, que no iba a ser posible. 

Consideran en el ala socialista del Gobierno que este asunto sí está generando una alarma social también entre su electorado. Varias fuentes consultadas coinciden en que durante las últimas semanas, ya desde fechas navideñas, recibían esta inquietud en una gran parte de la población. Mucho más que en otros asuntos relacionados con Catalunya. "Esto sí que genera desgaste y preocupación en la ciudadanía, y no tanto las reformas de la malversación o sedición", afirman fuentes gubernamentales.

En Unidas Podemos expresaban este lunes una sensación de sorpresa que no se debe tanto a las formas (la proposición fue registrada por los socialistas de manera unilateral y en el espacio confederal se enteraron por la prensa) como al fondo. El PSOE registró su propuesta cuando las negociaciones en el seno del Gobierno de coalición (con Igualdad y Justicia como núcleo fundamental de las conversaciones) todavía estaban abiertas. 

El Departamento dirigido por Irene Montero defiende que lleva meses hablando con Justicia y con el ala socialista del Ejecutivo acerca de esta cuestión, en concreto desde que se conocieron las primeras rebajas de condenas de agresores sexuales por lo que consideran una aplicación defectuosa de la norma.

Igualdad le habría hecho llegar en los últimos días hasta seis propuestas al departamento de Pilar Llop; las últimas, de hecho, abrían incluso la posibilidad de endurecer penas, algo que el Ministerio de Montero rechazaba en principio, dado que el Código Penal fija que se le debe aplicar al reo la ley más favorable.

La clave reside en que, desde que se desató la polémica, en Unidas Podemos entienden que su socio no busca una salida jurídica a la misma, muy complicada al tratarse de un asunto de interpretación por parte de algunos jueces que es minoritaria pero que está muy amplificada por la derecha, según el partido; sino una de carácter político, para tratar de poner coto a la alarma social y mediática que pone el foco en las revisiones a la baja de algunas penas. El espacio confederal había afrontado el conflicto desde esta perspectiva y, por eso, se había abierto a negociar con Justicia posibles alternativas de reforma que cumplieran con ese objetivo.

Sin embargo, la proposición de ley registrada por el PSOE este lunes hiere de gravedad, a juicio de Podemos, el esquema fundamental que sitúa el consentimiento como el epicentro de la norma. Y este es un precio que en el espacio confederal no están dispuestos a pagar para tratar de contener la alarma social generada.

También desde UP dejan claro que las negociaciones no han acabado, y que el trámite parlamentario de la reforma de los socialistas deja margen para tratar de llegar a un punto de encuentro. Avisan, no obstante, de que los de Pedro Sánchez ya tienen los votos necesarios para sacarla adelante, dado que el PP ya se ha ofrecido a apoyar su norma. 

Mientras, en el PSOE siguen sin fiarse del PP. Afirman tajantemente de que no se sentarán a negociar con ellos. No se atreven en firme a pronosticar qué harán los populares porque solo quieren desgastar al Gobierno. Y eso podría producirse tanto si votan en contra, porque la ley seguiría vigente tal y como está, como si votan a favor. En este segundo caso podrían usar su voto para enmendar la estabilidad de la coalición. 

En la dirección socialista rechazan oír hablar de tacticismos de los partidos de la oposición. "Aquí solo se trata de parar las rebajas de penas y el que quiera hacer juegos con algo tan serio es que no ha entendido nada", destacan. El PSOE tampoco ha cerrado la puerta a seguir las negociaciones con UP y mira también a los socios de la investidura como ERC o EH Bildu, con quienes, dice, ya mantienen diálogo. Estas dos formaciones se han alineado hasta el momento con Igualdad. 

Ley de bienestar animal, a votación el jueves

La discrepancia en torno a la ley del solo sí es sí se une a la que mantienen los socios de Gobierno sobre la ley de bienestar animal, que este jueves encara una votación crucial en el Congreso que podría enfrentar a PSOE y a UP. La ley llega al Pleno con una enmienda incorporada por los socialistas (y aprobada en comisión) que excluye a los perros de caza de la protección que sí tienen el resto de canes, una medida que rechazan radicalmente desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el proponente de la norma.

En las últimas semanas, Podemos ha acusado a los de Sánchez de situarse "del lado de los maltratadores de animales" y de no estar comprometidos con sus derechos. A juicio de la formación morada, la actitud de los socialistas responde a la presión de una parte del sector de la caza que es totalmente contrario a la norma. Este mismo lunes los de Belarra trasladaron que van a intentar incluir a los perros de caza en la protección de la ley "hasta el último minuto" previo a la votación.

Respecto a esta cuestión, los socialistas tienen "toda la esperanza" de que la ley será aprobada. Así lo defendió en rueda de prensa la portavoz de la dirección del PSOE, y ministra de Educación, Pilar Alegría. Fuentes de Ferraz deslizan en privado que no creen que UP vaya a votar en contra de su propia ley pese a la polémica enmienda sobre los perros de caza. Habrá que echar cuentas también, porque tampoco está claro qué harán los populares pese a un apoyo puntual a una enmienda que pertenece a una ley más amplia a la que son contrarios. 

De este modo, PSOE y UP encaran un inicio de año electoral movido. La máxima, en todo caso, es cuidar a la coalición. Ninguna de las fuentes consultadas por Público en las dos formaciones políticas ve un riesgo serio de ruptura. Pero lo que parece evidente es que una de las leyes que más han defendido ambos partidos se ha atragantado progresivamente hasta llegar a un punto que aprieta, aunque todavía no ahoga, a la coalición.