Los presupuestos aprobados para 2023 han dejado fuera la ley de vivienda, que sigue bloqueando el PSOE a pesar de que la pactó con UP. La norma, que pretende limitar los precios de los alquileres e hipotecas, frenar los desahucios y crear un parque de vivienda pública, entre otras cosas, se ha quedado fuera de la hoja de ruta económica para el próximo año justo cuando hay una espiral de precios en alquileres e hipotecas. 

La ley de vivienda formaba parte del acuerdo de coalición del Gobierno y fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero. A pesar de que existe el compromiso de tramitarla con urgencia, aún no se han comenzado los trabajos de la ponencia en el Congreso.

El principal escollo en la ley de vivienda está en los topes de los precios del alquiler. El ala derecha del Gobierno, quiere restringir los límites en los precios de los alquileres a los grandes propietarios mientras que el ala izquierda del Gobierno, quiere extenderlo a todos los alquileres.

A día de hoy y hasta que finalice el año, la revisión de la renta de los alquileres está limitada al 2%. Esta medida se aprobó en el marco del plan de choque contra la guerra de Ucrania, pero está por ver si se extenderá o no más allá de diciembre. Bueno, pues Unidas Podemos sostiene que la ampliación del tope a todos los propietarios, facilitaría el acuerdo con el resto de aliados progresistas. 

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha llamado a la movilización social para presionar al PSOE para que acepte tramitar la ley. Por su parte, el PSOE señala que la tramitación de la norma "choca frontalmente" con el proyecto de Gobierno y las competencias de las Comunidades Autónomas.

En cualquier caso, la competencia para la aplicación de estos topes a los alquileres, tal y como señala también el que fuera portavoz del PSOE, es autonómica y el PP ya ha anunciado que boicoteará la ley desde los lugares en los que gobierna. 

Hay un personaje que explica el conflicto de intereses que tiene el PSOE con la ley de vivienda.  Se trata del exministro de Industria del PSOE y exalcalde de Barcelona Joan Clos. Actualmente, Clos es presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler y de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias. Ambas patronales inmobiliarias se han posicionado frontalmente en contra de la ley de vivienda. De hecho, ASVAL consideró una "mala noticia para el mercado" el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para regular los alquileres. Estas asociaciones están participadas por fondos de inversión como Black Stone. 

Clos intervino hace unas semanas en un acto organizado por la Escuela de Arquitectura y Diseño en Madrid. En su intervención se dedicó a defender la necesidad de seguir construyendo vivienda nueva y a difamar en contra de la regulación de los alquileres. Así se explican también algunos pasos dados por el PSOE en dirección contraria al espíritu de la norma. Los socialistas registraron hace unos días dos iniciativas en el Congreso que permiten los desalojos exprés en caso de allanamiento o usurpación.

Este dato lo hemos dado ya varias veces, pero creo que es importante recordarlo. En España, la principal causa de inseguridad habitacional no son las okupaciones. Según datos del Institut Cerdá de 2017, la ocupación afecta sólo al 0,3% del parque de viviendas total. Pues en primer lugar los altos precios de los alquileres, ya que han subido un 50% entre 2015 y 2020. Según datos de Comisiones Obreras, tres millones de personas, dos de cada cinco de los que viven en alquiler, destinan más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, y 1,4 millones destinan más del 50%.

Y en el caso de los jóvenes es aún peor. Una persona joven que quiera emanciparse en solitario tendría que destinar el 82% de su sueldo a pagar el alquiler. Esto se traduce en que sólo el 15% de los jóvenes están emancipados.
En segundo lugar, otro problema habitacional grave está provocado por los desahucios.

En 2019, último año antes de la pandemia, hubo más de 54.000 desahucios, y en torno al 70% se correspondía a viviendas en alquiler, casi 20 puntos más que en 2015. Y mientras se sigue desahuciando a gente, en España hay 3,4 millones de viviendas vacías.

Y mientras se sigue desahuciando a gente, en España hay 3,4 millones de viviendas vacías.

Además, en España hay un parque de vivienda social claramente insuficiente. En nuestro país hay menos de una vivienda social por cada 100 habitantes. Esto contrasta enormemente con los países de nuestro entorno. En Francia hay 7,2,  en Dinamarca 9,5, en Austria 10,3,  y en Países Bajos 12,5 por cada 100 habitantes.