Investigación en el CongresoEl PSOE ayuda al PP a frenar que la comisión de la 'brigada política' cite a los comisarios

La comisión de investigación del Congreso sobre la brigada política montada en Interior por el exministro Jorge Fernández Díaz ha quedado bloquedada. Y su paralización se debe precisamente a lo que ya había advertido Público repetidamente: el PSOE ha ayudado al PP (aliado con C's) a evitar que comparezcan los altos mandos policiales implicados en esa conspiración: desde el máximo responsable operativo hasta los comisarios que participaron activamente en la Operación Cataluña y en los montajes contra Podemos como el falso Informe PISA contra Pablo Iglesias.

La coartada ha sido argumentar "falta de documentación" para oponerse a citar a esos responsables policiales, quienes además son los únicos posibles sospechosos de haber efectuado las grabaciones al entonces ministro del Interior, en su despacho oficial, que Público difundió en exclusiva hace casi un año y que están en el mismo origen de la creación de esta comisión de Investigación.

Según el portavoz socialista, Antonio Trevín, la comisión no ha recibido "ninguno" de los documentos solicitados al Ministerio del Interior, por lo que es preciso esperar a tenerlos para poder acordar las comparecencias. Sin embargo, el 30 de marzo pasado Interior hizo llegar a todos los integrantes de la comisión un amplio dossier de materiales que incluye el informe de la Policía Judicial sobre la investigación interna que realizó, por orden de Fernández Díaz, sobre esas grabaciones y sobre el barrido en busca de micrófonos en la sede ministerial.

El PSOE insiste en citar a Cosidó pese a que no aparece en ninguno de los casos que se quieren investigar

En realidad, pocos materiales (directamente relacionados con las grabaciones y la brigada política) de los solicitados al Ministerio del Interior quedan por remitir a la comisión del Congreso. Pero Trevín aduce que el único al que se puede citar sin necesidad de estudiar documentación previa es al ex director general del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó, porque "era quien mandaba cuando funcionaba la policía política". Todo lo contrario a las revelaciones que han ido apareciendo –en su mayor parte por las exclusivas de este diario– desde hace meses y en las que Cosidó no figura en absoluto: ni en la llamada Operación Cataluña contra partidos y políticos soberanistas, ni en los montajes contra Podemos, ni en el caso del pequeño Nicolás, ni en la grabación ilegal en sede policial a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ni en el acoso a la Banca Privada de Andorra, ni en el escándalo de los pendrives fantasmas sobre las cuentas de la familia Pujol...

Sería demasiado largo enumerar todos los procesos judiciales y casos policiales en los que no aparece en absoluto Cosidó, sino que están protagonizados por el entonces Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, su jefe de gabinete, el inspector José Ángel Fuentes Gago, el comisario José Manuel Villarejo, o el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. Sin embargo, el PSOE se ha opuesto a que sea llamado a declarar ni uno solo de todos ellos y ha acusado a Podemos de bloquear los trabajos de la comisión por abstenerse en su propuesta de citar únicamente a Cosidó.

Más aún, el PSOE ha hecho depender de que se aceptara su propuesta de única citación (Cosidó) a que los demás grupos parlamentarios renunciaran a citar a otros comparecientes hasta que la comisión reciba y estudie todos los documentos solicitados por el grupo socialista: un listado tan exhaustivo y amplio que simplemente ahogaría la capacidad de trabajo de los diputados. Como muestra, este fragmento de la larga lista de peticiones de materiales presentada por el PSOE:

Los materiales que el PSOE quiere estudiar antes de citar a comisarios sumarían decenas de miles de folios

Sólo la primera petición de todas "las instrucciones, ordenes de servicio y análogas" de la DAO, la CGPJ y la CGI durante más de cinco años formarían un cuerpo de documentos que probablemente constaría de decenas de miles de folios. Pero éstas no son más que cinco de la lista de más de una docena de solicitudes de materiales presentada por lo socialistas, incluidas algunas (como la relativa a la Operación Brugal) sin relación con el objeto de la comisión.

Esta postura del PSOE ha indignado a los nacionalistas catalanes, quienes aseguran que el PP “quiere matar esta comisión, y lo ha conseguido con el apoyo de Ciudadanos y la ayuda del PSOE”, en palabras de Sergi Miquel, portavoz del PDeCAT. Gabriel Rufián, miembro de la comisión por ERC, ha denunciado: “Es una vergüenza, no se investiga nada. Han vetado todas las comparecencias”.

También la portavoz de Justicia de Podemos y cuarta secretaria de la Mesa del Congreso, Gloria Elizo, ha afirmado que "la comisión se ha paralizado a causa de la triple pinza del PP y Ciudadanos, con la ayuda del PSOE".

Aunque, a cambio de este bloqueo, el PSOE ha votado a favor de prolongar los trabajos de la comisión hasta diciembre, esa ampliación del plazo de los trabajos de investigación ha de ser ahora aprobada por la Mesa del Congreso, donde los mismos partidos que han impedido que se cite a los comisarios gozan de la mayoría absoluta.

PP, C's y PSOE se oponen a llamar ahora a los comisarios de los que hablaron el exministro Fernández Díaz y De Alfonso cuando comparecieron ante la comisión

El argumento de que no hay materiales documentales que permitan llamar a declarar a Eugenio Pino o a Fuentes Gago es aún más inconsistente tras las declaraciones ante la comisión del exministro Fernández Díaz y de su interlocutor en las grabaciones desveladas por Público, puesto que ambos reconocieron que sus encuentros fueron organizados por esos dos altos mandos policiales. Además, Fuentes Gago es mencionado expresamente en esas grabaciones, que han sido remitidas a la comisión por la Fiscalía General del Estado, a la que Público hizo entrega de los audios íntegros.

En cuanto a Villarejo, él mismo se ha declarado –ante notario– partícipe de la Operación Cataluña y autor de diferentes notas internas policiales, sin membrete ni firma ni número del autor, que fueron empleadas para esos montajes policiales contra partidos y dirigentes políticos, que son el principal objeto de la investigación.

La comisión del Congreso también ha solicitado a Público todos los materiales de sus exclusivas periodísticas a lo largo de los últimos dos años: no sólo las grabaciones íntegras de las conversaciones de Fernández Díaz con De Alfonso –cosa que ya ha hecho–, sino todas las demás piezas de documentación (audios, vídeos, documentos, correos electrónicos, whatsapps, etc.– que ha ido publicando nuestro diario. En breve, la comisión contará con todos esos materiales –en su versión íntegra, y no sólo los fragmentos ya publicados–, de forma que quedará más que claro que es preciso llamar a declarar a los comisarios e inspectores cuyas comparecencias han solicitado Podemos, ERC y PDeCAT.

Y en el contenido de esos materiales íntegros –que Público hará también llegar puntualmente a sus lectores– aparecerán nuevos escándalos hasta ahora no conocidos.