Así es la vía legal para frenar la especulación de los fondos buitre que Ayuso no pone en marcha

Más Madrid ha presentado una Proposición No de Ley en la Asamblea regional en la que reclama al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que "habilite los mecanismos necesarios" para ejercer el derecho al tanteo y retracto, con el que podría detener la compra de un bloque de 54 viviendas en la calle Tribulete, 7 de Lavapiés, en la capital, por parte de un fondo buitre.

Esta operación inmobiliaria es una más de las que la socimi Elix Rental Housing, dirigida por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, planea llevar a cabo con otros edificios de Madrid, amenazando la permanencia de cientos de inquilinos, a los que no renovará los contratos de alquiler para reformar las viviendas y alquilarlas a precios mucho mayores a los actuales.

En el texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso Público, Más Madrid recuerda que el derecho de tanteo y retracto es "una herramienta" que permite al Gobierno madrileño "tanto la adquisición preferente de los inmuebles como el retracto que deja sin efecto una operación". De este modo, la Comunidad de Madrid tendría la posibilidad no solo de paralizar la compra de los inmuebles, sino también de adquirirlos para aumentar su parque de vivienda pública.

"La Comunidad de Madrid podría impedir estas operaciones inmobiliarias que expulsan a los vecinos"

"Estas operaciones son inversiones que no aumentan la oferta, sino que inflan los precios de la que ya existe o incluso la reducen al incrementar la vivienda turística, que también incide en el aumento de precios del alquiler", argumenta el partido dirigido por Manuela Bergerot. 

Para Más Madrid, estas "inversiones mayoristas" tienen una "naturaleza especulativa que empujan los precios al alza y acaban afectando negativamente al conjunto de la ciudadanía madrileña en el acceso asequible de una vivienda" en un contexto nacional y regional de "crisis estructural en el acceso a la vivienda", como ya denunció el Consejo de Europa el pasado 23 de mayo.

Aplicar la Ley de Vivienda

Sin embargo, para que la Comunidad de Madrid pudiera ejercer el derecho de tanteo y retracto, debería desarrollar una Ley de Vivienda, ya que actualmente es una de las pocas autonomías que no cuenta con una legislación autonómica en la materia, a pesar de que las competencias en vivienda están trasferidas a las comunidades autónomas.

"Si la Comunidad de Madrid tuviese una Ley de Vivienda autonómica similar a la que tienen otras Comunidades Autónomas, hoy podría impedir estas operaciones inmobiliarias que expulsan a los vecinos, quiebran la vida de los barrios, suben el precio de la vivienda e impactan negativamente al conjunto de la población madrileña", apunta la proposición.

Actualmente, la Comunidad de Madrid solo puede ejercer este derecho cuando la operación de compraventa afecta a suelos o bloques completos de vivienda que tienen algún tipo de protección pública, tal y como regula la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 2001. Esta norma no sería aplicable a los casos de Elix Rental Housing, ya que son edificios propiedad de particulares.

El diputado de Más Madrid Jorge Moruno recuerda en declaraciones a Público que la Comunidad de Madrid sí podría haber frenado otras compras especulativas por parte de grandes fondos de inversión, como Blasckstone, en ciudades como Getafe, Alcorcón o Torrejón de Ardoz. En este caso, sí eran viviendas protegidas adquiridas en bloque por el fondo buitre, que ha generado cientos de procesos de desahucio de los inquilinos, a los que se niega a renovar los contratos y les impone fuertes subidas del alquiler.

El PP ya lo aplica en València

El PP siempre ha criticado o, incluso, recurrido al Tribunal Constitucional la figura del tanteo y retracto. No obstante, ha terminado por aplicarla en algunas comunidades y ayuntamientos en los que gobierna. El Consistorio de València, por ejemplo, ampliará su parque de vivienda pública con un edificio entero de 131 pisos viviendas que ha adquirido por esta vía.

El proceso fue iniciado por el anterior Gobierno local liderado por Compromís, aunque la actual corporación, en manos del PP, la ha llevado a término gracias al decreto autonómico aprobado por el anterior Gobierno regional.

"Lo que permite o impide que todos esos vecinos y vecinas sean expulsadas de sus casas en beneficio de una operación especulativa no es otra cosa que la voluntad política para tener una Ley de Vivienda. No hacerlo es intervenir negativamente en las vidas de las familias y hacerlo en favor de un fondo especulativo", asegura la proposición.