Podemos ha detallado este martes en qué consiste su propuesta para atajar la especulación en el mercado de la vivienda, justo el mismo día en que se abre la consulta a su militancia (que durará hasta el próximo sábado) para convertir esta propuesta y la ruptura de relaciones con Israel en dos líneas rojas en la negociación de Presupuestos con el Gobierno.

El encargado de desgranar las medidas de la formación morada ha sido su portavoz en el Congreso de los Diputados, Javier Sánchez Serna. La propuesta apunta en general a la reducción de los precios del alquiler en un 40%, y las vías para lograrlo son varias y distintas, en función de la situación de cada contrato de arrendamiento en el mercado.

Para las renovaciones o prórrogas de los contratos de arrendamiento existentes, Podemos pide una rebaja del 40% respecto al contrato anterior. En caso de nuevos contratos, la rebaja sería también del 40%, pero respecto al último contrato asociado a ese inmueble.

En el caso de inmuebles que nunca hubieran sido objeto de contratos de alquiler, el precio será el 60% del alquiler mediano reflejado por el sistema estatal de referencia del precio del alquiler de la vivienda.

Estas medidas se aplicarían en todos los municipios mayores de 200.000 habitantes, y en todos los municipios, independientemente de su población, que hayan visto incrementado el precio de sus alquileres en un 35% respecto a la mediana.

Las empresas de 'desokupación', ilícitas por delitos de odio

La propuesta de Podemos no se limita sólo a la intervención por ley de los precios del alquiler. Con el objetivo de poner coto a la especulación, Serna ha explicado que "quien compre una vivienda deberá vivir en ella cuatro años al menos, y a partir de ahí podrá ponerla en alquiler. Cualquier otro tipo de compra que no sea para uso residencial o para un familiar hasta de segundo grado no debe ser permitida".

El diputado ha aclarado que habrá "excepciones" que permitan poner una vivienda en el mercado del alquiler antes de cuatro años desde que se haya adquirido el inmueble, pero sólo en caso de "situaciones sobrevenidas" y, además, estos alquileres tendrán que estar sometidos al alquiler social y serán supervisados por la administración.

Los de Ione Belarra piden también frenar la actividad de las denominadas "empresas de desokupación" a través de una ley para considerar esta "actividad violenta y coactiva" como delito de odio. En concreto, Podemos propone modificar los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal "para que estas actividades de intimidación sean consideradas como delitos de odio y se considere que estas empresas son asociaciones ilícitas", ha explicado Sánchez Serna.