La jueza del denominado caso Taula ha procesado al expresidente de la Diputació de València Alfonso Rus, al ex secretario autonómico Máximo Caturla y a otros antiguos cargos públicos por delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y falsedad documental por contrataciones irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en un auto notificado hoy la magistrada da diez días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas en las diligencias para que formulen escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias contra los dos encausados citados y otras 26 personas investigadas en la causa.

En la práctica, este auto es equivalente al procesamiento y constituye el paso inmediatamente anterior a la apertura de juicio oral en los llamados procedimientos abreviados.

La juez sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de València continúa así el procedimiento abreviado contra las 26 personas investigadas en relación a las contrataciones irregulares de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, que constituyen las piezas separadas B y F del denominado caso Taula.

Entre esos investigados figuran el que fuera presidente de la Diputació de València y del PP de esta provincia Alfonso Rus; el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla; los ex diputados provinciales Rafael Rubio (PSPV-PSOE), actual subdelegado del Gobierno en Valéncia, y Salvador Enguix (PP), dos exalcaldes y un exconcejal.

En noviembre de 2017, en una comparencencia en Les Corts para responder las preguntas de la comisión de investigación sobre la empresa pública Ciegsa, Alfonso Rus declaró: "Cuando tenía 30 años tenía un Porsche, cuando tenía 35 años tenía un Ferrari y un Mercedes. Contaban doce mil euros como si fuera [mucho]… ¡Pero es que [para mí] no lo era! Yo estaba en política porque quería estar en política y nada más. Da la impresión de que entras en política para hacerte rico, será alguien… Yo ya era rico. Quiero que sepan que yo era rico".

Pertenencia a organización criminal

La instructora considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal y de delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Según se recoge en la resolución, Alfonso Rus, su entonces jefe de gabinete, Emilio Llopis, el gerente de Imelsa, Marcos Benavent, y Máximo Caturla utilizaron dicha mercantil "en beneficio propio" y contrataron a trabajadores "para responder a favores solicitados por terceras personas".

En muchos de esos casos los empleados tenían la condición de asesores de miembros del consejo de administración de Imelsa, pero no desarrollaron ningún trabajo para la empresa. En la realización de estas contrataciones colaboraron presuntamente otros investigados como la entonces directora de Recursos Humanos y el director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc, respectivamente.

Según consta en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado unido a las actuaciones, esas incorporaciones de personal "se hicieron obviando el procedimiento que garantiza los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad" y tampoco respetaron las limitaciones impuestas en las Leyes de Presupuestos Generales entre los años 2009 y 2014.

La juez enumera a doce personas contratadas en este periodo en Imelsa por orden de Alfonso Rus que percibieron salarios sin haber desarrollado ningún trabajo efectivo para esa empresa de la Diputación. Entre esas doce personas, que están igualmente encausadas, figuran desde el alcalde de la localidad de Cofrentes, Raúl Mateo Ángel Balufo, hasta un jugador del Club Deportivo Olímipic de Xàtiva, el club de fútbol que presidía el propio Rus.

La instructora también cuestiona las retribuciones por productividad y dietas percibidas sin justificación entre los años 2011 y 2014 por Benavent, Esrihuela y Montblanch, que ascienden por el primero de los conceptos a 56.648, 97.125 y 82.162 euros, respectivamente.

El auto refiere otras cinco contrataciones presuntamente irregulares en Ciegsa, la empresa de la Generalitat dedicada a la construcción de colegios e institutos, cuyo consejero delegado entre 2003 y 2007 fue el también secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

Entre estos cinco contratados de Ciegsa entre los años 2004 y 2005 destacan el que fuera alcalde de la población de Llosa de Ranes por el PP Evaristo Aznar y el exconcejal del Ayuntamiento de Requena por este partido Manuel Gómez.