Las prisas rompen un Pacto de Toledo con medidas que consagrarían la era de los recortes

El adelanto electoral ha pasado como un ciclón por encima del Pacto de Toledo, rompiendo en mil pedazos la "armonía" de una comisión acostumbrada a trabajar con tiempo, cautelas y con un grado más de discreción que el resto de órganos del Congreso. La ruptura de las negociaciones han imposibilitado llegar a un "texto de consenso" sobre el que trabajar. Los únicos documentos disponibles son los borradores de las recomendaciones que, en líneas generales, mantienen la era de los recortes del PP: desde ampliar el cálculo de la pensión de jubilación a toda la vida laboral a defender la exigencia de cotizar 37 años para cobrar la pensión completa. 

La ruptura del Pacto ha dado paso en estos últimos días a los reproches cruzados, que dejan dos versiones del suceso. La primera, defendida por la mayoría de los partidos, es que Unidos Podemos ha dinamitado la comisión por querer mantener vivos sus votos particulares que, según estos grupos, representaban una "auténtica enmienda a la totalidad" del acuerdo. La segunda, sostenida por Unidos Podemos y ERC, es que el resto de grupos han intentado forzar una "foto de consenso" sobre un acuerdo inexistente en una materia tan sensible como la del sistema de pensiones. Pero en medio de los reproches, todos los grupos coinciden en una cuestión: las prisas provocadas por el adelanto electoral han roto la dinámica de trabajo de la comisión, una situación que ha desembocado en su ruptura total.

Si hace semanas que los miembros del Pacto auguraban un "acuerdo inminente", este miércoles también se admitía que la mayoría de las recomendaciones no estaban cerradas, y que harían falta algunos meses más para poder lograr un consenso estable. Eso sí, todos coinciden en que si no se hubieran adelantado las elecciones, habría acuerdo. "Estábamos a punto. Podíamos haberlo tenido antes de mayo", comentan desde Ciudadanos.

El plan de la mayoría de partidos era debatir los votos particulares y cerrar el acuerdo para que fuera a Pleno la semana que viene

Una vez avanzada la fecha de los comicios, fuentes de la comisión aseguran que el plan era conseguir que esta semana se cerrase el acuerdo, se debatieran los votos particulares y se incluyera en el Pleno de la próxima semana, una tarea "imposible", a juicio de Unidos Podemos, desde donde se insiste en que los acuerdos se llevan trabajando durante años. 

Público ha tenido acceso a todos los textos de las recomendaciones que, pese a lo afirmado por la mayoría de grupos políticos, ni siquiera tienen una redacción definitiva. Todos los documentos tienen párrafos enteros que se encuentran tachados y hay muchos puntos en los que no se concretan las medidas defendidas. Las reuniones del Pacto de Toledo se celebran a puerta cerrada, por lo que no se tiene acceso a los documentos y a las posiciones de los partidos en cada sesión. 

Ampliar el cálculo de la pensión a toda la vida laboral

El borrador de la recomendación cinco ha sido uno de los puntos más criticados. En el texto se defiende que "la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora -que culminará en 2022- implica un reforzamiento de la contributividad del sistema de pensiones". Sobre este punto, Unidos Podemos indica que en la memoria de la propia ley de 2011 se señala que la contributividad ha supuesto una reducción de las pensiones y que tiene un fuerte impacto negativo en las las mujeres, aumentando la brecha de género en las pensiones.

Aunque el punto más controvertido es el que establece que se amplía el cálculo de la pensión de jubilación a toda la vida laboral, aunque en el texto se establece también la posibilidad de que "el pensionista pueda escoger aquellos años de su carrera de cotización que le sean más favorables". Sin embargo, desde el grupo confederal insisten en que, por regla general, esto supone una disminución de la cuantía a recibir debido a la precariedad de la vida laboral. 

También se defiende la progresiva ampliación de 35 a 37 años del periodo cotizado necesario para alcanzar el cien por cien de la base reguladora. 

Aumentar la edad efectiva de jubilación

La recomendación doce, que trata la edad de jubilación, es otro de los puntos sobre los que hubo más controversia y es uno de los textos en los que hay más párrafos tachados y pendientes de modificación. Según fuentes de Unidos Podemos, sobre este punto anunciaron hace tiempo que presentarían voto particular por las diferencias existentes. El grupo confederal se negaba a aceptar en la recomendación la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años.

Unidos Podemos, al igual que ERC, han sostenido durante estos meses que la edad debería estar en los 65, como estaba establecido antes de la reforma de 2011 del Gobierno de Zapatero. 

Sin embargo, el borrador sobre el que se tendría que haber trabajado se establecía que “la Comisión considera que la prolongación de la vida profesional constituye una necesaria respuesta al alargamiento de la esperanza de vida a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en el largo plazo” y que la consecución de este objetivo pasa por “lograr que la edad de salida efectiva del mercado de trabajo se aproxime tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecido”. “Es necesario profundizar en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación”, insiste el texto.

La fuente de financiación de las pensiones

La separación de fuentes de financiación es otra de las recomendaciones que ha sido rechazada, según indican, porque limita la capacidad para financiar las pensiones. Esto dificulta cualquier cambio en el sistema de la recaudación fiscal para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones ya que al estar las fuentes de financiación separadas, las reformas siempre se acometen en la vía contributiva, impidiendo una reforma fiscal de calado.

Además, esto impide que el sistema de pensiones redistribuya la riqueza. "No compartimos la valoración positiva que según la Comisión ha tenido la separación de fuentes pues no ha contribuido al fortalecimiento financiero de sus cuentas y al reforzamiento de su doble lógica contributiva y solidaria", indican desde Unidos Podemos. Sólo por la vía contributiva no se puede garantizar la distribución de la riqueza, ya que para cumplir con esta función se debe incluir otras medidas de financiación como los Presupuestos. 

El Fondo de Reserva

El borrador de las recomendaciones del Pacto de Toledo también defiende destinar el 7% del gasto anual en pensiones contributivas a nutrir el Fondo de Reserva. Otro punto sobre el que Unidos Podemos ha puesto un voto particular. "El Fondo de reserva no debe recuperarse y destinar al mismo los excedentes de recaudación de cuotas, y menos aun cuando se hace a costa de reducir las pensiones. Y además cuando solo sirve para atender desequilibrios coyunturales que deben ser asumidos por el Estado", indican desde el grupo confederal. 

Al contrario de la recomendación, se defiende que se deben garantizar otras formas de sostener el sistema público de pensiones que, además, debe ir encaminado a mejorar las cuantías. 

Sistemas complementarios de pensiones

Otro de los principales puntos con los que Unidos Podemos se muestra más crítico es el que recoge la recomendación 16, referida a los sistemas complementarios al sistema público de pensiones, es decir, aquellos que se refieren, en general, a los fondos de ahorro privados. En los borradores que maneja la comisión se constata que estos sistemas complementarios han tenido un recorrido "insuficiente y satisfactorio".

Por eso, la recomendación 16 apuesta por su "implantación efectiva", aunque "atendiendo a la recuperación de los salarios y al fortalecimiento de la negociación colectiva", para lo que mantiene la recomendación de "dotar de estabilidad y neutralidad al actual modelo de previsión social complementaria". En esta línea, la Comisión subraya la conveniencia de impulsar, de forma preferente, "los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el denominado segundo pilar del modelo de pensiones, y que prioritariamente habrán de ser sin ánimo de lucro".