Unidas Podemos quiere conformar un gobierno de coalición para garantizar estabilidad política y una agenda progresista. El PSOE, de momento, se niega a esta fórmula, quiere gobernar haciendo uso de la "geometría variable" y sólo ha abierto la puerta a plantear la incorporación de algunos miembros de Unidas Podemos al Ejecutivo. Cómo acabará la negociación es difícil de prever: se esperaba una reunión de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez esta semana. No se ha convocado, hay pocos contactos entre las formaciones y los socialistas tienen pensado negociar gobiernos municipales y autonómicos con Ciudadanos. El partido morado teme que Sánchez vuelva a mirar a su derecha y pacte con el partido de Albert Rivera, aunque Ciudadanos sigue vetando al presidente en funciones. 

Los motivos de Unidas Podemos para defender un Gobierno de coalición se pueden justificar con la experiencia de las legislaturas pasadas. La inestabilidad política que tuvo el PSOE al gobernar tras la moción de censura se demostró cuando los partidos catalanes decidieron no apoyar los Presupuestos de 2019 y se convocaron las elecciones. Los socialistas ahora cuentan con 123 diputados pero aún así no tienen mayoría en el Congreso para llevar a cabo iniciativas parlamentarias por sí solos y enfrentarse a la derecha. De hecho, PP, Ciudadanos y Vox suman 147. E Iglesias ya ha avisado en varias ocasiones que si no forman un Gobierno de coalición tendrán, como poco, estos diputados en su contra dejando su apoyo en el aire.

La experiencia de Zapatero durante su legislatura también visibiliza las complejidades de la geometría variable. El socialista consiguió legislar durante un tiempo apoyándose en varias formaciones pero pronto empezaron las complicaciones. Antes de que llegar a la mitad de su segunda legislatura los diferentes líder políticos rechazaron esta fórmula: "El objetivo de este Ejecutivo es la supervivencia, no gobernar ni mucho menos legislar", resumió el portavoz del PNV en el Congreso Aitor Esteban. Izquierda y derecha aseguró entonces que la "escasa producción legislativas" de estos años se debía a la inestabilidad parlamentaria del Gobierno por la debilidad de los socialistas al no ser mayoría.

Pedro Sánchez no cumplió lo firmado con Pablo Iglesias

El ejemplo de los incumplimientos de los presidentes del Gobierno es aún más claro. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron en octubre un pacto que abarcaba más allá de los Presupuestos de 2019. Una batería de medidas y reformas ajenas a las Cuentas del Estado que suponía todo un programa político para revertir buena parte de las políticas y de los recortes de Mariano Rajoy, pero el Ejecutivo no aprobó casi ninguna de las medidas con las que se comprometió el presidente más allá de la subida del Salario Mínimo Interprofesional a los 900 euros.

Aunque el Congreso rechazó los Presupuestos, muchas de las medidas firmadas podían haberse llevado aprobado desde octubre hasta la convocatoria de elecciones. Para algunas contaban con mayoría en el Congreso y para muchas otras ni siquiera se iniciaron los trámites o las conversaciones con el resto de grupos parlamentarios. Por el camino se quedaron algunas medidas como la regulación de los precios del alquiler (que no se incluyó en el decreto de vivienda) o de la factura de la luz, la prohibición de la publicidad de las casas de apuestas, la revalorización de las pensiones al IPC, el plan de choque en dependencia para reducir las listas de espera y en ciencia o la promesa de retirar las medallas a Billy el Niño.

Entre el grupo confederal de Unidas Podemos se preguntan si hubo realmente voluntad del Gobierno de hacer estos cambios porque había reformas que estaban a punto de llegar; la derogación de la ley mordaza a las reformas más regresivas del Código Penal o blindar el "sólo sí es sí". Estos cambios se comparan con lo que sucedió con el voto rogado. "No hubo prisa", aseguran. Se esperó a tener consenso en la Cámara Baja hasta que finalizó la legislatura y las medidas cayeron.

Rajoy y Díaz no cumplieron con los pactos de investidura

Los pactos de investidura con Ciudadanos suponen otro ejemplo de que los presidentes no cumplen lo que pactan. A principios de 2018 Ciudadanos, fortalecido por las encuestas que vaticinaban muy buenos resultados, rompió con el PP por "incumplimientos" del pacto firmado. Aparte del momento estratégico que el partido aprovechó, Albert Rivera decía la verdad.

Del documento que llamaron 150 compromisos para mejorar España apenas se aprobaron la mitad de las medidas. El PP no cumplió con reivindicaciones 'estrellas' de Ciudadanos como la reforma del régimen electoral, la despolitización de la elección del Fiscal General del Estado, la eliminación de los aforamientos o la reforma de la financiación autonómica. Aún menos con la erradicación de ‘falsas SICAVS’, la separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la reforma del sector eléctrico o la introducción de la ‘mochila austriaca’.

Además de estas propuestas 'best seller' de Ciudadanos, el PP estando en el poder tampoco cumplió con el compromiso de separar de las instituciones de forma "inmediata" a "los cargos públicos imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción". El PP mantuvo a la senadora Pilar Barreiro, investigada en el caso Púnica. El pacto también preveía que no se concederían indultos a "personas condenadas por corrupción". El Gobierno de los conservadores indultó en 2017 a un exconcejal y cinco funcionarios implicados en el caso Horas Extra del Ayuntamiento de Rota.

Este esquema estatal se repitió en Andalucía. Ciudadanos, mientras seguía creciendo en las encuestas, decidió romper el pacto con Susana Díaz por "incumplimientos". Otra vez era verdad y el PSOE no llevó a cabo, por ejemplo, la eliminación de los aforamientos autonómicos que fue la reclamación más sonada de Ciudadanos y que precipitó el fin de la legislatura. La presidenta socialista dijo que "no daba tiempo" a hacer esta reforma, aunque ya antes había tenido tiempo suficiente para llevarla a cabo. Tampoco aprobaron una nueva Ley electoral cuando se habían comprometido a realizar una reforma para garantizar la proporcionalidad, las listas abiertas y la reducción de los gastos electorales en un 50%. Ciudadanos señaló una "falta de voluntad" de los socialistas.

Los últimos pactos de Portugal con la derecha

El ejemplo de Gobierno de izquierdas en Europa, Portugal, perdió fuerza el pasado julio. El Ejecutivo de António Costa dejó a un lado a sus aliados de izquierdas — el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués (PCP) — y pactó con la derecha la reforma laboral. Los dos partidos de izquierdas votaron en contra la nueva normativa. Tampoco contó con el apoyo de los sindicatos que avisaron a Costa de romper el acuerdo social que firmaron anteriormente y mostraron su apoyo a las enmiendas del Bloco. Fue el Partido Socialdemócrata (PSD) el que se abstuvo en la votación de la reforma para que saliera adelante. 

No ha sido la única vez. El primer ministro portugués amenazó con dimitir si el resto de partidos aprobaban la ley que reconocía los años de congelación de las carreras de los profesores. Hasta el último momento todos los partidos habían votado a favor de la recuperación de la antigüedad de los maestros. Pero la derecha del PSD y CDS cambiaron el sentido de su voto. La izquierda mantuvo su posición apoyando la misma reivindicación de los profesores que inundaron durante esos días las calles de Portugal. 

El futuro del gobierno minoritario socialista hasta el final de la legislatura no es claro. La división entre las izquierdas ha ido creciendo durante los últimos meses y aún hay leyes, como las de Salud o Vivienda, que el Gobierno quiere sacar adelante pero aún no cuenta con los apoyos del Bloco y del PCP. Volver a mirar a su derecha, a pesar del acuerdo de investidura, es la otra opción.