Más de tres semanas después del estallido del caso Pegasus, y después de las comparecencias en sede parlamentaria de la ministra de Defensa, Margarita Robles; la exdirectora del CNI, Paz Esteban; y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y a la espera de que rinda cuentas ante el hemiciclo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía quedan en el aire muchas dudas planteadas por las diferentes fuerzas del arco parlamentario, tanto por parte de los socios, como del resto de partidos afectados y oposición.

Sombras sobre cuestiones protegidas bajo la llave de la ley de secretos oficiales y la ley del CNI, pero que arrecian en virtud de los sucesos y decisiones políticas que se han sucedido y trascendido, como las explicaciones de la que fuera hasta el pasado martes la máxima autoridad de los servicios de inteligencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso y su cese toda vez que se ha conocido que los móviles de Pedro Sánchez, Robles y Fernando Grande-Marlaska también fueron infectados por el programa israelí Pegasus.

Aunque estos casos están ahora en manos de los tribunales, bajo el secreto de las investigaciones, el rechazo de PSOE, PP, Vox y Cs a la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre este escándalo de espionaje político ha motivado que los grupos, sobre todo los afectados, continúen pidiendo explicaciones al Ejecutivo, así como la desclasificación de documentos reservados que afecten al caso Pegasus y una reforma de la ley de secretos oficiales.

Desde Moncloa se han empeñado en los últimos días en hacer gala de su "transparencia" en este asunto. Para ello pusieron sobre la mesa diferentes hitos a desarrollar. Bolaños consideró zanjado esta semana el "control interno" que debería efectuar el CNI con la comparecencia de Esteban, reemplazada por Esperanza Casteleiro, mano derecha de Robles en Defensa. Lo que le queda por delante al Ejecutivo, según explicó la portavoz Isabel Rodríguez este viernes, es la "colaboración con la Justicia", así como con la investigación puesta en marcha por el Defensor del Pueblo. El Gobierno también está dispuesto a desclasificar la información sobre los independentistas, pero solo si lo autoriza un juez. 

Otro asunto pendiente relacionado con Pegasus, nada menor, es encauzar las relaciones con ERC y, especialmente, con el Govern de Catalunya. Sánchez y Pere Aragonès acordaron reunirse en persona hace una semana. Pero de momento no hay novedades sobre el encuentro. "Les daremos cuenta de la reunión cuando la conozcamos", expresó este viernes Rodríguez en rueda de prensa.

¿Quién espió?

Una de las principales incógnitas es saber quién está detrás del espionaje tanto a los miembros del Gobierno como al resto de dirigentes y activistas relacionados con el independentismo. En el caso del Ejecutivo, Bolaños declaró que se trataban de intervenciones "ilícitas y externas". No obstante, la fecha en la que los dispositivos móviles fueron infectados (entre el final de la primavera y el inicio del verano de 2021), en plena crisis diplomática con Marruecos, elevan las sospechas sobre el país vecino. Moncloa no concede, ni en público ni en privado, ningún señalamiento en ese sentido. 

En cuanto a la otra pata del espionaje, el revelado por el estudio de Citizen Lab, a tenor de lo señalado en la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso, el CNI investigó a 18 personas con autorización judicial, entre las que se encuentran el president de la Generalitat, Pere Aragonés, pero se desconoce quién ejerció esta acción sobre el resto de personas que aparecen en la lista (al menos 65). 

¿Cuándo supo el Gobierno que había sido espiado?

La versión oficial de Moncloa es que no conoció el espionaje a Sánchez y Robles hasta el fin de semana del 31 de abril y el 1 de mayo. El Ejecutivo reconoce que la alerta por el espionaje a los independentistas les hizo mover ficha para analizar los dispositivos móviles de sus integrantes. Sin embargo, desde hace bastante tiempo se conocía, mediante diferentes publicaciones en medios de comunicación, sospechas de otros intentos de hackeo. Especialmente sonaron mucho los casos de los teléfonos de los exministros Juan Carlos Campo y Arancha González Laya. El Gobierno mantiene aún a día de hoy que esos hechos no los tiene constatados. 

Sin embargo, grupos políticos como EH Bildu ya habían preguntado sobre este presunto espionaje anteriormente. Y, de hecho, el propio Gobierno reconoció que estaba investigando el tema en el mes de marzo, aunque semanas después esquivó dar más detalles en base a la ley que protege las informaciones del CNI. Según publicaron varios medios, la exministra de Exteriores fue espiada también en 2021, en fechas similares a las de Sánchez y Robles. 

¿Por qué se espió a independentistas con autorización judicial?

La exposición motivada de las autorizaciones judiciales para intervenir el móvil de los 18 líderes independentistas sigue arrojando dudas. Tras la cita parlamentaria del pasado 5 de mayo en la que Esteban puso a disposición de los grupos la documentación del CNI, algunos portavoces presentes señalaron que los motivos eran "puramente políticos". Sin embargo, aún no han trascendido las causas concretas que justifiquen dicha intervención por parte de los servicios de inteligencia, más allá de que se produjera en el momento en el que el Parlament de Catalunya declaró la independencia.

Las cloacas del Estado, ¿detrás del resto de escuchas?

Al término de la Comisión sobre Fondos Reservados, varios diputados confirmaron que Esteban se había desligado del espionaje al resto de personas vinculadas al independentismo que aparecen en la lista publicada por The New Yorker, apuntando que podría proceder de otros organismos del Estado, tal como interpretó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

La larga sombra de las cloacas del Estado, las estructuras parapoliciales que han operado al margen de la legalidad vigente formadas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con acceso a herramientas y armas de alta sensibilidad, planea sobre estos casos, según han trasladado los representantes de las fuerzas independentistas y el resto de aliados parlamentarios del Gobierno.

¿Quién compró Pegasus? ¿Cuándo? ¿Con qué dinero?

Tampoco se ha aclarado, de nuevo por las reservas de la propia ley, si el Estado español o alguno de sus organismos ha comprado el sistema Pegasus. Según informó Público, el Gobierno de Mariano Rajoy, a través de las cloacas del Ministerio de Interior, adquirió con fondos reservados este software israelí en 2014.

A tenor de estas informaciones, se habrían encargado de esta operación el director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, junto a su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, y bajo las órdenes del exministro, imputado por la Justicia, Jorge Fernández Díaz. La intención era que la brigada política dirigida por el comisario José Manuel Villarejo lo usara para espiar a dirigentes independentistas. Si el CNI tiene o no actualmente el sistema Pegasus no ha sido revelado de manera oficial. Medios como El País sí han publicado que los servicios de inteligencia compraron hace años el software para usarlo en el extranjero. 

¿Por qué se ha cesado a la directora del CNI?

Los grupos aseguran que siguen quedando muchas incógnitas sobre el cese, ya que desde el Gobierno la encargada de anunciar esta decisión tras el Consejo de Ministros, Margarita Robles, hablaba de "sustitución" y, a pesar de reconocer "errores", evitó relacionar la destitución de Esteban con el espionaje. Más tarde, el líder del Ejecutivo justificó su cese al admitir que había habido "un fallo en las comunicaciones del Gobierno", aunque las derechas han afeado la decisión tomada por Moncloa y la vinculan con el espionaje a los independentistas, pues, por otra parte, ha ayudado a rebajar las tensiones con la Generalitat de Catalunya.