“Es posible que algunas de las personas que se concentraron ayer ante la sede del PSOE, en noviembre de 2023, lo hiciera también ante la sede del PP en marzo de 2004”. Es la primera reacción oficial del Partido Popular a las protestas ultras contra la amnistía frente a las sedes socialistas que este lunes en Madrid se saldaron con hasta tres detenidos. “Entonces fue el PSOE quien mandó a la gente a protestar a Génova diciendo ‘España no merece un Gobierno que le mienta’”, continúan las mismas fuentes populares. 

Desde Génova comparan así las manifestaciones del 13 de marzo de 2004, en plena jornada de reflexión de las elecciones generales. Tres días antes se había producido el atentado del 11M en la línea de Cercanías de Madrid cuya autoría, en un primer momento, el PP atribuyó a ETA. Fue un atentado terrorista yihadista que causó 192 muertos y más de 2.000 heridos.  Aquella mentira de José María Aznar y Mariano Rajoy desencadenó las protestas. 

Casi veinte años después, el PP equipara ambos escenarios. Así, los populares acusan al Gobierno de “obligar” a los agentes “a tratar las personas que estaban en la calle como si fueran CDR”.  “Y lo hicieron de manera injusta, suponemos que aplicando la vigente "Ley Mordaza". Nuestro apoyo a los agentes es compatible con nuestra crítica a los mandos del Ministerio del Interior socialista”, afirman desde Génova.

El PP evita así condenar estas concentraciones, jaleadas por la dirección nacional de Vox y convocadas por el nuevo frente joven de la extrema derecha, y se limita a defender sus convocatorias “pacíficas”. Aunque, eso sí, muestran su preocupación por el efecto que puedan tener: “La forma de protestar contra las indignas negociaciones del PSOE es hacerlo de manera que Pedro Sánchez no logre que se desvíe la atención de su indecencia”.

Este martes, en una entrevista en el programa Espejo Público (Antena 3), el vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, en la misma línea, ha acusado a los socialistas de quejarse “amargamente” y “de manera desproporcionada”.  “Defendemos la libertad de manifestación, pero tiene que ser serena, ordenada y contundente. Es lo más eficaz para conseguir los fines que se pretenden”, ha dicho Sémper.