El PP insistirá en frenar la voluntad del Congreso pese al fracaso de su estrategia por partida doble

Lo intentó, pero no lo logró. Al menos, de momento. La autonomía del Congreso y su potestad legislativa prevalecieron después de que el Tribunal Constitucional aplazara para el próximo lunes su decisión sobre el recurso presentado por el PP. Con él, los populares pretendían frenar la tramitación parlamentaria de la reforma para desbloquear la renovación del propio tribunal de garantías.

La modificación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la del Tribunal Constitucional (LOTC) estaba incluida en la norma ómnibus aprobada este jueves por una amplia mayoría absoluta de la Cámara Baja, que abarca además la derogación de la sedición, la reforma de la malversación y la creación de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos, entre otras medidas.

El debate de la iniciativa impulsada por PSOE y Unidas Podemos, aunque se llegó a producir (su celebración estuvo en el limbo hasta minutos antes de su comienzo), fue bronco, así como la votación. La patata caliente de la reforma se traslada al Senado, pero su procedimiento legislativo puede verse afectado ahí si el tribunal de garantías así lo decide. En cualquier caso, los de Feijóo ya han avisado de que, de llegar a aprobarse en la Cámara Alta (está prevista para el próximo jueves), presentarán un recurso de inconstitucionalidad.

Al inicio de la sesión plenaria extraordinaria para abordar la ley en el Congreso, los portavoces del PP, Vox y Cs tomaron la palabra desde su escaño para tratar de parar el debate parlamentario. Pero este nuevo intento volvió a verse frustrado. "Al Congreso no se le ha comunicado ni la interposición de un recurso ni ninguna resolución tomada por el TC al respecto, por lo que no hay razón ni obstáculos para continuar con el procedimiento legislativo previsto", respondió con contundencia la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.

Batet, quien fue acusada por Inés Arrimadas de emular a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al permitir en 2017 el pleno que declaró la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), afeó este símil: "Obviaré las comparaciones personales porque no podemos hacer de esto una cuestión personal". Por último, lanzó un alegato en defensa de "la autonomía parlamentaria, de la potestades legislativas de esta Cámara y del debate que no responde más que a una democracia deliberativa".

Con estos mimbres, de nuevo el griterío copó otro debate en el hemiciclo. Acusaciones cruzadas entre bancadas y numerosas referencias al intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. "Intentaron parar la democracia con tricornios y hoy lo han intentado con togas", espetó el diputado del PSOE Felipe Sicilia a los populares.

Y prosiguió: "La democracia en nuestro país solo ha estado en peligro con la derecha; estuvo en peligro en el 36, con un golpe militar que acabó con la democracia; estuvo en peligro en el 23-F, que Tejero no era de izquierdas; y la derecha sigue poniendo hoy día en peligro la democracia con esos discursos de odio y bloqueando las instituciones".

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, tomó la palabra para desprenderse de esas acusaciones: "El 23 de febrero de 1981 gobernaba el centro derecha y estaba sentado aquí cuando se produjo un golpe de Estado", recordó. "¡Qué vergüenza si les escucharan tantos socialistas que se sentaban en esa bancada!", añadió la 'número dos' de Feijóo.

Pero estas alusiones estuvieron presentes en los discursos de otros portavoces, y también lo sucedido en el Parlament catalán hace cinco años. "Hablo con el miedo de que entre Tejero con toga, porque ya no entran con pistolas, entran con toga", señaló el representante de ERC Gabriel Rufián. "Nunca más se debe subcontratar a los jueces para lo que tiene que ver con nosotros y con nosotras", incidió e insistió en que la voluntad de su partido es "vehicular el anhelo" de dos millones de personas en Catalunya. "Lo que proponemos es que se vote", apostilló.

El diputado del PNV Mikel Legarda defendió tanto las modificaciones del Código Penal como la reforma para "superar el espurio bloqueo del TC por obra del PP". "Se ha dicho que no procede cambiar las reglas para solucionar un conflicto político. En nuestro grupo, pensamos lo contrario: si es posible solucionar un grave conflicto político de convivencia a través del cambio de las normas, merece la pena cambiarlas".

Asimismo, las críticas hacia "los sectores ultras atrincherados en los poderes del Estado", como aseguró el parlamentario de EH Bildu Jon Iñarritu, también tuvieron un hueco importante en la tribuna. Con todo, el clima desencadenado por el recurso del PP propició la reprimenda final de Batet antes de la votación. "Las reiteradas faltas de respeto a los servicios de esta Cámara, a la Mesa y a la Presidencia son intolerables. Y les pido por favor que cesen en ello". 

La reforma fue aprobada por 184 'síes', 64 'noes' y una abstención, pero quedaba pendiente una nueva aparición de Gamarra, que pidió tomar la palabra para dejar constancia de que su grupo no votó (ni tampoco Ciudadanos) al considerar que la votación "no debería haber tenido lugar". Ahí se acabó el día legislativo en el Congreso, que comenzó con incertidumbre y aún no se sabe cómo acabará este intento de "golpe a la democracia" la próxima semana.