PP, Cs y Vox logran controlar la Cámara de Cuentas de Andalucía justo cuando le toca fiscalizar al Gobierno de Moreno

A los cuatro consejeros nombrados a propuesta de Vox, PP y Ciudadanos que bloquearon el funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía les ha salido, por el momento, bien la jugada y han logrado el objetivo que pretendían con su actuación: controlar el órgano que fiscaliza las cuentas de la Junta de Andalucía en un momento clave, cuando los informes y estudios ya empiezan a versar sobre la actividad del Gobierno que preside Juanma Moreno (PP).

Lo han hecho a costa de dividir y de llevar la confrontación política a una institución que, con sus más y sus menos, ha cumplido hasta ahora un papel profesional en la fiscalización de las cuentas del Gobierno andaluz. Para colocar a Carmen Núñez –nombrada a propuesta de Ciudadanos– en la presidencia de la Cámara (será la primera mujer que presida la institución) y a Sandra Garrido en la vicepresidencia –a propuesta del PP–, Ciudadanos y PP han reventado un acuerdo firmado con el PSOE al principio de la legislatura en el que se recogía que Antonio López –elegido a propuesta del PSOE– presidiría el órgano hasta el final de su mandato, que los socialistas interpretaban que finalizaba en 2022, tres años después de su nombramiento, como recoge la ley.

El presidente de la Cámara de Cuentas tiene que ser consejero, según exige la ley. La estratagema jurídica impulsada por el PP –considerar que el pasado mes de febrero cuando López renovó como consejero raso a propuesta del PSOE no existió continuidad, sino que concluyó un mandato y comenzó otro– fue ratificada luego por el letrado mayor de la Cámara, Ángel Marrero, en un informe elaborado ad hoc para la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Ciudadanos).

La vocación institucional del hasta ahora presidente, Antonio López, que asumió con entereza el golpe, permitió desbloquear el órgano después de que se hiciera público ese trabajo del letrado.

Este jueves, en un Pleno duro y tenso, en el que Núñez y Garrido fueron elegidas por cuatro apoyos frente a tres, López intervino y anunció la presentación de un voto particular en contra de la convocatoria y manifestó haber recibido "coerciones" de Manuel Aguilar, el secretario general de la institución, un hombre de Elías Bendodo, la mano derecha del presidente de la Junta, Juanma Moreno, según fuentes parlamentarias. López también expuso, en defensa de sus tesis, un dictamen del catedrático de Derecho Constitucional, Eloy García López. En defensa del ya expresidente, con el argumento central de que fiscalizador y fiscalizado no pueden ser afines, también intervino Daniel Albarracín, consejero nombrado a propuesta de Adelante Andalucía. Este, según fuentes parlamentarias, argumentó también que se habían producido presiones fuera de lo normal y que había faltado neutralidad en algunos actores. Y también que la candidatura de Núñez no había venido precedida de diálogo.

Al terminar el Pleno, López le envió un escrito a Bosquet y a los portavoces de los grupos parlamentarios, en el que le expresaba lo siguiente: "Considero la convocatoria de este Pleno [en el que fue elegida Núñez] nula de pleno derecho. [...] Di instrucciones al Secretario General para que procediera a cursar esta convocatoria por la coerción sufrida en estas semanas por parte del mismo". López añade que Aguilar ha ejercido un "evidente abuso de posición". El ya expresidente remacha: "En definitiva, he convocado este pleno por lealtad institucional con el Parlamento y el criterio interpretativo que de él ha emanado, y que sin embargo, no comparto". A continuación, explica López que su voto en contra de Núñez no es por ella, "sino contra el acto en sí de la elección de nueva persona titular de la presidencia".

El PSOE siente que el PP y Ciudadanos lo han traicionado con esta maniobra y que en las conversaciones se habló expresamente de que el mandato de López duraría tres años, como marca la Ley de la Cámara de Cuentas, un extremo que niega el PP. Los socialistas andan muy mosqueados con este asunto y tardarán un tiempo en sentarse para buscar consensos de nuevo con la derecha. "Moreno, con una actitud dictatorial, lleva a cabo el asalto a la Cámara de Cuentas. Deja claro que no es de fiar, no cumple ni lo que firma", dijo el portavoz parlamentario del PSOE, José Fiscal. Las fuentes consultadas no descartan que todo este embrollo acabe en los tribunales. "Vamos a llegar donde tengamos que llegar", agregó Fiscal..

La Cámara de Cuentas es un órgano clave de la autonomía y durante el mandato de López, catedrático de la Universidad de Granada en Economía Financiera y Contabilidad, nombrado en 2011 a propuesta del PSOE, ha cumplido con profesionalidad con su tarea, con duros y nada complacientes informes sobre la gestión de los fondos públicos, sobre todo en el ámbito de la Consejería de Empleo, epicentro de la corrupción en la etapa de Manuel Chaves como presidente.

Carmen Núñez, profesora de Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de Sevilla, inicia de este modo su mandato con los consejeros divididos y con un antecedente que no invita precisamente a pensar en un trabajo posterior de unidad: el informe sobre los contratos de la RTVA de la etapa socialista, en que los cuatro consejeros de la derecha consideraron que se habían producido ilegalidades y los tres de la izquierda manifestaron en un voto particular que no.

El informe del letrado Marrero

Marrero, en su informe, interpretó, en la misma línea argumental del PP que la previsión recogida en la Ley de la Cámara de Cuentas que establece que el mandato del presidente "será de tres años" y podrá ser reelegido es tan solo "la determinación del tiempo máximo del mismo": "No establece ni exige, por tanto, que la duración del mandato deba, en todo caso, alcanzar ese tiempo fijado". Así, el letrado afirma que "una de las causas de extinción del mandato [del presidente] con anterioridad al transcurso del considerado plazo de tres años se produce en los supuestos en que, con anterioridad a ese momento, se produce la finalización de su mandato como consejero".

Añade el letrado que el presidente "ha de ser necesariamente" consejero de la Cámara. "De este modo –remacha Marrero– la conclusión del mandato como consejero determina automáticamente la conclusión de su mandato como presidente. Quien ha concluido su mandato como consejero [no] puede mantener vigente su mandato como presidente. [Ambas cuestiones] están indisolublemente unidas". Sin embargo, Antonio López es hoy consejero. Fue renovado en ese cargo en febrero. Ese es el momento clave para el letrado mayor quien interpreta no que haya una continuidad, sino que concluyó un mandato y comenzó otro.

En su informe, el letrado mayor también considera, de un modo sorprendente y que parece, en este caso, más un análisis político de aires salomónicos que jurídico, que ninguno de los miembros de la Cámara de Cuentas ha incumplido sus obligaciones, a pesar de que los consejeros de PP, Ciudadanos y Vox, no asistieron a varios Plenos y el presidente decidió no convocar más hasta que no se resolviera la situación: "No se aprecia la existencia de responsabilidad disciplinaria alguna en la actuación del presidente o de los consejeros de la Cámara de Cuentas".

En contra de estos argumentos, están los expresados por el catedrático García López. En su trabajado dictamen, elaborado a instancias del expresidente de la Cámara, y en el que rechaza la interpretación del letrado del Parlamento, se afirma con toda rotundidad lo siguiente: "La situación es muy clara, a día de hoy el Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía es don Antonio López, que no ha sido cesado por el Presidente de la Junta de Andalucía, como tampoco su cese ha sido publicado en el BOJA".

"La posición que sostiene [López] es la más acorde y coherente con el principio de inamovilidad y continuidad del cargo (art. 25.1 de la Ley y 31.2 del Reglamento). Principio de inamovilidad que, en suma, es corolario del principio de independencia funcional del órgano y de la propia Cámara de Cuentas", remcha el catedrático.