La reciente estrategia del Partido Popular y de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados de promover y encabezar un pacto de Estado como defensa ante el clima de tensión política y la presión social generados por la proliferación de casos de corrupción protagonizados por responsables públicos choca frontalmente con la actitud mostrada por la formación conservadora durante la actual legislatura en el ámbito parlamentario. El parlamento español no ha podido investigar desde 2012 ninguno de los casos graves de corrupción política y económica que han alarmado a la sociedad.

Y no es porque no haya habido interés por parte de diferentes grupos parlamentarios, todos ellos situados a la izquierda del arco parlamentario, quienes reiteradamente han solicitado la creación de esta modalidad de control contemplada en el artículo 52 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Pero la mayoría absoluta que detenta el grupo parlamentario popular en ambas cámaras lo ha impedido sistemáticamente, sin la más mínima concesión.

Los populares también han rechazado por norma la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para debatir sobre asuntos espinosos relacionados con casos de corrupción. Rajoy tan solo accedió a asistir, a regañadientes, a una sesión plenaria específica de la Cámara baja para debatir sobre el caso Bárcenas el día 1 de agosto del pasado año , fuera del periodo ordinario de sesiones (y en el Senado, por estar el Congreso en obras). Lo hizo tras publicarse los SMS entre él mismo y su extesorero en los que le transmitía ánimos ('Sé fuerte, Luis. Hacemos lo que podemos', le decía) y un duro editorial del Financial Times en el que se reclamaba que diera explicaciones. El ambiente se hizo irrespirable y Rajoy tuvo que ceder.

Pero aquel 'mal trago', como lo ha definido a Público un veterano parlamentario popular, ya es agua pasada. El PP ha vuelto a hacer uso de su mayoría absoluta este mismo jueves al vetar en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados la convocatoria de un pleno extraordinario para la semana próxima para debatir sobre la proliferación de casos de corrupción en los estamentos de la administración pública o protagonizados por políticos de todo nivel.

Esa actitud no ha sido una excepción; es la norma. En los casi tres años consumidos por la actual legislatura el grupo parlamentario popular ha rechazado en 15 ocasiones la creación de comisiones de investigación solicitadas por los grupos socialista y de La Izquierda Plural, éste con el apoyo del grupo Mixto, siempre para tratar asuntos relacionados con la corrupción política y económica.

En concreto, los socialistas han pedido la formación de cuatro comisiones de investigación con el fin de esclarecer otros tantos temas que han desatado ríos de tinta y decisiones polémicas. La primera de ellas fue sobre el proceso de nacionalización de Bankia, en la primavera de 2012. La siguiente fue, en las primeras semanas de enero del pasado año, sobre la amnistía fiscal decretada por el Gobierno que benefició a no pocas fortunas personales con millonarias sumas, de origen más que dudoso, la mayoría en paraísos fiscales. Las dos últimas peticiones, en la segunda mitad de 2013, se dirigían a investigar las finanzas del PP, especialmente tras conocerse el contenido de los papeles de Bárcenas , y las relaciones entre las cuentas de la formación conservadora y la gestión de Caja Madrid. Todas ellas fueron rechazadas sin paliativos y con argumentos ciertamente circunstanciales.

Por su parte, la Izquierda Plural ha formalizado diez solicitudes de creación de comisiones de investigación, seis de ellas con una misma idea: conocer en profundidad la financiación de todos los partidos con representación parlamentaria con el fin de esclarecer la procedencia de sus ingresos y acabar con los focos de corrupción. En cuatro ocasiones la petición fue expresa y en otras dos las peticiones fueron planteadas como una resolución de los debates sobre el estado de la nación y como una moción tras una interpelación al Ejecutivo. Esta formación de izquierdas, con el apoyo imprescindible del grupo Mixto dado el escaso número de diputados, planteó otras cuatro comisiones de investigación para conocer a fondo la gestión que llevó a numerosas cajas de ahorro a ser intervenidas por el Banco de España. Tampoco en este asunto, tan relacionado con la corrupción como se ha demostrado recientemente por la actuación de la justicia, hubo suerte. El PP siempre dijo que no.

A todas estas comparecencias han que añadir la que solicitado ayer mismo ERC y que ha pasado al resto de los grupos de la cámara para que la suscriban. Un portavoz de la formación independentista catalana estima que el trámite no prosperará, 'pero el PP debe retratarse una vez más ante todos los ciudadanos', ha dicho a Público.

En cuanto a las peticiones de comparecencia del presidente Rajoy para debatir en sesiones puntuales asuntos con la corrupción como asunto principal la historia se repite. Los socialistas en el Congreso de los Diputados han solicitado su presencia en el hemiciclo en siete ocasiones diferentes, entre enero y noviembre del pasado año; todas, siempre relacionadas con la financiación irregular del PP, quedaron en papel mojado.

La Izquierda Plural también pidió la presencia del presidente del Gobierno el pasado año para que explicara su relación con los papeles de Bárcenas y la presunta financiación ilegal del partido que preside. No hizo caso a esta solicitud, que retrasó hasta llegar el mes de agosto A todas ellas han que añadir la que ha sido rechazada este pasado jueves tanto por socialistas como por La Izquierda Plural, con idéntico resultado.

Este erial del actual mandato del PP no ha sido siempre así. En la etapa de Aznar como presidente del Gobierno hubo 'concesiones' a la hora de crear comisiones parlamentarias de investigación sobre asuntos peliagudos: Gescartera y el escándalo de los pagos europeos a la producción de lino. En la última legislatura de Felipe González en la Moncloa también se celebraron dos comisiones de investigación sobre asuntos polémicos y relacionados con la corrupción de personajes públicos: la comisión Roldán y la de Mariano Rubio, ex gobernador del banco de España.

Pero la actitud del PP en el Congreso de los Diputados no es aislada. Para muestra este botón: en la Comunitat Valenciana, un territorio que ha sido estigmatizado como referente de la corrupción, el PP sigue a rajatable ese modus operandi. El grupo socialista ha presentado en las Corts Valencianes un total de 22 periciones de creación de otras tantas comisiones de investigación, todas ellas sobre asuntos de corrupción política o presuntas malversaciones de dineros públicos por parte de la administarción autonómica: Fórmula 1, proyectos temáticos, licencias de TDT, el caso Blasco... Ninguna ha prosperado, claro. El PP también tiene mayoría absoluta en esta cámara autonómica.