Si hay algún político o política que debe ser consciente de lo expuesto que está a recibir alguna que otra embestida judicial es sin duda un alcalde o alcaldesa o sus concejales. Pasa en pueblos y en ciudades. Es lo que tiene la gestión de proximidad, la más agradecida porque se puede ver con facilidad la labor realizada y sus efectos en vecinos y vecinas. Pero también la más ingrata porque recibir las iras de los descontentos también es mucho más fácil. Y siempre hay alguien a quien no le gusta como se ha hecho la nueva calle o que se haya permitido tal o cual actividad molesta. Y todo el mundo tiene derecho a defender sus intereses incluso delante de los tribunales.

Pero eso es una cosa y otra bien diferente lo que pasa de un tiempo a esta parte en Barcelona donde un alud de querellas contra el Ayuntamiento pone de manifiesto que los poderes fácticos de la capital catalana han puesto sitio judicial a la obra del Gobierno de Ada Colau. Algunas causas incluso se han reabierto en los juzgados a pesar de haber sido cerradas previamente por otras instancias judiciales. Una intensa actividad judicial contra el Ayuntamiento que abarca todo tipo de decisiones municipales y que comporta que más de un cargo de Barcelona en Comú hable ya de lawfare, o lo que es lo mismo, instrumentalización de la justicia con fines políticos o ideológicos.

El último caso reabierto

La última acometida judicial en llegar esta misma semana es la protagonizada por un fondo de inversión inmobiliario. La Audiencia de Barcelona ha obligado a reabrir una investigación contra Colau, y otros dos concejales, por los expedientes sancionadores abiertos a un fondo de inversión inmobiliario que hizo desahuciar a varios vecinos de un bloque del barrio barcelonés del Poble-Sec. El llamado Bloc Llavors. En 2019 el fondo Vauras se negó a ofrecer alquiler social a seis familias vulnerables afectadas y el consistorio, aplicando la ley de vivienda catalana vigente, le sancionó con 417.000 euros. La empresa se querelló contra Colau y otros cargos por ocho delitos, pero la magistrada instructora archivó el caso al considerar que el ayuntamiento había hecho cumplir la ley catalana de emergencia habitacional. Ahora la Audiencia obliga al juzgado a reabrir el caso con acusaciones de presuntas coacciones y prevaricación de los cargos municipales contra la empresa inmobiliaria.

La magistrada del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona inadmitió a trámite la querella, con el acuerdo de la fiscalía, al considerar que no existía ningún indicio de hechos delictivos y tampoco se especificaban qué documentos o hechos serían los delictivos. Vauras recorrió la inadmisión en noviembre del 2020 al considerar que debían practicarse diligencias de investigación contra Colau, el concejal del distrito de Sants-Montjuïc y de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, la concejala de Vivienda, Lucía Martín, y una funcionaria. Ahora otra instancia judicial reabre el caso.

El Ayuntamiento defiende que aplicó la ley y asegura que "es un caso clarísimo de especulación inmobiliaria", en palabras de Lucía Martín. Por su parte, Serra ha señalado que de lo que se les acusa realmente es "de aplicar la legislación de vivienda, que protege los derechos de los vecinos". "No podíamos hacer otra cosa que aplicarla para que los vecinos desahuciados por el fondo de inversión tengan derecho a un alquiler social y lo hagamos tanto por convicción como por obligación legal", indicó. Serra ha lamentado que se dé "una situación del mundo al revés", ya que a su juicio quien debería estar dando explicaciones es el fondo de inversión "que ha acabado desahuciando a familias en situación de vulnerabilidad".

Colau: "Ningún fondo buitre ni ningún especulador conseguirá asustarnos"

Ada Colau se reafirma en lo que asegura ha venido a hacer como alcaldesa de Barcelona: "Defender los derechos fundamentales y el bien común", aunque expresa la sorpresa por la reapertura de un caso se había archivado. La alcaldesa asegura que el Ayuntamiento seguirá colaborando con la justicia, demostrando que no se ha producido ningún delito y que se ha aplicado la ley "escrupulosamente". Pero sobre el cúmulo de querellas contra su Gobierno, Colau asegura que no evitarán que "sigamos defendiendo más que nunca los derechos de la ciudadanía por encima de los intereses de quienes sólo quieren obtener el máximo rendimiento económico especulando con bienes de primera necesidad, como la vivienda". "Ningún fondo buitre ni ningún especulador conseguirá asustarnos", afirma con rotundidad la alcaldesa.

'Lawfare', cerca de veinte querellas y cuatro motores

Fuentes municipales aseguran que esta nueva acción judicial "no es nada nuevo", ya que "se han interpuesto una decena de denuncias como esta contra miembros del gobierno municipal" y confían en que, como el resto, la del bloque de la calle Lleida acabará también archivada. En realidad se aproximan ya a la veintena las causas judiciales presentadas. Y fuentes de cargos del Gobierno de la máxima confianza de Colau no esconden una cierta preocupación por esta ofensiva judicial. "Estamos tranquilos desde el punto de vista jurídico pero el objetivo es hacer ruido para entorpecer y desgastar al Gobierno municipal de Colau", aseguran.

Las querellas contra el Gobierno de Colau tienen cuatro frentes muy claros: elementos del sector inmobiliario y de los fondos de inversión ligados a este sector; grandes empresas de servicios; algunos actores del sector turístico; y el lobby del sector de la automoción. Y se fundamentan en una dura lucha de esos poderes fácticos contra las políticas del Gobierno municipal para hacer frente a la especulación inmobiliaria y la defensa del derecho a la vivienda, remunicipalización de servicios, regulación de la masiva y descontrolada actividad turística –frenada durante la pandemia pero que Barcelona está recuperando a marchas forzadas–; y reordenación urbanística y de tráfico para reducir la circulación de vehículos y la contaminación.

Sector servicios esenciales

Esta ofensiva judicial en los frentes mencionados se plasmaría en casos concretos como las querellas contra el concejal Eloi Badia por el proyecto de remunicipalización del agua, que fueron archivadas en el 2018. En este sector, la última demanda fue delante del Tribunal de Cuentas contra Ada Colau, y el mismo Eloi Badia, además de dos trabajadoras municipales. La querella fue archivada el 30 de junio de 2021.

Otro ejemplo sería el de un servicio tan esencial como la salud dental. El proyecto de intentar garantizar un acceso universal a la salud bucodental ofreciendo la atención de clínicas con servicios municipales también encontró en frente a las clínicas privadas, que recurrieron el proyecto. La sentencia, que les daba la razón, por invadir el Ayuntamiento "competencias impropias", fue a su vez recurrida por el gobierno municipal, al entender que la salud de los vecinos también es competencia municipal, y está pendiente de resolución. En cualquier caso el debate sobre la necesidad de garantizar la asistencia sanitaria básica bucodental de forma universal quedó establecido.

Sector turístico

En el sector turístico destacan las querellas de propietarios de hoteles de lujo contra la teniente de alcaldía Janet Sanz por diversos motivos regulatorios que fueron archivadas en el 2018 y 2019. Entre ellos destaca el proyecto del llamado Hotel Drassanes al cual no se le concedió licencia por incumplimiento de la normativa municipal y el grupo promotor interpuso una querella que fue archivada.

De hecho, el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) fue una herramienta regulatoria de la que se dotó el Ayuntamiento para hacer frente a la proliferación de alquileres turísticos ilegales y para poner freno al monocultivo turístico en la ciudad de Barcelona, particularmente en el céntrico distrito de Ciutat Vella. Esta herramienta municipal pionera –que luego sirvió de inspiración a ayuntamientos como el de Madrid– se enfrentó en su momento al recurso de siete empresas hoteleras. Los recursos prosperaron, pero el PEUAT, corregidas cuestiones de forma, se volvió a aprobar en enero de este año. Aun así, el Gremio de Hoteleros lo ha vuelto a recurrir.

Sector inmobiliario

En cuanto al sector inmobiliario los llamados "fondos buitres" son el ariete fundamental contra el Gobierno municipal. Como ejemplo ya hubo una primera demanda en el anterior mandato contra la exconcejal Gala Pin por uno de esos fondos acusado de moobing inmobiliario en el céntrico y humilde barrio del Raval. Y que fue archivada en el 2019. Otra importante demanda es la que se presentó contra Ada Colau, Lucía Martín, Marc Serra y la responsable del departamento de Disciplina de Vivienda e Inspección por el desahucio del ya citado Bloc Llavors que fue archivada en el 2020 y que este lunes la Audiencia de Barcelona ha reabierto.

Y es que no es ningún secreto que una de las prioridades del Gobierno de Barcelona en Común –Colau y otros miembros de su equipo provienen del activismo habitacional– es la defensa del derecho a la vivienda digna y la promoción de vivienda pública, combatiendo la especulación inmobiliaria. Entre otras políticas, el Ayuntamiento estableció una ordenanza por la que el 30% de las nuevas promociones tenía que estar reservada a vivienda social. Esta medida para garantizar el acceso a la vivienda fue recibida con un recurso de la Cambra de la Propietat. Ahora, sin embargo, es una ordenanza que está inspirando la ley estatal para establecer esta reserva de vivienda social.

Sector automovilístico

Y finalmente, tampoco se han salvado las medidas de regulación del tráfico. La de más envergadura es la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que tumba la Zona de Bajas Emisiones. Una amplia zona que incluye Barcelona y su primera corona metropolitana –delimitada aproximadamente por las rondas de circunvalación– en que se había prohibido el tráfico de vehículos que producen un exceso de contaminación, básicamente por su antigüedad. Una medida en que también participan la Generalitat y otros municipios catalanes.

La sentencia, que no es firme y está recorrida de momento por el Ayuntamiento de Barcelona, fue fervorosamente aplaudida por el Gremi del Motor, la patronal catalana del sector de la automoción. Se da la paradoja que esta medida se puso en marcha por la exigencia de la Unión Europea que obliga a Barcelona y otras ciudades a rebajar su alto nivel de contaminación bajo amenaza de fuertes multas. Con lo cual la anulación por parte de la justicia española entra en contradicción con las directivas europeas, de obligado cumplimiento.

En este ámbito automovilístico destaca otra querella interpuesta contra la nueva reordenación del tráfico de la llamada Superilla del Eixample. Un sistema de dirección del tráfico que permite pacificar los barrios respecto del exceso de tráfico y liberar en las calles zonas de juego y ocio vecinales. La demanda ha sido interpuesta por una autodenominada Plataforma Salvem Barcelona. E incluso se podría añadir la demanda de la gran patronal Foment y el lobby comercial Barcelona Oberta contra las obras de remodelación de la céntrica Via Laietana, que acaba de comenzar. O la querella presentada por el grupo municipal de Junts por los bloques de hormigón que han servido para delimitar en las calles espacios de improvisadas terrazas para los restauradores afectados por la Covid con los cierres o limitaciones de interiores. La demanda fue archivada en abril de 2021.

Colau, en la diana de la imputación

Los poderes fácticos se han movido judicialmente de forma prioritaria en defensa de sus intereses y privilegios. Pero eso no quiere decir que no haya algunas actuaciones que tienen en su objetivo una figura clave, la alcaldesa. Ada Colau es sin duda una prioridad en esta ofensiva judicial. Por poner un ejemplo, la denuncia de Ciudadanos (Cs) en el Tribunal de Cuentas contra Ada Colau por supuestas irregularidades en la contratación menor del Ayuntamiento, archivada en 2020.

Pero destaca especialmente la demanda presentada por los llamados Abogados por la Constitución acusando a Colau y su Gobierno de presuntas irregularidades en las subvenciones otorgadas a entidades sociales como por ejemplo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). U otras que trabajan contra la pobreza energética, etc. Entidades que de hecho ya eran subvencionadas antes de que Colau llegara a la alcaldía de Barcelona.

La querella en cuestión fue desestimada por la fiscalía y archivada el 30 de julio de 2021. Pero una nueva denuncia por los mismos hechos, esta vez por una denominada Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, ha sido admitida a trámite por un juez que llevó a la alcaldesa a tener que declarar el pasado 4 de marzo, abriendo un proceso judicial con una cierta incertidumbre a un año de las elecciones.

Poderes económicos molestos, pero no con el PSC

Demasiadas querellas para ser casualidad y que no tenga nada que ver con el hecho de que el año 2015 Barcelona en Comú tomara las riendas de la ciudad con un cambio de prioridades y de forma de actuar en la relación con los poderes fácticos. "Este gobierno se puso al lado del interés general para proteger la ciudad de la especulación con un mensaje claro: en la ciudad se puede hacer negocio, pero la prioridad es la defensa de las vidas y los derechos de las vecinas y vecinos de Barcelona", aseguran fuentes del Gobierno municipal. Que añaden: "Esto ha molestado a grandes poderes económicos que han puesto en marcha una estrategia de desgaste a través de querellas que están más pensadas para conseguir titulares que para cualquier otra cosa".

Unos poderes que, por cierto, paradójicamente tienen una magnífica relación con los socios de Barcelona en Comú en el Gobierno municipal, el PSC de Jaume Collboni. De momento todas las querellas han quedado en agua de borrajas. Pero queda un año para las elecciones municipales y habrá que ver el impacto y la intensidad que la estrategia lawfare tiene en la nueva carrera hacia la alcaldía de Barcelona, en que a pesar de no haberlo explicitado aún, todo el mundo da por hecho que contará por tercera vez con Ada Colau como una de las principales candidatas.