Este viernes, 4 de marzo, estaba marcado en rojo en el calendario político municipal de Barcelona. La razón es que la alcaldesa, Ada Colau, ha tenido que declarar en sede judicial como investigada, tras la querella que presentó contra ella una asociación sin actividad en la ciudad que la acusa de varios delitos en la concesión de subvenciones a entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Observatori DESC. En sede judicial, la también líder de Barcelona en Comú (BComú) ha negado ninguna irregularidad y, posteriormente, en una comparecencia ante los medios en el ayuntamiento se ha mostrado convencida que el caso quedará "en nada" y se archivará. Pero, sobre todo, ha señalado las motivaciones políticas de lo que ella y su partido ven como una lawfare –guerra judicial– de determinados lobbies que quieren detener sus políticas.

"Estaba muy tranquila porque no tenemos nada que ocultar y creo que la declaración ha ido muy bien", ha comentado Colau, para añadir que "ha quedado muy claro que estamos hablando de unos hechos en los que no hay caso, que ya habían sido denunciados hace un año en una querella calcada por otra asociación fantasma y ya habían sido archivados". Ante los medios, la alcaldesa ha subrayado que detrás de estas querellas hay motivaciones políticas, que buscan "no sólo atacarme a mí y a lo que represento, sino también erosionar la legitimidad social de las entidades" mencionadas en la denuncia [Enginyers sense Fronteres y la Aliança contra la Pobreza Energètica, además de la PAH y el Observatori DESC, las cuáles han recibido en total 2,6 millones municipales desde 2014].

"No permitiremos que las querellas de entidades fantasma cuestionen el trabajo imprescindible que hacen estas entidades", ha recalcado Colau. También ha recordado que el grueso de querellas y denuncias que ha recibido su equipo de gobierno hasta el momento –11, todas archivadas– proceden fundamentalmente del sector inmobiliario o del agua, punto en el que ha citado explícitamente a Agbar, la compañía que controla el servicio en la ciudad –y en gran parte de su área metropolitana– y de la que considera que está detrás de la actual querella. Básicamente, porque la entidad que la ha interpuesto –la desconocida asociación Transparencia y Calidad Democrática–, ya actuó para paralizar el reglamento de participación de la ciudad, que en primer término tenía que servir para preguntar a los ciudadanos sobre el modelo de gestión del agua.

"Hay una ofensiva para intentar bloquear la acción democrática de este ayuntamiento, pero no lo conseguirán. No van a asustarnos y vamos a seguir defendiendo el bien común, el derecho a la vivienda y el derecho al agua", ha advertido Colau, para quien "es pertinente que un ayuntamiento plantee la gestión pública del agua", un servicio que ahora mismo representa un negocio enorme fundamentalmente en manos privadas.

Estrategia de "'lawfare'"

Previamente, en su declaración en sede judicial, Colau ha defendido su gestión y la de su equipo de gobierno en la concesión de subvenciones a las cuatro entidades sociales. La alcaldesa de Barcelona se ha limitado a contestar a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía, que archivó una denuncia similar el pasado julio –de una entidad también "fantasma" representada por el mismo bufete– pero no a las de la asociación querellante. Además de subrayar que las cuatro entidades ya recibían subvenciones antes de su llegada a la alcaldía, Colau ha detallado que en 2020 el consistorio introdujo estas ayudas en su presupuesto ordinario, para dejar de darlas de manera extraordinaria a través de convenios bianuales, siguiendo la recomendación del interventor municipal. La líder de Barcelona en Comú también ha negado que participara en la tramitación de los expedientes de subvención, ya que las competencias están delegadas en el área de derechos sociales.

La asociación Transparencia y Calidad Democrática, que ha desarrollado una nula actividad pública en la ciudad, la acusa de destinar arbitrariamente fondos públicos a organizaciones que sitúa en la órbita de los Comuns: la PAH, que tuvo a Colau de portavoz; el Observatori DESC, en el que trabajó antes de su salto a la política; la Aliança contra la Pobresa Energètica y Enginyeria Sense Fronteres, y le atribuye los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude. Estas entidades reciben financiación municipal desde el 2014, cuando el alcalde era Xavier Trias, entonces en CiU.

Tanto la alcaldesa como su partido, Barcelona en Comú, atribuyen la querella a una estrategia de lawfare –guerra judicial–, protagonizada por grandes poderes económicos que intentarían instrumentalizar los mecanismos judiciales con fines y objetivos políticos, en este caso hacer caer a Colau. De hecho, la formación considera que detrás de la asociación querellante estaría Agbar, la multinacional que gestiona el agua en la capital catalana y en la mayoría de municipios del área metropolitana, molesta por los intentos de BComú de municipalizar el servicio.

El centenar de personas que se ha concentrado a las puertas de juzgado en apoyo a Colau lo han hecho con un lema muy explícito: "Agbar vs democracia". A su lado también había una veintena de concentrados de Vox que pedían la dimisión de la alcaldesa. A la espera de la resolución del caso, todo el proceso se ha puesto en marcha cuando falta poco más de un año para el final del mandato y sin que Colau haya confirmado todavía si optara a la reelección, una opción a priori cada vez más probable teniendo en cuenta que Barcelona en Comú no cuenta ahora mismo con ninguna alternativa que garantice los apoyos ciudadanos que suma la alcaldesa.

Precedente archivado

La defensa de Colau, ejercida por los abogados Àlex Solà y Olga Tubau, se muestra confiada en que el juez llegue a la misma conclusión que la Fiscalía y cierre el caso. Solà ha recordado que la Fiscalía ya archivó el año pasado una denuncia similar presentada por otra entidad con poca actividad, Abogados Catalanes por la Constitución, que también le atribuía irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades. Tanto esta denuncia a la Fiscalía como la actual querella están presentadas desde el mismo despacho de abogados, situado en Granada.

El Ministerio Público llegó a la conclusión que las subvenciones se habían otorgado de manera correcta y no había razones para anularlas. En este sentido, BComú cree que el resultado final será el mismo que en las 11 querellas y denuncias presentadas en los últimos años contra Colau y otros miembros del gobierno, es decir, el archivo.

Para Solà no hay indicios de delito en estas subvenciones y ni tan siquiera hay ninguna irregularidad administrativa, de manera que, si en vez de optar por la vía penal, la entidad hubiera presentado un recurso contencioso-administrativo, "no se hubieran anulado", porque están tramitadas tal como marca la ley. El concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha añadido, además, que la participación de la alcaldesa con relación a las subvenciones es "casi inexistente", porque ni tan siquiera se encarga de firmar su concesión, algo que ha ratificado Colau en el juzgado. El partido insiste que las subvenciones "siempre pasan por un procedimiento reglado, por los servicios jurídicos, la intervención [municipal] y auditorías externas".

La asociación Transparencia y Calidad Democrática considera que las irregularidades se cometieron al tramitar las ayudas mediante la concesión de subvenciones extraordinarias y no a través de procesos de convocatoria pública, a los que se hubieran podido presentar otras entidades.