Ada Colau, tiene marcado en su agenda el 4 de marzo como día de tribunales. Es la fecha señalada por el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona para que la alcaldesa de Barcelona declare como imputada para responder sobre una querella por la concesión de subvenciones de forma presuntamente irregular a determinadas organizaciones de los movimientos sociales, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la cual fue portavoz en Catalunya antes de entrar en política.

El caso no tendría más trascendencia que esperar la resolución judicial como tantos otros procesos al entorno de la gestión del dinero público si no fuera porque esta misma querella fue desestimada por la fiscalía hace unos meses y, a pesar de ello, ahora ha sido reabierta de nuevo por un juzgado. Y también porque es la undécima querella que reciben Colau y su gobierno municipal de sectores ideológicamente y con intereses confrontados con las políticas de los comuns.

Las diez primeras fueron archivadas y cabe esperar, por los antecedentes, que la actual acabará igual, pero la suma de demandas lleva a dirigentes de Barcelona en Comú a hablar de verdadera "telaraña judicial" contra Colau y su formación política en un intento de acoso y derribo de la actual alcadesa de la capital catalana.

Públicamente se muestran convencidos de que todo acabará en agua de borrajas, pero en privado manifiestan inquietud por "el intento de perjudicar la imagen de Colau" y desgastarla políticamente. Es decir, por un episodio de lawfare o de instrumentalización de los mecanismos judiciales con fines y objetivos políticos. Una guerra judicial, hablando en plata, que, viendo los niveles de politización de la justicia o de judicialización de la política que se observan en el Estado español en general y con especial intensidad en Catalunya, hace que se pueda esperar cualquier cosa.

Estrategia de 'lawfare'

Para Barcelona en Comú esta "estrategia de lawfare" es "un ataque directo al debate democrático". "Lo que está en juego es que la ciudadanía y sus representantes políticos escogidos democráticamente puedan o no decidir sobre las cuestiones que les afectan. Se trata de una cuestión de salud democrática y de defensa de derechos y libertades", aseguran.

Las once "emboscadas" judiciales –en palabras de un dirigente de los comuns– contra Colau y su gobierno municipal provienen de tres sectores predominantemente, según explican estas mismas fuentes: empresas privadas concesionarias contrarias a la remunicipalización de servicios públicos, holdings inmobiliarios y hoteleros enfrontados con el Ayuntamiento de Barcelona por su política de vivienda y grupos de interés en forma de asociaciones con afinidades ideológicas hacia la extrema derecha.

La undécima querella que llevará a Colau a testificar como imputada proviene precisamente de este último sector. Tiene su origen en una autodenominada y desconocida Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) que acusa a Colau y su equipo de presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones y le atribuye los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

La querella de ATCD, que ahora ha admitido a trámite el juzgado número 21, se presentó en diciembre. Pero en marzo del pasado año los también autodenominados Abogados Catalanes por la Constitución –de tendencia ultraderechista– denunció a la fiscalía unos hechos similares, investigación que fue archivada por el Ministerio Público en julio. La asociación denunció que diversas subvenciones por valor de 3,4 millones de euros al Observatorio DESC (de supervisión de derechos fundamentales) –entidad donde Colau trabajó con anterioridad a dedicarse a la política -, la PAH –de la cual fue portavoz-, la Alianza contra la Pobreza Energética e Ingeniería Sin Fronteras eran presuntamente irregulares.

La asociación incluía en su denuncia acusaciones de prevaricación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y malversación y atribuía el hecho de que fueran subvenciones directas al objetivo de sortear una licitación abierta o un concurso. Y además de Colau la querella incluía otros miembros del gobierno municipal. La Fiscalía optó en aquel momento por archivar el caso. Ahora, no solo se ha reabierto la misma causa, sino que la Fiscalía Anticorrupción se podría hacer cargo de la cuestión y Colau tendrá que declarar al respecto.

El código ético y el rechazo a dimitir

En el plano político, se ha abierto un frente de exigencia de dimisión por parte de algunos sectores mediáticos y políticos que aseguran que Colau incumpliría el propio código ético de Barcelona en Comú en caso de imputación. Pero según la formación, la situación actual en ningún caso obliga a Colau a la dimisión. "El Código Ético de Barcelona En Comú concreta que la dimisión debe ser sólo en casos en los que haya un presunto ánimo de lucro personal". En el caso actual no existe ninguna acusación de este tipo, puntualizan desde la formación política. "Lo que se está investigando son subvenciones a entidades que concede la Comisión de Gobierno como órgano colegiado", recuerdan. Y apuntan que muchas de estas subvenciones ya se otorgaban en la etapa anterior a Colau bajo la alcaldía del convergente Xavier Trias.

Uno de los grupos municipales más duros con Colau ha sido el de Junts que en palabras de su portavoz, Elsa Artadi, asegura que "exigimos la máxima transparencia y celeridad y la máxima colaboración por parte del gobierno municipal y su alcaldesa para que no haya ninguna sombra de duda", añadió. El partido ha subrayado que Barcelona "merece y necesita saber" que no se ha cometido ninguna irregularidad ni se ha malversado ningún euro en el consistorio.

"La ciudad debe ser referente en políticas transparentes y debe tener una política de tolerancia cero con la corrupción", añadió, a la vez que recordaba que Colau aprovechó en su día electoralmente acusaciones falsas de corrupción aparecidas en El Mundo en plena campaña electoral contra Trias dándolas por buenas. Por su parte, el PP y Ciudadanos han pedido la dimisión de Colau como alcaldesa.

Colau se defiende y contraataca

Ada Colau se muestra convencida de "la intencionalidad política" de la querella y ha desarrollado una contraofensiva mediática con diversas comparecencias públicas en que ha declarado que "estos hechos ya se archivaron y ahora es raro que aparezca una asociación que nadie conoce y lo denuncie de nuevo".

"Ya llevamos diez querellas archivadas y esperamos que pase lo mismo con esta", afirmó Colau, quien expresó "total tranquilidad" ante la citación. Por el momento, añadió, el único dato que tiene es que los hechos por los que se la cita se archivaron por parte del ministerio público y defiende que en el Ayuntamiento se ha actuado correctamente.

Por otra parte, Colau ha remarcado que la entidad que se ha querellado, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), no tiene actividad conocida en la ciudad de Barcelona pero por el contrario, añadió, es conocida por haber presentado enmiendas al reglamento de participación para impedir una consulta sobre la municipalización del agua y una querella contra el Ayuntamiento de Valladolid relacionada también con la municipalización del agua.