La imagen es chocante: un presidente del Tribunal Constitucional (TC) que se quita la toga, las puñetas y el collar de magistrado de la corte de garantías y se enfunda en el traje de consejero de una multinacional que cotiza en el Ibex 35. Una transición que no encuentra impedimento legal pero que provoca estupefacción, en un momento además en el que hay un claro consenso político y social para evitar las puertas giratorias.

Es el caso de Pedro González-Trevijano, de 66 años, que en enero de 2023 se despidió del Constitucional, después de haber sido su presidente, y en noviembre de ese año fichó como consejero de dos filiales de la aseguradora Mapfre, la única de ese sector que forma parte del principal índice de la Bolsa española.

Ahora, González-Trevijano, nombrado magistrado del Constitucional por el gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y que fue designado presidente del tribunal en noviembre de 2021, compagina su sillón en los consejos de administración de Mapfre España y Mapfre Vida con un nuevo cargo, el de consejero de Aenor, grupo especializado en servicios de certificación en el sector industrial y en el de servicios. 

Concretamente, se incorpora como consejero independiente de la Corporación Confidere, sociedad matriz que agrupa a las distintas líneas de negocio de Aenor, según ha informado la empresa.

Un legado criticado

Catedrático de Derecho Constitucional y exrector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), de Madrid —un centro vinculado al PP—Pedro González-Trevijano fue uno de los presidente del Tribunal Constitucional (TC) más controvertidos que se recuerda en la corte de garantías. 

Bajo su presidencia, entre noviembre de 2021 y enero de 2023 — con seis meses de mandato caducado—, el TC, con los votos de la mayoría conservadora, impidió por primera vez que el Senado votara una iniciativa legislativa, en diciembre de 2022, admitiendo las medidas cautelarísimas que pedía el PP.

Se trataba de una reforma legal con la que la mayoría parlamentaria pretendía desbloquear la renovación del TC, ante el boicot interno de los conservadores, liderados por el presidente González-Trevijano.

En definitiva, se quería evitar que cambiaran las tornas y que se impusiera en el Constitucional una mayoría progresista, como posteriormente ocurrió, después de nueve años y medio de mayoría conservadora. La resistencia al cambio dentro del TC fue muy intensa. Incluso González-Trevijano y Antonio Narváez, otro magistrado conservador, participaron en la votación sobre sus propias recusaciones, para rechazarlas y garantizar así la mayoría para paralizar la tramitación parlamentaria anteriormente mencionada.

González-Trevijano, que firmó la ponencia que declaró inconstitucional el confinamiento por la pandemia en el primer estado de alarma, dando la razón a Vox, llegó al TC de la mano del gobierno de Mariano Rajoy, en junio de 2013, como parte del cupo del Ejecutivo.

Junto a él Rajoy también designó a Enrique López, que luego fue consejero de Justicia de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso. López tuvo que renunciar a su asiento en el Constitucional cuando se abrió causa penal contra él tras dar positivo en un control de alcoholemia.

El polémico amparo del Constitucional

González-Trevijano también tuvo un encontronazo con la Justicia, que posteriormente resolvió el propio Tribunal Constitucional.

Ocho meses antes de su designación para el tribunal de garantías, el rector de la URJC lograba el amparo del propio Tribunal Constitucional. González-Trevijano recurrió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que invalidó su tercera candidatura para el rectorado, puesto que los estatutos de la universidad prohibían que una misma persona repitiera tres veces en el cargo de rector. 

Pedro González-Trevijano había sido elegido rector en 2002 y en 2003 se aprobaron los estatutos de la Rey Juan Carlos que impedían dicha repetición. Pero el rector alegó que su primer mandato no estaba afectado por dicha limitación pues los estatutos se aprobaron después de que él ocupara el cargo por primera vez. 

El TSJ de Madrid le quitó la razón y se la dio al candidato que había llevado a la Justicia el presunto abuso de González-Trevijano. Este, ante el revés judicial, acudió en amparo al TC, que resolvió que el TSJ había vulnerado su derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

La sentencia del Constitucional, de octubre de 2012, contó con el voto particular de la magistrada Encarnación Roca, que clarísimamente desarmó el argumento mayoritario, al razonar que el fallo del TC había producido una diferencia de trato entre los candidatos, a favor de González-Trevijano.

Un chiringuito en la universidad

Durante los once años que ejerció como rector de la Universidad Rey Juan Carlos, entre 2002 y 2013, este centro se ganó la fama de ser la universidad favorita del PP en Madrid. Polémicas contrataciones de familiares de altos cargos de ese partido precedieron a lo que luego se llamó el caso Máster, sobre los másteres de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y del ex líder del PP Pablo Casado.

González-Trevijano ya no estaba en la universidad cuando en 2018 se destapó el caso Máster, sino sentado en su despacho del TC, pero él estuvo vinculado al comité asesor del polémico Instituto de Derecho Público de la URJC que benefició a varios cargos políticos. Cifuentes había obtenido la titulación en 2012 y Casado en 2008. La Justicia desveló las irregularidades de aquellos títulos, obtenidos sin haber ido a clase, aunque absolvió a Cifuentes y se negó a investigar a Casado.

Puertas giratorias en la Justicia

El acuerdo entre el PP y el Gobierno para renovar el CGPJ, antes del pasado verano, incluía una reforma legal para evitar las llamadas puertas giratorias entre los jueces y los políticos, que también afecta a la Fiscalía General del Estado, en el sentido de que quien ejerza este cargo no puede haber sido ministro en los cinco años anteriores. Pero estas medidas aprobadas en el Parlamento no alcanzan al Tribunal Constitucional. 

Fuentes del TC consultadas por Público opinan que los fichajes de Pedro Gónzalez-Trevijano no contribuyen a reforzar la apariencia de independencia del tribunal y destacan que la aseguradora Mapfre ha tenido y seguirá teniendo pleitos por cantidades que ha de abonar en casos de accidentes o fallecimientos que acaban llegando al Constitucional. El hecho de que el expresidente del tribunal tenga ahora poder de decisión en la aseguradora no gusta a algunos de sus antiguos compañeros.