En 2012 la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) autorizó a Juan Junquera, ex secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a trabajar como asesor para la empresa Cash Devices. La oficina no apreció ninguna incompatibilidad. Cash Devices era una filial de Gowex, la empresa del fraude multimillonario del wifi gratuito. El 22 de diciembre de 2011 Junquera, aún en el ministerio, había concedido una subvención de 1,22 millones de euros a Gowex. El 30 de diciembre dejó de ser secretario de Estado y en abril de 2012 se aprobó su paso a Cash Devices.

La vuelta de los políticos al sector privado es siempre un asunto polémico. Desde hace años se escucha hablar de las puertas giratorias. Se trata del concepto que se usa para referirse al proceso por el cual un político pasa del sector público al privado y acaba en una empresa en la que se podría generar algún tipo de conflicto de interés en relación con los cargos que ha ostentado anteriormente.

Para evitar esas puertas giratorias existe la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), un organismo creado en 2006, que depende del Ministerio de Función Pública. Los altos cargos del Estado durante los dos años siguientes a abandonar su cargo tienen que pedir permiso a la OCI para aceptar trabajos en el sector privado. Entre ellos: los presidentes del Gobierno, vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado, directores generales o secretarios generales técnicos. Pero también los embajadores o los altos cargos de empresas públicas, autoridades independientes u organismos de control.

El caso de Junquera no es una excepción. A pesar de la regulación y el cometido de la misma, la Oficina de Conflictos de Intereses apenas rechaza las solicitudes de ex altos cargos para trabajar en el sector privado. En más de 17 años la OCI ha denegado únicamente 20 solicitudes y ha aprobado 770, según los datos obtenidos por Público tras una solicitud de información dirigida a la propia oficina. La proporción es muy baja: el organismo rechaza el 2,53% de las peticiones que recibe por parte de los políticos.

La tendencia ha sido siempre la misma. La OCI no denegó ni una solicitud de los ex altos cargos hasta febrero de 2009. La primera petición rechazada fue la número 62 de todas las estudiadas y resueltas. Alfonso Martinell, que había sido director general de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), pidió incorporarse a trabajar en la Fundación Carolina.

La fundación se dedica precisamente a la cooperación cultural, educativa y científica entre España e Iberoamérica. La OCI denegó la petición asegurando que el nuevo trabajo de Martinell incumpliría lo recogido en la ley de altos cargos de 2006 —que se aplicaba en aquel momento pero ya no está en vigor—.

Pero a pesar de este caso, las cosas no han cambiado. Año tras año, la OCI apenas rechaza peticiones para pasar al sector privado. El año que la oficina ha denegado más solicitudes fue 2019, con un total de cuatro. Pero aprobó 84. Por contra, el récord de mayor número total de autorizaciones admitidas se dio en 2012, con 98. La OCI solo denegó una solicitud en ese año, la de Lourdes Arana, que había sido directora general de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECyT).

"La norma se basa demasiado en las relaciones formales"

Arana pedía incorporarse a la Universidad de Deusto, pero la oficina basándose en la misma ley que para el caso de Martinell, rechazó su petición. La OCI, en los datos que ha obtenido Público utilizando la ley de transparencia, indica que en ambos casos se denegó la petición por vulnerar el artículo 8 de esa ley de altos cargos de 2006.

Ese artículo establecía que los altos cargos no pueden pasar a trabajar a una empresa sobre la que han dictado acuerdos o resoluciones, ya sea directamente por parte del alto cargo o por un órgano colegiado del que ha formado parte. La prohibición es similar a la que se estableció en el artículo 15 de la ley del alto cargo de 2015, que sustituyó a la anterior y sigue vigente en la actualidad.

De hecho, desde la entrada en vigor de la misma, este artículo ha sido el que ha impedido 13 de los 14 pasos al sector privado que la OCI ha denegado. La excepción es Francisco Javier Gómez, que fue director general de los Registros y del Notariado con el ministro de Justicia Rafael Catalá (PP). Tras la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, Gómez fue cesado y solicitó a la oficina trabajar para el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), pero se le denegó debido a la ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho —organización que promueve la regeneración de las instituciones y ha analizado el papel de la OCI—, explica a Público que la regulación se centra demasiado en los formalismos. "Para que la oficina encuentre una incompatibilidad tiene que existir una relación formal. La norma se basa demasiado en las relaciones formales en lugar de en las reales. Se pueden aprobar incorporaciones incluso si pasas a trabajar en una empresa pero no vas justamente al departamento en el que se consideraría que hay conflicto de intereses".

"La oficina no investiga"

De la Nuez, que también es abogada del Estado en excedencia, recalca que la Oficina de Conflictos de Intereses no investiga los casos como debería. "Se basa en lo que le dicen los altos cargos. Le dicen a la oficina: 'en esta empresa me voy a encargar concretamente de esto y mi cargo se va a llamar así'. Es el alto cargo el que se encarga de dar la información y ya se preocupa de darla de una manera que no se vea un posible conflicto de interés".

El proceso es el siguiente: el alto cargo, durante los dos años siguientes a haber sido cesado, cuando quiere incorporarse a otro trabajo debe rellenar un formulario y remitirlo a la OCI. En ese documento indica una serie de datos, como qué actividad va a desempeñar, en qué empresa, si está cobrando una indemnización pública tras haber sido cesado y si durante su tiempo en la Administración ha tomado decisiones relacionadas con esa empresa.

Después la OCI se dirige a los organismos de los que formaba parte el alto cargo para preguntarles si durante su mandato se han tomado decisiones sobre esa empresa y si el alto cargo había participado de las mismas. Así, es la propia Administración la que acaba posicionándose sobre si pueden existir incompatibilidades.

De la Nuez se queja de que luego la oficina no investigue por su cuenta. "La oficina se fía de lo que declaran y el proceso acaba siendo muy automático. Lo que no hace porque no tiene medios, y probablemente tampoco muchas ganas, es ver si lo que le dice el alto cargo que pasa al sector privado es correcto o no. El alto cargo envía el formulario, le dicen que sí y nadie mira ni investiga nada más. Los casos en los que no se concede la autorización son muy excepcionales y deben ser solicitudes muy mal formuladas".

24 autorizaciones a un mismo alto cargo

Lo cierto es que casi todas las solicitudes acaban siendo aprobadas. El que se ha beneficiado en más ocasiones de esto es un exconsejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): Oriol Amat. Este economista recibió 24 autorizaciones y ninguna denegación a las solicitudes que dirigió a la OCI en sus dos primeros años como ex alto cargo. La mayoría para trabajar como asesor o analista de cuentas para empresas, como Panrico o Asepeyo.

Entre las solicitudes aprobadas el sector que más destaca es el de la consultoría, según un reciente análisis de Newtral. Era la intención que tenía también el exministro de Consumo Alberto Garzón. Pero renunció a fichar por Acento, la consultora dirigida por el socialista Pepe Blanco, tras las críticas recibidas.

Además, en ese paso a la privada de los altos cargos destacan empresas conocidas, como Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Llorente y Cuenca o El Corte Inglés. Hay incluso autorizaciones a ex altos cargos del Ministerio de Defensa para pasar a trabajar en empresas del sector armamentístico, la mayoría de las cuales reciben dinero del Estado a través de contratos públicos.

"Hay un problema con la norma, pero sobre todo con su aplicación práctica. Sin cambiar la norma, con una cierta investigación y un poco más de eficacia por parte de la oficina, se denegarían muchos más casos", resume de la Nuez.

Aunque la experta asegura que la situación mejoraría aún más si la OCI pasara a ser independiente de la Administración. "Hay una especie de solidaridad entre altos cargos con independencia de si está en el Gobierno el PP o el PSOE. Que la oficina sea generosa permitiendo el paso al sector privado, les beneficia a todos. La oficina debe salir de debajo de un ministerio y tener mucha más autonomía, presupuesto y recursos. Se necesita que sea independiente para que pueda decir que no, pero es algo que no interesa ni a unos ni a otros".

"Los conflictos de intereses de los altos cargos son un punto que tenemos completamente pendiente en España ahora que se habla tanto de regeneración. Igual que otros relacionados como la regulación de los lobbies. Habría que tomárselo más en serio. Muchos de los últimos escándalos tienen mucho que ver con esto. Si se pusiera un poco de orden en esto, el mensaje de regeneración sería potente", detalla la experta.