La próxima semana se vuelve a reunir la mesa de diálogo social que aborda la reducción de la jornada laboral, una mesa que, según apuntan fuentes sindicales, debería estar ante sus últimos encuentros antes de que se tome una decisión definitiva. 

El bloqueo de la patronal al acuerdo mantiene a día de hoy la mesa activa y las organizaciones sindicales muestran desde hace tiempo su hartazgo porque, denuncian, el empresariado "marea" el asunto mientras se niega a aceptar la reducción a 37,5 horas de jornada a la semana.

Sin embargo, todos los actores de la negociación son conscientes de que el acuerdo tripartito podría terminar siendo la llave que garantice el éxito de la reforma cuando aterrice en el Congreso. La debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición ha frustrado algunas iniciativas que el Ejecutivo ha llevado y ha logrado bloquear en cierta manera su agenda legislativa.

El apoyo de formaciones como Junts o el PNV, con una ideología conservadora que choca en determinadas ocasiones con los avances sociales propuestos, es determinante para que la reducción de la jornada pueda llegar a buen puerto.

Aunque desde el Ministerio de Trabajo, y también desde los sindicatos, se apunta a que esta medida goza de una popularidad y de una aceptación muy alta entre la población, eso no garantiza su éxito en un Parlamento que ya ha dado varias sorpresas durante el primer año de la legislatura actual.

Yolanda Díaz, con empresarios y sindicatos en Barcelona

Por este motivo, la acción política dirigida a garantizar la reducción de la jornada va más allá de la propia mesa de diálogo social. Esta misma semana, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos han pasado de las palabras a los hechos en su estrategia de elevar la presión para que la patronal acepte la medida y, también, para comenzar a labrar su recorrido parlamentario.

Díaz permanecerá en Barcelona durante este miércoles y jueves para mantener varios encuentros en torno a este asunto con patronales y sindicatos. Este miércoles la vicepresidenta se ha reunido con el presidente de PIMEC, Antoni Cañete, y con representantes de diversos sectores económicos.

Este jueves mantendrá también encuentros con Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball; con Javier Pacheco y Camil Ros, secretarios generales de CCOO y UGT Catalunya; y con el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. 

La visita de Díaz a las patronales catalanas en el marco de la reducción de la jornada no es casual. Foment es una organización vinculada históricamente a la derecha catalana y en clara sintonía económica con Junts. Además, Sánchez Llibre también es vicepresidente de la CEOE liderada por Antonio Garamendi.

Aunque en otros momentos Garamendi y el presidente de Foment han tenido diferencias, en el asunto de la reducción de la jornada la coincidencia es, en principio, total entre ambos: en contra de que se reduzca.

La justificación que la patronal esgrime en la mesa de diálogo es que este es un asunto que se debería dirimir en el seno de la concertación social, entre empresarios y representantes de los trabajadores, y que legislar para rebajar la jornada es una "injerencia" del Ejecutivo.

La ministra de Trabajo no es la única que ha pasado a la acción esta semana. Este miércoles CCOO y UGT han celebrado una asamblea informativa conjunta (en la que han participado los líderes de ambas organizaciones) para comenzar a definir el calendario de movilizaciones que ya habían anunciado para impulsar la reducción de la jornada laboral.

La primera movilización tendrá lugar el jueves de la próxima semana, 26 de septiembre, y habrá acciones en todas las capitales de provincia. El objetivo de estas movilizaciones es presionar a la patronal (para que rompa su bloqueo al acuerdo en la mesa), pero también al Gobierno y a los partidos del Congreso que se oponen a la reforma (principalmente, Junts y el PNV, aunque también, en menor medida, al PP).

Los sindicatos se movilizarán el 26 de septiembre

La presión al Ejecutivo pretende garantizar dos cosas: que en caso de que la patronal siga sin abrirse a un pacto, Trabajo apueste por un acuerdo bipartito más pronto que tarde (Díaz ya ha avanzado que habrá acuerdo con o sin la patronal, si llega el caso), por un lado; y, por otro, que el Gobierno lleve la reducción de la jornada a 37,5 horas al Congreso aunque exista el riesgo de que pueda perder la votación (es decir, que lo intente hasta el último momento, pero que la iniciativa llegue al Pleno de la Cámara Baja).

En paralelo, los sindicatos tienen previsto reunirse con los partidos políticos para tratar de que la reforma sume apoyos. "En este tema, sus señorías que piensen lo que quieran, pero que voten pensando que los afectados tendrán que revalidarlos en un futuro", avisaba este miércoles Sordo.